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La economía insostenible legada por Aznar
Roberto Bermejo


La política ambiental del nuevo gobierno socialista no va a ser nada fácil. El legado del Gobierno de Aznar por lo que se refiere a la creación de una economía sostenible -deber de todos los Estados comunitarios desde que la Unión Europea aprobara su Estrategia de Desarrollo Sostenible- es muy negativo. Algunos comportamientos ilustran el talante que han tenido los gabinetes de Aznar sobre este tema:

o Los diferentes gobiernos del Partido Popular han venido bloqueando la aprobación de las dos propuestas de directiva sobre fiscalidad energética presentadas por la Comisión. Una, que pretendía gravar las emisiones de CO2, ha acabado siendo retirada ante la posición inamovible del Gobierno español. La otra, que pretendía reducir la disparidad existente en la Unión Europea de impuestos sobre carburantes elevando los más bajos, ha sido finalmente aprobada, pero en función de una propuesta del Gobierno español que eliminaba su potencial transformador. Esta postura constituye un freno al avance de la eficiencia energética.
o Con ocasión de la presidencia española de la Unión Europea (primer semestre de 2002), el Gobierno español elaboró un documento en el que señalaba las prioridades de la misma. No había una sola palabra sobre la sostenibilidad. El resultado es que el proceso impulsado un año antes por la presidencia sueca (que dio lugar a la citada Estrategia) se vio interrumpido.
o El Ministerio de Medio Ambiente destina el 80% de su presupuesto a obras hidráulicas; es decir, se dedica a destruir el entorno, en vez de a protegerlo.
o Recientemente el Buró Ambiental Europeo -organismo de representación oficial ante la Unión Europea de la mayor parte de las asociaciones ecologistas- realizó un balance de la gestión de la Comisión que incluye una valoración de la gestión de los comisarios siguiendo una simbología de tres caras: la sonriente indica que el problema se está resolviendo; la neutra, que no se resuelve; y la triste, que está empeorando. Todos los comisarios reciben calificaciones según este sistema, excepto Loyola de Palacio, que ha sido valorada con la bandera pirata, por su sistemática oposición a las políticas comunitarias de desarrollo sostenible (en clara sintonía con su partido). Lo cual obliga, a menudo, a la Comisión a rebatirla públicamente, hecho insólito en la Unión Europea.

La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea "reitera su compromiso de cumplir los objetivos de Kioto y efectuar para 2005 progresos tangibles en la realización de estos compromisos". La Comisión viene informando de que el Estado español es el que alcanza el mayor incumplimiento. A pesar de que el compromiso global de la Unión Europea es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 8% para 2010 en relación con los niveles de 1990, a España se le permite un incremento del 15%. En este momento sus emisiones son aproximadamente un 40% más altas que en 1990; es decir, para cumplir su compromiso debe disminuir las emisiones en 25 puntos en el período que queda. La última declaración polémica de Loyola de Palacio es que hay que revisar a la baja el compromiso. Sin embargo, todos los informes sobre cambio climático coinciden en que la península ibérica es una de las zonas del mundo más severamente afectadas por el mismo. El informe Acacia de la Unión Europea sobre el cambio climático estima que las precipitaciones ya han disminuido un 20% en el sur de Europa, y prevé olas de calor tan importantes que el turismo se desplazará hacia el norte de Europa. Un informe del Instituto Geominero, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, declara que a mediados de este siglo la mitad sur de la península ibérica se habrá desertizado y la otra mitad perderá importantes recursos hídricos.

La Estrategia declara que "una política de transporte sostenible debería […] fomentar el uso de modos de transporte inocuos para el medio ambiente" y "disociar de forma significativa el crecimiento del transporte y el crecimiento del PIB". Sin embargo, España está a punto de rebasar a Alemania en el número de kilómetros de autovías/autopistas (Fomento quería alcanzar para el final de la década 13.000 km, frente los 11.200 km previstos por Alemania), y cuando esto ocurra será el segundo país del mundo, sólo superado por Estados Unidos. El Gobierno de Aznar pretendía que España fuese al final de la década el primer país europeo en kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad, con 7.200 km, "superando a Francia o Alemania", según Álvarez Cascos. Los resultados: el tráfico crece más rápidamente que el PIB; la contaminación, el ruido y la congestión continúan aumentando; la cuota de mercado en mercancías del ferrocarril es sólo del 4% y sigue bajando; el Estado debe asumir una enorme carga financiera porque muchas de las infraestructuras no van a sufragar ni siquiera los costes de gestión.

La Estrategia declara la necesidad de la "utilización sostenible de los recursos naturales […] de forma que se mantenga la diversidad biológica, se conserven los ecosistemas y se evite la desertización". En un informe, de diciembre de 2003, la Comisión señaló los incumplimientos por parte de los Estados de la normativa ambiental comunitaria. El primero es el español (79 incumplimientos), seguido de Italia (70) y Grecia (61). Este primer puesto de España viene siendo habitual. Hemos visto que el ritmo de construcción de infraestructuras de transporte del Gobierno español no tiene parangón en el mundo. Éstas fragmentan los hábitats y generan un impacto ecológico adicional sobre un territorio 19 veces mayor que el ocupado. La Ley del Agua y la de Costas se incumplen sistemáticamente. La Ley del Suelo del Partido Popular permite la libre disposición del suelo para la construcción. El Plan Hidrológico Nacional incumple sistemáticamente la normativa comunitaria sobre protección de espacios naturales. El accidente del 'Prestige' es un monumento a la incompetencia. Como resultado de ello, el consumo de recursos naturales crece por encima de la economía.

¿El Gobierno de Aznar ha sacrificado el medio ambiente en aras del crecimiento económico, y la Unión Europea y gran parte de los Estados comunitarios hacen lo contrario? No, éstos buscan garantizar el crecimiento protegiendo los recursos naturales. La Comisión Europea afirma que "el desacoplamiento entre el crecimiento económico y la degradación ambiental es el objetivo central de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE". Éste es también el objetivo principal de las Estrategias de Desarrollo Sostenible de numerosos Estados europeos, de la OCDE, etc. Todo ello coincide con la Estrategia Económica aprobada por el Consejo de Lisboa, la cual pretende convertir la economía europea en una "economía basada en el conocimiento". Con la 'economía del ladrillo y del hormigón' y con una aportación a I+D en torno al 1% del producto económico (y muy centrada en el armamento), cuando la recomendación comunitaria es llegar al 3% en 2010, el futuro (próximo y lejano) del medio ambiente y de la economía española no puede ser más que muy negativo. Así que la economía española necesita un cambio radical para conducirla hacia la vía de la sostenibilidad. Ahora le corresponde al gobierno socialista demostrar que es capaz de gestionar este cambio. De momento tomo nota del siguiente texto del programa electoral del PSOE: "Introduciremos progresivamente la exigencia de la sostenibilidad en todas las políticas a partir de una auténtica Estrategia Sostenible […]. El avance hacia la sostenibilidad será asumido por el Gobierno en el máximo nivel de decisión".

Roberto Bermejo es profesor de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz (rbermejo@bakeaz.org).

© Roberto Bermejo, 2004; © Bakeaz, 2004.
Publicado en El Correo, 21 de abril de 2004.