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Universidad,
¿para qué?
La comparación con Europa refleja una situación parecida: solamente una región de nivel de renta similar al País Vasco (Picardía, en Francia) invierte menos en sus universidades. Todas las demás (Kassel en Alemania, Poitou-Charentes, Limusin y Nord Pas de Calais en Francia, Umbría en Italia, Itä Soumi en Finlandia, West Midlands en Inglaterra y Cataluña, son las regiones que hemos tomado en consideración) realizan un esfuerzo inversor superior al País Vasco en la enseñanza superior. Los profesores universitarios vascos cobran aproximadamente 12.000 euros al año menos que los funcionarios del Gobierno vasco de nivel equivalente, y el gasto por estudiante universitario es inferior al que se realiza en los niveles de enseñanza obligatoria. Este relativo abandono de la universidad ha llamado la atención incluso de la Comisión Europea, que en su momento se interesó por averiguar la razón de la escasa participación de la Universidad en los proyectos de I+D que el Gobierno vasco presenta a la Unión Europea para ser cofinanciados. Obviamente, la razón no estriba en que el personal de la UPV/EHU no esté capacitado para realizar tareas de investigación: la evaluación de los méritos de los investigadores universitarios vascos, o el hecho de que muchos centros tecnológicos dependientes del Gobierno vasco tengan que subcontratar con estos profesores las tareas de investigación básica y aplicada, avalan más que de sobra dicha capacidad. La causa de esta desidia de los poderes públicos se encuentra en el modelo de investigación promovido por el nacionalismo gobernante, que considera, al igual curiosamente que el ministro español de Ciencia y Tecnología Josep Piqué, que la investigación 'de verdad' es la que realizan las empresas, y los centros tecnológicos mantenidos a medias por el Gobierno y la iniciativa privada. Si este modelo se ha impuesto en el País Vasco -con muy pocos resultados relevantes, por cierto: menos del 5% de la actividad productiva vasca puede ser considerada de alta tecnología, un porcentaje muy similar al que había veinte años atrás- es por la profunda desconfianza política que el nacionalismo gobernante ha manifestado desde siempre hacia la autonomía de las instituciones, y en particular hacia la de la UPV/EHU. El régimen político vasco se ha mantenido sobre la construcción de un sistema muy complejo de fidelidades articuladas en torno al acceso a prebendas individuales y recursos públicos canalizados hacia iniciativas privadas. Es mediante el control de este sistema como, por ejemplo, un consejero de educación, que carece de la mínima categoría académica exigida en la universidad pública para hacerse cargo de responsabilidades de investigación o de la más alta gestión administrativa, puede recalar sin solución de continuidad de la poltrona de gobierno público a la dirección de una universidad privada, sin mayor escándalo social que un par de artículos en la prensa local. Es en un sistema de este tipo donde los nacionalistas gobernantes se sienten cómodos, y no en un sistema sometido a la transparencia de un proceso electoral -mediante votación indirecta a través del claustro universitario como en la LRU o directo como en la LOU- para la elección de Rector, o en un sistema de estabilización laboral y promoción interna basado en el mérito individual constatable y sometido a la autonomía de la propia comunidad universitaria, española o, en un futuro, europea. Si algo requiere la Universidad vasca es precisamente un mecanismo adecuado de incentivos al profesorado, para incrementar la calidad de la investigación y la docencia, lograr una mejor articulación de la investigación universitaria con el tejido productivo y la sociedad, e integrar nuestra 'alma mater' en el espacio europeo de investigación y en las redes europeas de alta calidad científica, desde la potenciación de su autonomía y el refuerzo de su interlocución directa con la sociedad y sus necesidades. Pues bien, el Gobierno vasco acaba de sacar un borrador de ley del sistema universitario vasco, en el cual las prioridades son facilitar la canalización de recursos públicos hacia las universidades privadas del sistema y aumentar el control directo de la Consejería de Educación sobre la actividad universitaria, por la vía de integrar la formación universitaria en la ordenación general del sistema educativo, el establecimiento directo de contratos de investigación con investigadores, departamentos universitarios e institutos de investigación, la creación de unos cuerpos docentes e investigadores propios, paralelos y similares (por tanto no complementarios) a los cuerpos funcionariales, y el control de los incentivos salariales al profesorado, que la propia LOU considera competencia de los Consejos Sociales. Y para que quede todavía más claro: en el borrador presentado por la Consejera de Educación, a la UPV/EHU no se la denomina por su nombre ni una sola vez en toda la exposición de motivos. Y el Rector de la misma desaparece como máxima autoridad universitaria de la comunidad, al estar incluido como uno más entre otros doce miembros de un Consejo de Coordinación de la Enseñanza Pública Universitaria presidido, ahí sí con todas las deferencias, por el consejero o consejera de turno. Si semejante despropósito, que puede llegar a hacer buena la denostada LOU, llega a ver la luz, el resultado será catastrófico para la Educación Superior vasca, que dejaría de tener la consideración de un bien público sujeto a autonomía y participación social, para convertirse en un instrumento más en manos del Gobierno para la perpetuación de su sistema canonjil de reproducción política. Joaquín Arriola es profesor de Economía de la UPV/EHU e investigador de Bakeaz (jarriola@bakeaz.org). ©
Joaquín Arriola, 2003; © Bakeaz, 2003. |