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Gestión
del agua: ¿eficiencia contra equidad?
En la presentación del Informe, el director general de la Unesco ha afirmado que de todas las crisis sociales y naturales que debemos afrontar los seres humanos, la de los recursos hídricos es la más grave para nuestra propia supervivencia y la del planeta. Según el Informe, no se ha alcanzado prácticamente ninguno de los objetivos de mejora de la gestión de los recursos hídricos establecidos en las numerosas conferencias internacionales celebradas a lo largo de los veinticinco últimos años, con la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 en Johanesburgo como último evento de la serie. Según el mismo informe, las inversiones anuales en el sector deberían multiplicarse por 2,5 para que el agua potable llegue a toda la población en los veinte próximos años. Pero las inversiones públicas se reducen y las del sector privado sólo fluirán hacia el mundo en desarrollo si los gobiernos facilitan un "ambiente de apoyo a las inversiones con normas transparentes, predecibles y equilibradas". Por este motivo, la fijación de precios para el agua sería un instrumento esencial para asegurar la buena gestión de este recurso. La misma idea que se define en la Directiva marco del agua de la Unión Europea con la expresión "recuperación íntegra de costes". Otra corriente de opinión, representada por personalidades como la canadiense Maude Barlow, la india Vandana Shiva o el italiano Ricardo Petrella, coincide en la preocupante caracterización de la situación, insistiendo en el peligro de que las guerras del futuro sean por el agua y no sólo por el petróleo, una afirmación de probado éxito mediático. Sin embargo, estos autores defienden que el agua es un recurso vital y comunitario y denuncian la propuesta de solución del problema del agua a través de su mercantilización como una estrategia de entrega del sector a las grandes corporaciones multinacionales. Con solamente un cinco por ciento del suministro mundial de agua en manos de tales empresas, como las francesas Suez y Vivendi Universal, la americana Bectchel o la angloalemana Thames Water, las oportunidades de negocio en el sector son todavía inmensas. Con este telón de fondo, ¿cómo deberíamos entender el problema del agua en España? En primer lugar, aquí, como en la mayor parte del planeta, el agua no se puede considerar un elemento físicamente escaso en términos absolutos. Con una disponibilidad media de 2.500 litros per cápita y día (incluyendo todos los usos consuntivos, urbanos, industriales y agrícolas), el recurso disponible puede cubrir sobradamente y con todas las garantías las necesidades vitales de la población, que hace pocos años una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fijó generosa y acertadamente en 125 litros por habitante y día. Ésta es la cantidad que hay que garantizar con buena calidad (aunque sólo una pequeña fracción de ella se destina al consumo de boca) y a un precio asequible para toda la población. Por encima de esta cifra, empezamos a hablar de usos suntuarios (jardines privados) y económicos (agrarios, industriales, ocio y turismo) que no pueden beneficiarse, aunque continuamente lo intenten, de la retórica del carácter del agua como recurso vital, de la 'sed de nuestros campos' o de una mal entendida solidaridad que nadie pide respecto de otros recursos y características naturales, como el sol o las playas, también desigualmente distribuidos en el espacio. En este contexto, el cuestionamiento de las subvenciones perversas (dinero público para seguir generando agua con grandes impactos ambientales y sociales con la que aumentar la producción agrícola subvencionada o los desarrollos urbanizadores de la industria del ocio) sigue siendo una prioridad básica en el Estado español. El paternalismo estatal, la financiación pública y la ausencia de criterios de rentabilidad económica se mantienen como una de las claves de la estrategia hidráulica dominante que genera escasez, espiral de procesos de desarrollo agrícolas y urbanísticos desproporcionados y deterioro de las fuentes de recursos hídricos. Por este motivo el núcleo del debate político sobre el Plan Hidrológico Nacional se viene centrando durante los dos últimos años en la cuestión de la financiación europea. En ausencia de fondos comunitarios, aun con el análisis económico impresentable que sostiene el Plan, las cuentas no salen, como han puesto de manifiesto nuevamente los expertos de Berkeley contratados por el propio Gobierno español. Aparentemente, el Plan se basa en la lógica de la potenciación de las actividades productivas (complejo agroindustrial y sector del ocio y turismo) asignadas a cada territorio en el marco del mercado mundial, asumiendo criterios de competitividad. En este contexto, la organización de manifestaciones como la del pasado mes en Valencia, pidiendo la subvención pública del proyecto, o las que paralelamente tuvieron lugar en Almería pidiendo el cierre de fronteras a los productos agrarios magrebíes, socavan la credibilidad de la argumentación. Máxime cuando la propia administración que promete esos precios subvencionados y estimula esas manifestaciones tiene en la recámara mecanismos de privatización (mercados de agua, gestión de los recursos a través de las llamadas Sociedades Estatales) que podrán activarse una vez que el agua subvencionada llegue a su destino. Con lo cual nos podríamos encontrar con la combinación de los inconvenientes de las dos corrientes que se oponen en el debate mundial sobre el agua: subvención, con sus correspondientes consecuencias de ineficiencia, derroche y deterioro ambiental, y privatización, con su correlato de falta de equidad. Leandro del Moral es profesor de la Universidad de Sevilla y colaborador de Bakeaz. ©
Leandro del Moral, 2003; © Bakeaz, 2003. |