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Silencios
lacerantes
Así las cosas, y para no perder dramáticamente el rumbo, la tarea de la contestación ha quedado en manos de un puñado de francotiradores entre los cuales quiero contarme. Como cometido perentorio se nos impone recuperar una discusión acallada en las últimas semanas y hacerlo de la mano de una inequívoca contestación de lo que al cabo ha sido el discurso oficial que el Partido Socialista ha blandido en relación con esta crisis: según portavoces significados de éste, los dos tránsfugas -acatemos el término, por equívoco que pueda ser- de Madrid configurarían, sin más, una desgraciada excepción que en modo alguno empañaría una trayectoria general, la del PSOE, poco menos que impecable. La monserga se ve comúnmente acompañada de otra que reivindica el derecho de todas las fuerzas políticas -entre ellas, cómo no, el Partido Socialista- a incluir en sus listas electorales a empresarios, sobre la base de la legítima certificación de que estos últimos son personas tan honorables como el común de los ciudadanos y nada tienen que ver con prácticas emplazadas fuera de la ley. Aunque nadie en su sano juicio se atreverá a discutir el derecho recién invocado, parece que es por esa puerta por la que se cuelan muchos de los problemas que convierten en inquietantes tantos silencios de ahora. Y es que Rodríguez Zapatero no sólo no ha barrido los manifiestos vínculos que muchos cuadros de su partido han mantenido con el mundo de los negocios: su propio liderazgo parece haberse asentado, antes bien, en sectores que representan a aquéllos y obliga a recelar de cualquier aseveración que sugiera que el actual secretario general del PSOE ha sacado adelante una valerosa cruzada contra prácticas que, legales o ilegales, se antojaban poco edificantes. Lo que se halla en juego es la credibilidad de una fuerza política que dice apostar por valores como la igualdad y la solidaridad al tiempo que coloca significativamente en sus listas a muchas gentes que se han enriquecido de manera visible, en virtud de un a menudo oscuro -y no necesariamente ilegal- vínculo entre negocios y política. Claro es que, y para cerrar el círculo de los vicios, por detrás se revela, además, una ingente estupidez. Porque, si lo del diputado Tamayo en Madrid parece explicarse conforme a pautas que son bien conocidas, lo de su compañera silenciosa es, en otra clave, tanto o más indignante: alguien que en la legislatura anterior ha formulado una sola pregunta en el parlamento autonómico madrileño ha sido obsequiada, como premio a su formidable productividad, con un puesto que ha permitido su reelección en la lista socialista. Ante prácticas lamentables y estupideces lacerantes es significativo, por cierto, que apenas se haya escuchado la voz de una militancia, la socialista, acaso tan vapuleada durante años que ha acabado por transigir, una vez más, y sin pestañear, con unas y otras. Aunque uno puede entender, cómo no, que el grueso de las iras se dirija contra un Partido Popular al que con argumentos convincentes se atribuyen, en el mejor de los casos, aviesas intenciones y, en el peor, intrigantes movimientos, la base del Partido Socialista no puede enquistarse en la acomodaticia percepción de que todo lo que ocurre es culpa ajena. Parcialmente desmontado el artificio político-electoral, con ribetes de farsa, acariciado por una dirección, la actual del PSOE, que ha preservado lamentables hábitos, corresponde hacer algunas preguntas a quienes en estos momentos son, en escenarios diversos, los compañeros de viaje de aquél. En estas horas el cortés silencio, y en su caso el apoyo franco, de otras opciones emplazadas más a la izquierda merece también una reflexión, y ello por mucho que estemos obligados a recordar que el propio Partido Popular tiene en sus manos una patata caliente. Bien es cierto es que en el caso de éste parece demostrada su capacidad para resistir los calores: al fin y al cabo, y sin que medien aquí dobles discursos, la colusión entre política e intereses empresariales se despliega orgullosa, y sin trabas, en su práctica cotidiana. Hora es, tal vez, de que exijamos que quien concurra a un cargo público se vea obligado a revelar cómo se gana las habas y cuáles son sus ingresos y su patrimonio. No se trata de identificar presuntos delincuentes: bastará con que el sufrido elector tenga la oportunidad de calibrar quién está llamado a representarlo y la credibilidad que merecen la ideas, a menudo impregnadas de altruistas intenciones, que se dicen defender. Carlos
Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma
de Madrid ©
Carlos Taibo, 2003; © Bakeaz, 2003. |