Medios de comunicacion

Pactar el caos en inmigración
Carlos Gómez Gil

Coincidiendo con su anuncio de ruptura del pacto por la Justicia, el Partido Socialista acaba de llegar a un pacto con el Gobierno sobre la reforma de la Ley de Extranjería que actualmente se tramita. Políticamente, la estrategia de Rodríguez Zapatero se ha basado en el intento de llevar a cabo un pactismo de una eficacia más que discutible, que finalmente se ha vuelto contra los propios socialistas ante los reiterados incumplimientos que de dichos acuerdos ha hecho el Gobierno. No es sorprendente por ello que se dé por roto el pacto por la Justicia, al tiempo que el pacto de Toledo y el pacto contra el terrorismo sean también cuestionados. Causa así una cierta perplejidad que mientras se reconoce oficialmente el fracaso en esta política de pactos, los socialistas anuncien uno nuevo sobre la tercera reforma de la Ley de Extranjería que promueve este Gobierno en tres años, a pocos meses de que finalice la actual legislatura y después de haber generado una situación deliberada de caos, intransigencia y desasosiego en materia de inmigración nunca vista antes.

La reforma de la Ley 8/2000 de reforma de la Ley 4/2000 que en este momento promueve el Gobierno no se deriva ni mucho menos de un profundo conocimiento de los procesos migratorios en este país, ni de la necesidad de adaptar su evolución a la nueva realidad legal. Tampoco responde a la voluntad de reforzar unas políticas de integración social tan abandonadas o a la exigencia de eliminar las situaciones de abuso y explotación laboral que se multiplican sobre los inmigrantes. Esta reforma responde al varapalo que el Tribunal Supremo dio al Gobierno al declarar ilegales varios preceptos básicos del Reglamento de aplicación de la Ley 8/2000, considerando que se extralimitaba en la restricción de derechos fundamentales de los inmigrantes. Y el Gobierno, lejos de aplicar la filosofía correctiva que le indicó el Supremo, ha decidido elevar a rango de ley los artículos rechazados, aprovechando para introducir toda una batería de medidas restrictivas, punitivas y de control sobre los inmigrantes, en lo que supone un nuevo retroceso en una política de inmigración construida a golpe de fracasos. Una profunda involución legal y social a la que el PSOE ha dado su pleno apoyo bajo la explicación de que se han aceptado 24 de sus enmiendas. Así, entre otros muchos ejemplos, se endurecen notablemente los requisitos para obtener permisos de residencia y para el reagrupamiento familiar, mientras que se facilitan los mecanismos para la retención y expulsión de inmigrantes, se establecen una serie de obligaciones hacia las compañías aéreas para controlar a los inmigrantes y obligarles a su retorno, se quiebra el derecho de asilo consagrado en la Convención de Ginebra, al tiempo que se elimina la posibilidad existente en la ley actual de obtener una regularización por arraigo tras cinco años de residencia en España, y se introducen nuevos controles sobre los padrones municipales y otros registros públicos, en los que se limita el registro de inmigrantes y se determina por vez primera la posibilidad de acceder a los mismos para controlar, perseguir y devolver a los 'sin papeles'.

Como prueba de la bondad de esta nueva ley, el Partido Socialista explica que ha conseguido que se admita una enmienda mediante la cual se concederá un nuevo visado de seis meses para que los inmigrantes puedan buscar empleo en España. Pero nada se hace para evitar el colapso en las oficinas de extranjeros, auténticos tapones para una inmigración normalizada, donde sencillos trámites como una renovación de un permiso de trabajo llegan a tardar hasta año y medio en algunas de ellas. Tampoco se abre una vía para detener y evitar que la economía sumergida en España se esté nutriendo de una nueva subclase explotada, los inmigrantes sin papeles. Y todo ello dando por válido que los actuales Consulados, sobre los que vienen existiendo numerosas quejas en su funcionamiento y capacidad, puedan asumir un mayor volumen de trabajo y burocracia para la que no están preparados.

El PSOE debe entender que su responsabilidad como principal partido de la oposición que aspira a gobernar va más allá de pactar, impulsando políticas globales de integración social allí donde gobierna, dedicando esfuerzos para conocer la situación real en la que viven los inmigrantes, sin dejar de defender, respetar y velar por sus derechos básicos en las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y Cabildos que dirige políticamente.

Es cierto que la inmigración plantea problemas cada vez más complejos que requieren nuevas respuestas, pero ello debe hacerse partiendo de un conocimiento profundo y real de la inmigración, y un respeto por la convivencia y la tolerancia, reconociendo que debe encontrarse una solución eficaz para unas bolsas de inmigrantes sin papeles que crecen de forma gigantesca y que son la base de una economía sumergida cada vez más salvaje, sobre la que hay que actuar con firmeza, realizando una campaña de choque para lograr su afloramiento y regularización, especialmente en la vinculada a los 'sin papeles'. Todo ello exige el acuerdo sincero, el diálogo amplio y el compromiso responsable de todos los sectores implicados, en todos los niveles y administraciones. Justo lo contrario de lo que hasta ahora se viene haciendo, cuando todavía resuenan en nuestros oídos los ecos de la campaña emprendida por este Gobierno para asimilar inmigración con delincuencia.

Carlos Gómez Gil es profesor de la Universidad de Alicante e investigador de Bakeaz (cgomezgil@bakeaz.org).

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	Pactar el caos en inmigración Carlos Gómez Gil Coincidiendo con su anuncio de ruptura del pacto por la Justicia, el Partido Socialista acaba de llegar a un pacto con el Gobierno sobre la reforma de la Ley de Extranjería que actualmente se tramita. Políticamente, la estrategia de Rodríguez Zapatero se ha basado en el intento de llevar a cabo un pactismo de una eficacia más que discutible, que finalmente se ha vuelto contra los propios socialistas ante los reiterados incumplimientos que de dichos acuerdos ha hecho el Gobierno. No es sorprendente por ello que se dé por roto el pacto por la Justicia, al tiempo que el pacto de Toledo y el pacto contra el terrorismo sean también cuestionados. Causa así una cierta perplejidad que mientras se reconoce oficialmente el fracaso en esta política de pactos, los socialistas anuncien uno nuevo sobre la tercera reforma de la Ley de Extranjería que promueve este Gobierno en tres años, a pocos meses de que finalice la actual legislatura y después de haber generado una situación deliberada de caos, intransigencia y desasosiego en materia de inmigración nunca vista antes. La reforma de la Ley 8/2000 de reforma de la Ley 4/2000 que en este momento promueve el Gobierno no se deriva ni mucho menos de un profundo conocimiento de los procesos migratorios en este país, ni de la necesidad de adaptar su evolución a la nueva realidad legal. Tampoco responde a la voluntad de reforzar unas políticas de integración social tan abandonadas o a la exigencia de eliminar las situaciones de abuso y explotación laboral que se multiplican sobre los inmigrantes. Esta reforma responde al varapalo que el Tribunal Supremo dio al Gobierno al declarar ilegales varios preceptos básicos del Reglamento de aplicación de la Ley 8/2000, considerando que se extralimitaba en la restricción de derechos fundamentales de los inmigrantes. Y el Gobierno, lejos de aplicar la filosofía correctiva que le indicó el Supremo, ha decidido elevar a rango de ley los artículos rechazados, aprovechando para introducir toda una batería de medidas restrictivas, punitivas y de control sobre los inmigrantes, en lo que supone un nuevo retroceso en una política de inmigración construida a golpe de fracasos. Una profunda involución legal y social a la que el PSOE ha dado su pleno apoyo bajo la explicación de que se han aceptado 24 de sus enmiendas. Así, entre otros muchos ejemplos, se endurecen notablemente los requisitos para obtener permisos de residencia y para el reagrupamiento familiar, mientras que se facilitan los mecanismos para la retención y expulsión de inmigrantes, se establecen una serie de obligaciones hacia las compañías aéreas para controlar a los inmigrantes y obligarles a su retorno, se quiebra el derecho de asilo consagrado en la Convención de Ginebra, al tiempo que se elimina la posibilidad existente en la ley actual de obtener una regularización por arraigo tras cinco años de residencia en España, y se introducen nuevos controles sobre los padrones municipales y otros registros públicos, en los que se limita el registro de inmigrantes y se determina por vez primera la posibilidad de acceder a los mismos para controlar, perseguir y devolver a los 'sin papeles'. Como prueba de la bondad de esta nueva ley, el Partido Socialista explica que ha conseguido que se admita una enmienda mediante la cual se concederá un nuevo visado de seis meses para que los inmigrantes puedan buscar empleo en España. Pero nada se hace para evitar el colapso en las oficinas de extranjeros, auténticos tapones para una inmigración normalizada, donde sencillos trámites como una renovación de un permiso de trabajo llegan a tardar hasta año y medio en algunas de ellas. Tampoco se abre una vía para detener y evitar que la economía sumergida en España se esté nutriendo de una nueva subclase explotada, los inmigrantes sin papeles. Y todo ello dando por válido que los actuales Consulados, sobre los que vienen existiendo numerosas quejas en su funcionamiento y capacidad, puedan asumir un mayor volumen de trabajo y burocracia para la que no están preparados. El PSOE debe entender que su responsabilidad como principal partido de la oposición que aspira a gobernar va más allá de pactar, impulsando políticas globales de integración social allí donde gobierna, dedicando esfuerzos para conocer la situación real en la que viven los inmigrantes, sin dejar de defender, respetar y velar por sus derechos básicos en las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y Cabildos que dirige políticamente. Es cierto que la inmigración plantea problemas cada vez más complejos que requieren nuevas respuestas, pero ello debe hacerse partiendo de un conocimiento profundo y real de la inmigración, y un respeto por la convivencia y la tolerancia, reconociendo que debe encontrarse una solución eficaz para unas bolsas de inmigrantes sin papeles que crecen de forma gigantesca y que son la base de una economía sumergida cada vez más salvaje, sobre la que hay que actuar con firmeza, realizando una campaña de choque para lograr su afloramiento y regularización, especialmente en la vinculada a los 'sin papeles'. Todo ello exige el acuerdo sincero, el diálogo amplio y el compromiso responsable de todos los sectores implicados, en todos los niveles y administraciones. Justo lo contrario de lo que hasta ahora se viene haciendo, cuando todavía resuenan en nuestros oídos los ecos de la campaña emprendida por este Gobierno para asimilar inmigración con delincuencia. Carlos Gómez Gil es profesor de la Universidad de Alicante e investigador de Bakeaz (cgomezgil@bakeaz.org). © Carlos Gómez Gil, 2003; © Bakeaz, 2003. Publicado en El Correo, 14 de octubre de 2003.