Medios de comunicacion

El voto de la inmigración
Carlos Gómez Gil

Una de las pruebas más elocuentes del grado de utilización partidista al que viene siendo sometida en España la política de inmigración la podemos encontrar estos días, en plena campaña electoral. Así, mientras que en los últimos años y al unísono, todos los responsables políticos del PP no se han cansado de repetir los numerosos males causados por los inmigrantes, ahora justamente, en plena campaña electoral y cuando tienen la oportunidad de explicarnos cómo quieren gestionar la política de inmigración, ni uno solo de sus candidatos menciona palabra alguna. ¿Cómo entender este contrasentido? ¿Cómo puede ser que a los inmigrantes se les haya estado acusando hasta hace pocos días del incremento de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, del deterioro de los servicios sociales, del colapso en la sanidad pública o en la educación, y hasta del incremento del terrorismo en el mundo, como llegó a afirmar el presidente Aznar, y ahora que es precisamente cuando hay que proponer modelos de intervención política sobre problemas tan gigantescos -a juicio del PP-, no se diga una sola palabra? La explicación es bien sencilla, y al mismo tiempo sirve para comprender lo que han sido estos cuatro años de gobierno en materia de inmigración.

El Partido Popular, al igual que han hecho otros partidos de derecha europeos, ha encontrado en la inmigración un magnífico chivo expiatorio. Por un lado, le permite justificar numerosas insuficiencias en su acción de gobierno responsabilizando de ello a las personas más débiles de la sociedad, aquellas a las que ni siquiera se les permite votar y que por no tener no tienen ni 'papeles'. Al mismo tiempo, estas personas se han convertido en una mano de obra abundante, tremendamente barata y obligada a aceptar los trabajos más penosos y sacrificados, y constituyen uno de los pilares fundamentales del tan cacareado crecimiento económico español de los últimos años.

Sin embargo, la herencia que este Gobierno ha dejado en materia de inmigración no puede ser más lamentable. Cuando en 1996 el PP se hizo cargo del Gobierno, en España había poco más de medio millón de extranjeros. Ocho años después, esta cifra se ha multiplicado por cinco, lo que no es en sí mismo negativo, si no fuera porque cerca de un millón de ellos se encuentran en situación irregular y sin horizonte próximo de poder obtener sus ansiados permisos de residencia y trabajo. Sólo este dato debería avergonzar a cualquier responsable político, aunque no es más que la punta de un iceberg gigantesco de soberbia, ineficacia y continua utilización partidaria del tema de la inmigración. En ningún otro país se ha producido una modificación legislativa tan profunda y absurda como la que ha protagonizado el Gobierno español en tan poco tiempo, que puede presumir de haber aprobado en los últimos cuatro años cuatro reformas legislativas que han creado una absoluta inseguridad jurídica; a ello hay que añadir la reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechazó aspectos fundamentales del Reglamento de aplicación de la anterior Ley de Extranjería, y queda pendiente de pronunciamiento el Recurso que presentó el PSOE ante el Tribunal Constitucional.

Todo ello ha convertido a España en una fábrica de inmigrantes irregulares: no existen dispositivos eficaces para facilitar permisos ágiles a aquellos inmigrantes que necesita nuestra economía, y se mantiene en situación de irregularidad sobrevenida a otros cientos de miles de extranjeros víctimas de un sistema documental tan endiablado como perverso, que les obliga a permanecer durante meses, y a veces años, pendientes de unos trámites documentales que se eternizan sin sentido alguno. Por otro lado, no se ha llevado a cabo una labor pedagógica de explicación a la sociedad española de los procesos migratorios y los consiguientes cambios, también con programas específicos de apoyo para la población extranjera en materia de educación, vivienda, condiciones de trabajo, sanidad o convivencia ciudadana. Al contrario, se ha desplegado un discurso institucional irresponsable que ha vinculado la inmigración a la delincuencia, con unas consecuencias dolorosas para la convivencia futura. Todo ello en medio de un rechazo al diálogo con los partidos de la oposición, con las organizaciones sociales y humanitarias, y hasta con los organismos internacionales, como bien ha puesto de manifiesto el informe recientemente presentado por las Naciones Unidas.

Ésta es la política de inmigración de la que tan orgulloso se siente el Gobierno y que promete mantener en los próximos años. Lejos de enmendar los errores cometidos, de mejorar las vías de regularización de los extranjeros, de poner en marcha dispositivos sociales para la integración y de iniciar una vía de diálogo con todos los agentes y entidades afectadas, el PP se compromete a mantener su política de extranjería, o lo que es lo mismo, a aumentar la situación de vulnerabilidad social de los inmigrantes y seguir generando un discurso de racismo social latente.

Pero lamentablemente, el resto de los partidos de la oposición no están siendo capaces de generar una política muy diferente. A pocos meses de que el PSOE haya apoyado en el parlamento la última reforma de la Ley de Extranjería, que ha sido tachada de inconstitucional por cientos de organizaciones civiles y que ha motivado un Recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno Vasco ante el Tribunal Constitucional, el Partido Socialista ha optado por no mencionar este tema en la campaña electoral. La posición tan contradictoria del PSOE ha llevado a su responsable en política migratoria, Consuelo Rumí, a mantener reuniones con organizaciones que trabajan con inmigrantes, en las que desgrana todo tipo de críticas al Partido Popular, sin explicar bien cómo se entiende el hecho de que su partido haya apoyado esta misma política y la última de las leyes aprobadas. Sus propuestas de poner en marcha una Agencia de Migraciones o de crear oficinas de contratación de inmigrantes en origen son simples fuegos de artificio que demuestran el profundo desconocimiento de la situación real de la inmigración en España y del tremendo drama en el que viven cientos de miles de personas.

Solamente Izquierda Unida ha sido capaz de presentar una propuesta de calado político que encierra toda una concepción social de la inmigración: que los inmigrantes puedan votar tras cuatro años de residencia legal en España. Esta propuesta recoge un reconocimiento de los inmigrantes como ciudadanos de derecho y apuesta por su inclusión social a través de la participación política y ciudadana. Siguiendo el ejemplo de Suecia y el más reciente de Bélgica, los países europeos tendrán que reconocer a los inmigrantes como sujetos políticos a través de su derecho al voto, lo que permitirá reducir los espacios de marginalidad en los que ahora se ven recluidos. Al mismo tiempo, si los inmigrantes votaran, los partidos mayoritarios tendrían mucho más cuidado en apoyar políticas irresponsables y dejarían de excluir la inmigración de la campaña electoral, como ahora hacen. En el futuro, el voto de la inmigración será mucho más importante de lo que es ahora, pero en nuestro país, todavía queda mucho camino por recorrer.

Carlos Gómez Gil es investigador de Bakeaz y dirige el Seminario de Inmigración
de la Universidad de Alicante (cgomezgil@bakeaz.org).

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	El voto de la inmigración Carlos Gómez Gil Una de las pruebas más elocuentes del grado de utilización partidista al que viene siendo sometida en España la política de inmigración la podemos encontrar estos días, en plena campaña electoral. Así, mientras que en los últimos años y al unísono, todos los responsables políticos del PP no se han cansado de repetir los numerosos males causados por los inmigrantes, ahora justamente, en plena campaña electoral y cuando tienen la oportunidad de explicarnos cómo quieren gestionar la política de inmigración, ni uno solo de sus candidatos menciona palabra alguna. ¿Cómo entender este contrasentido? ¿Cómo puede ser que a los inmigrantes se les haya estado acusando hasta hace pocos días del incremento de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, del deterioro de los servicios sociales, del colapso en la sanidad pública o en la educación, y hasta del incremento del terrorismo en el mundo, como llegó a afirmar el presidente Aznar, y ahora que es precisamente cuando hay que proponer modelos de intervención política sobre problemas tan gigantescos -a juicio del PP-, no se diga una sola palabra? La explicación es bien sencilla, y al mismo tiempo sirve para comprender lo que han sido estos cuatro años de gobierno en materia de inmigración. El Partido Popular, al igual que han hecho otros partidos de derecha europeos, ha encontrado en la inmigración un magnífico chivo expiatorio. Por un lado, le permite justificar numerosas insuficiencias en su acción de gobierno responsabilizando de ello a las personas más débiles de la sociedad, aquellas a las que ni siquiera se les permite votar y que por no tener no tienen ni 'papeles'. Al mismo tiempo, estas personas se han convertido en una mano de obra abundante, tremendamente barata y obligada a aceptar los trabajos más penosos y sacrificados, y constituyen uno de los pilares fundamentales del tan cacareado crecimiento económico español de los últimos años. Sin embargo, la herencia que este Gobierno ha dejado en materia de inmigración no puede ser más lamentable. Cuando en 1996 el PP se hizo cargo del Gobierno, en España había poco más de medio millón de extranjeros. Ocho años después, esta cifra se ha multiplicado por cinco, lo que no es en sí mismo negativo, si no fuera porque cerca de un millón de ellos se encuentran en situación irregular y sin horizonte próximo de poder obtener sus ansiados permisos de residencia y trabajo. Sólo este dato debería avergonzar a cualquier responsable político, aunque no es más que la punta de un iceberg gigantesco de soberbia, ineficacia y continua utilización partidaria del tema de la inmigración. En ningún otro país se ha producido una modificación legislativa tan profunda y absurda como la que ha protagonizado el Gobierno español en tan poco tiempo, que puede presumir de haber aprobado en los últimos cuatro años cuatro reformas legislativas que han creado una absoluta inseguridad jurídica; a ello hay que añadir la reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechazó aspectos fundamentales del Reglamento de aplicación de la anterior Ley de Extranjería, y queda pendiente de pronunciamiento el Recurso que presentó el PSOE ante el Tribunal Constitucional. Todo ello ha convertido a España en una fábrica de inmigrantes irregulares: no existen dispositivos eficaces para facilitar permisos ágiles a aquellos inmigrantes que necesita nuestra economía, y se mantiene en situación de irregularidad sobrevenida a otros cientos de miles de extranjeros víctimas de un sistema documental tan endiablado como perverso, que les obliga a permanecer durante meses, y a veces años, pendientes de unos trámites documentales que se eternizan sin sentido alguno. Por otro lado, no se ha llevado a cabo una labor pedagógica de explicación a la sociedad española de los procesos migratorios y los consiguientes cambios, también con programas específicos de apoyo para la población extranjera en materia de educación, vivienda, condiciones de trabajo, sanidad o convivencia ciudadana. Al contrario, se ha desplegado un discurso institucional irresponsable que ha vinculado la inmigración a la delincuencia, con unas consecuencias dolorosas para la convivencia futura. Todo ello en medio de un rechazo al diálogo con los partidos de la oposición, con las organizaciones sociales y humanitarias, y hasta con los organismos internacionales, como bien ha puesto de manifiesto el informe recientemente presentado por las Naciones Unidas. Ésta es la política de inmigración de la que tan orgulloso se siente el Gobierno y que promete mantener en los próximos años. Lejos de enmendar los errores cometidos, de mejorar las vías de regularización de los extranjeros, de poner en marcha dispositivos sociales para la integración y de iniciar una vía de diálogo con todos los agentes y entidades afectadas, el PP se compromete a mantener su política de extranjería, o lo que es lo mismo, a aumentar la situación de vulnerabilidad social de los inmigrantes y seguir generando un discurso de racismo social latente. Pero lamentablemente, el resto de los partidos de la oposición no están siendo capaces de generar una política muy diferente. A pocos meses de que el PSOE haya apoyado en el parlamento la última reforma de la Ley de Extranjería, que ha sido tachada de inconstitucional por cientos de organizaciones civiles y que ha motivado un Recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno Vasco ante el Tribunal Constitucional, el Partido Socialista ha optado por no mencionar este tema en la campaña electoral. La posición tan contradictoria del PSOE ha llevado a su responsable en política migratoria, Consuelo Rumí, a mantener reuniones con organizaciones que trabajan con inmigrantes, en las que desgrana todo tipo de críticas al Partido Popular, sin explicar bien cómo se entiende el hecho de que su partido haya apoyado esta misma política y la última de las leyes aprobadas. Sus propuestas de poner en marcha una Agencia de Migraciones o de crear oficinas de contratación de inmigrantes en origen son simples fuegos de artificio que demuestran el profundo desconocimiento de la situación real de la inmigración en España y del tremendo drama en el que viven cientos de miles de personas. Solamente Izquierda Unida ha sido capaz de presentar una propuesta de calado político que encierra toda una concepción social de la inmigración: que los inmigrantes puedan votar tras cuatro años de residencia legal en España. Esta propuesta recoge un reconocimiento de los inmigrantes como ciudadanos de derecho y apuesta por su inclusión social a través de la participación política y ciudadana. Siguiendo el ejemplo de Suecia y el más reciente de Bélgica, los países europeos tendrán que reconocer a los inmigrantes como sujetos políticos a través de su derecho al voto, lo que permitirá reducir los espacios de marginalidad en los que ahora se ven recluidos. Al mismo tiempo, si los inmigrantes votaran, los partidos mayoritarios tendrían mucho más cuidado en apoyar políticas irresponsables y dejarían de excluir la inmigración de la campaña electoral, como ahora hacen. En el futuro, el voto de la inmigración será mucho más importante de lo que es ahora, pero en nuestro país, todavía queda mucho camino por recorrer. Carlos Gómez Gil es investigador de Bakeaz y dirige el Seminario de Inmigración de la Universidad de Alicante (cgomezgil@bakeaz.org). © Carlos Gómez Gil, 2004; © Bakeaz, 2004. Publicado en El Correo, 9 de marzo de 2004.