Medios de comunicacion

Hablar de economía y olvidar los salarios
Joaquín Arriola

Resulta significativo que los principales partidos hayan olvidado en sus programas que la principal fuente de ingresos, y por tanto de bienestar, de la inmensa mayoría de los españoles, son sus rentas salariales, actuales o pasadas. De los 6 millones y medio de hogares de asalariados, la mitad viven con unos ingresos inferiores a los 1.500 euros mensuales. Lo mismo que tres millones de los 3,5 millones de hogares de pensionistas. Esos ingresos familiares nos dan una indicación de hasta dónde llega el nivel de 'bienestar' de los españoles; entre los cuales, por cierto, no se contabilizan los hogares con uno o más asalariados de la política. Y pese a ello, prometen que todo su empeño y dedicación se orienta principalmente a mejorar la calidad y el nivel de vida de los ciudadanos. Pero de salarios, ni hablar.

A este respecto, lo que nos ofrecían los programas electorales era bien poco: mientras IU, que no iba a ganar las elecciones, prometía elevar el salario y las pensiones mínimas a 660 euros mensuales, el PSOE, que tenía muchas posibilidades de no ganarlas, sólo cuantificaba y se comprometía a llevar el salario mínimo a 600 euros, y el PP, que creía que las iba a ganar, no proponía nada concreto, ni en materia de salarios, ni de pensiones. De hecho, en el programa de este partido, únicamente se mencionan los salarios una vez en 426 páginas, para hablar de las bases de cotización en el régimen general. Es decir, que en un programa de impuestos a la baja, se acuerdan de los salarios para que paguen mayor contribución a las arcas públicas.

En materia de política industrial, el PP no prometía nada, y el PSOE, en dos páginas y media, de las 206 de su programa, concretaba la necesidad de establecer una política carbonífera. Resulta curioso que los partidos que aspiraban a gobernar España se olvidasen de recordar que la industria española, con todas las empresas y sectores estratégicos en manos del capital extranjero (salvo las ex empresas públicas), se encuentra desde hace años en proceso de desmantelamiento selectivo (reconversión antes, deslocalización ahora). La industria española depende actualmente de los sectores más tradicionales y sujetos a competencia salarial a la baja desde Asia y Europa del Este; uno de cada tres empleos industriales está en la industria alimentaria, textil y calzado, y sólo 1,3 de cada diez se sitúa en industrias de elevado valor añadido (maquinaria y equipo). La patronal del textil prevé la pérdida de más de 70.000 empleos en el sector en los próximos cinco años, y algunas estimaciones cifran en torno al 10% de las empresas y empleos la pérdida potencial debida a las deslocalizaciones en marcha.

El partido encargado de formar el nuevo gobierno central del Estado resumía su proyecto económico en el aumento de la productividad. ¿En qué consiste la apuesta por la 'productividad' del PSOE? La productividad, en realidad, no es otra cosa que los salarios y beneficios generados por hora de trabajo. Y aquéllos no pueden aumentar mucho si lo que vendemos son naranjas, aceite y latas de sardinas. O piezas para automóvil, cuyo precio viene fijado de antemano por la empresa (extranjera) compradora: lo tomas o lo dejas. ¿Propone el PSOE producir otra cosa? No, sólo gastar más en I+D sin tomar nota de la imposibilidad de gastar de forma eficiente donde no se sabe cómo, tal como le tocó experimentar al PP en el gobierno en los últimos años (¿alguien se acuerda de la porrada de millones que no se pudieron gastar en el programa InfoXXI?).

Tanto el PP como el PSOE, atrapados cómodamente en las filigranas del pensamiento neoliberal, se olvidan de la tradición; ésta nos recuerda que solamente una fuerte presencia del sector público puede garantizar la formación de sectores empresariales dinámicos y viables. Pero una apuesta de este tipo se sale del guión estrecho de la gestión de lo dado. Incluso IU, abrumada por el rigor y desprecio de los censores jurados del capital, tan sólo se atrevía a proponer una participación pública limitada a empresas y asociaciones que tengan como objetivo el desarrollo local y la provisión de bienes y servicios a colectivos especialmente necesitados.

En mayo se van a incorporar a la Unión Europea los países de Europa del Este. Ello significa un acrecentamiento de la competencia para la industria española -salvo en la transformación agrícola y la industria textil, esos países producen lo mismo que nosotros- y una presión a la baja sobre los salarios. Y a corto plazo se nos viene encima una reducción de las ayudas comunitarias, que han servido en los últimos lustros para orientar las inversiones estratégicas de las Comunidades Autónomas españolas. ¿Tendrán éstas la capacidad de sustituir, no ya los fondos que van a dejar de venir, sino el diseño de políticas de gasto de largo plazo que comportan? ¿Va a cumplir ese papel la Administración central? ¿Qué dicen los programas electorales al respecto? Aquí también hay una coincidencia entre los partidos que acaparan tres cuartas partes de los votos y casi nueve de cada diez puestos en el parlamento: ambos hablan de un diseño estratégico en materia de infraestructuras de transporte, y pocas concreciones más.

Tanto el PP como el PSOE pusieron el acento de la campaña en la política de ingresos fiscales. Hablan del impuesto de sociedades y de IRPF. Pero ni una sola palabra sobre el IVA. ¿Se puede considerar en serio que alguien pueda hacer una propuesta de reforma fiscal olvidándose del principal impuesto de nuestro país? Por cierto, es el IVA el impuesto que grava realmente a la mayoría de los asalariados, que, en tanto consumidores finales, pagan relativamente más impuestos sobre el consumo cuanto menos renta disponible tienen.

Y de este modo, con partidos faltos de ideas y propuestas innovadoras, incapaces de vislumbrar otro futuro para este país que no pase por el mantenimiento de lo que hay, con los trabajadores reducidos a ciudadanos, y éstos vistos por los políticos y reflejados en los medios como meros consumidores de eslóganes y mensajes, la campaña discurrió con más pena que gloria, en medio del desinterés generalizado de los electores. El impacto del 11-M en los electores no se puede leer al margen del consenso conservador que domina en el discurso económico de los partidos. Sin duda, la sabiduría popular, visto lo visto, acierta al rogar "Virgencita, que me quede como estoy".

Joaquín Arriola es profesor de Economía de la UPV/EHU e investigador de Bakeaz (jarriola@bakeaz.org).

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	Hablar de economía y olvidar los salarios Joaquín Arriola Resulta significativo que los principales partidos hayan olvidado en sus programas que la principal fuente de ingresos, y por tanto de bienestar, de la inmensa mayoría de los españoles, son sus rentas salariales, actuales o pasadas. De los 6 millones y medio de hogares de asalariados, la mitad viven con unos ingresos inferiores a los 1.500 euros mensuales. Lo mismo que tres millones de los 3,5 millones de hogares de pensionistas. Esos ingresos familiares nos dan una indicación de hasta dónde llega el nivel de 'bienestar' de los españoles; entre los cuales, por cierto, no se contabilizan los hogares con uno o más asalariados de la política. Y pese a ello, prometen que todo su empeño y dedicación se orienta principalmente a mejorar la calidad y el nivel de vida de los ciudadanos. Pero de salarios, ni hablar. A este respecto, lo que nos ofrecían los programas electorales era bien poco: mientras IU, que no iba a ganar las elecciones, prometía elevar el salario y las pensiones mínimas a 660 euros mensuales, el PSOE, que tenía muchas posibilidades de no ganarlas, sólo cuantificaba y se comprometía a llevar el salario mínimo a 600 euros, y el PP, que creía que las iba a ganar, no proponía nada concreto, ni en materia de salarios, ni de pensiones. De hecho, en el programa de este partido, únicamente se mencionan los salarios una vez en 426 páginas, para hablar de las bases de cotización en el régimen general. Es decir, que en un programa de impuestos a la baja, se acuerdan de los salarios para que paguen mayor contribución a las arcas públicas. En materia de política industrial, el PP no prometía nada, y el PSOE, en dos páginas y media, de las 206 de su programa, concretaba la necesidad de establecer una política carbonífera. Resulta curioso que los partidos que aspiraban a gobernar España se olvidasen de recordar que la industria española, con todas las empresas y sectores estratégicos en manos del capital extranjero (salvo las ex empresas públicas), se encuentra desde hace años en proceso de desmantelamiento selectivo (reconversión antes, deslocalización ahora). La industria española depende actualmente de los sectores más tradicionales y sujetos a competencia salarial a la baja desde Asia y Europa del Este; uno de cada tres empleos industriales está en la industria alimentaria, textil y calzado, y sólo 1,3 de cada diez se sitúa en industrias de elevado valor añadido (maquinaria y equipo). La patronal del textil prevé la pérdida de más de 70.000 empleos en el sector en los próximos cinco años, y algunas estimaciones cifran en torno al 10% de las empresas y empleos la pérdida potencial debida a las deslocalizaciones en marcha. El partido encargado de formar el nuevo gobierno central del Estado resumía su proyecto económico en el aumento de la productividad. ¿En qué consiste la apuesta por la 'productividad' del PSOE? La productividad, en realidad, no es otra cosa que los salarios y beneficios generados por hora de trabajo. Y aquéllos no pueden aumentar mucho si lo que vendemos son naranjas, aceite y latas de sardinas. O piezas para automóvil, cuyo precio viene fijado de antemano por la empresa (extranjera) compradora: lo tomas o lo dejas. ¿Propone el PSOE producir otra cosa? No, sólo gastar más en I+D sin tomar nota de la imposibilidad de gastar de forma eficiente donde no se sabe cómo, tal como le tocó experimentar al PP en el gobierno en los últimos años (¿alguien se acuerda de la porrada de millones que no se pudieron gastar en el programa InfoXXI?). Tanto el PP como el PSOE, atrapados cómodamente en las filigranas del pensamiento neoliberal, se olvidan de la tradición; ésta nos recuerda que solamente una fuerte presencia del sector público puede garantizar la formación de sectores empresariales dinámicos y viables. Pero una apuesta de este tipo se sale del guión estrecho de la gestión de lo dado. Incluso IU, abrumada por el rigor y desprecio de los censores jurados del capital, tan sólo se atrevía a proponer una participación pública limitada a empresas y asociaciones que tengan como objetivo el desarrollo local y la provisión de bienes y servicios a colectivos especialmente necesitados. En mayo se van a incorporar a la Unión Europea los países de Europa del Este. Ello significa un acrecentamiento de la competencia para la industria española -salvo en la transformación agrícola y la industria textil, esos países producen lo mismo que nosotros- y una presión a la baja sobre los salarios. Y a corto plazo se nos viene encima una reducción de las ayudas comunitarias, que han servido en los últimos lustros para orientar las inversiones estratégicas de las Comunidades Autónomas españolas. ¿Tendrán éstas la capacidad de sustituir, no ya los fondos que van a dejar de venir, sino el diseño de políticas de gasto de largo plazo que comportan? ¿Va a cumplir ese papel la Administración central? ¿Qué dicen los programas electorales al respecto? Aquí también hay una coincidencia entre los partidos que acaparan tres cuartas partes de los votos y casi nueve de cada diez puestos en el parlamento: ambos hablan de un diseño estratégico en materia de infraestructuras de transporte, y pocas concreciones más. Tanto el PP como el PSOE pusieron el acento de la campaña en la política de ingresos fiscales. Hablan del impuesto de sociedades y de IRPF. Pero ni una sola palabra sobre el IVA. ¿Se puede considerar en serio que alguien pueda hacer una propuesta de reforma fiscal olvidándose del principal impuesto de nuestro país? Por cierto, es el IVA el impuesto que grava realmente a la mayoría de los asalariados, que, en tanto consumidores finales, pagan relativamente más impuestos sobre el consumo cuanto menos renta disponible tienen. Y de este modo, con partidos faltos de ideas y propuestas innovadoras, incapaces de vislumbrar otro futuro para este país que no pase por el mantenimiento de lo que hay, con los trabajadores reducidos a ciudadanos, y éstos vistos por los políticos y reflejados en los medios como meros consumidores de eslóganes y mensajes, la campaña discurrió con más pena que gloria, en medio del desinterés generalizado de los electores. El impacto del 11-M en los electores no se puede leer al margen del consenso conservador que domina en el discurso económico de los partidos. Sin duda, la sabiduría popular, visto lo visto, acierta al rogar "Virgencita, que me quede como estoy". Joaquín Arriola es profesor de Economía de la UPV/EHU e investigador de Bakeaz (jarriola@bakeaz.org). © Joaquín Arriola, 2004; © Bakeaz, 2004. Publicado en El Correo, 2 de abril de 2004.