Medios de comunicacion

Agua va
Juan Manuel Ruiz García

Resulta obvio que el agua que sale por el grifo y finalmente bebemos es la misma que inunda nuestras ciudades y campos, semejante a la que utiliza la fauna en los ríos o a la que almacenamos en las presas. La misma agua. Un ciclo y en cascada numerosos usuarios, actividades y empleos, pero también posibles perjudicados. Ordenar todo este flujo de usos, demandas y necesidades ambientales es el principal propósito de la gestión de las aguas. Gestionar significa, en último extremo, repartir agua entre diferentes agentes, órganos y organismos, en suma, distribuir bienestar y perjuicios a través de la transferencia artificial del recurso hídrico.

Nuestras ciudades exigen grandes volúmenes de agua para su supervivencia. La concentración de tantas actividades en tan reducida superficie ha favorecido la cooperación, la transmisión de cultura y de saber, la convivencia y la aparición histórica del espíritu ciudadano. Pero la progresiva densificación del espacio urbano provoca también la congestión, los conflictos y el agotamiento de aquellos territorios de los que la ciudad extrae los recursos materiales, humanos y energéticos que precisa para su misma existencia: electricidad, agua, alimentos, mercancías y capital humano. La resolución de esta paradoja entre oportunidad y riesgo debería ser uno de los principales retos de los gestores municipales y de la propia ciudadanía, intentar hacer sostenible un sistema urbano cuyo metabolismo está inextricablemente unido a la naturaleza donde se inserta.

Cada ciudad extiende sus tentáculos sobre el territorio circundante y lo marca con su propia huella ecológica. Hasta hace poco tiempo, los espacios perjudicados por tales prácticas han sido, principalmente, las zonas rurales o los parajes deshabitados, lugares sometidos históricamente al despoblamiento y al vaciado de sus recursos. Pero la intensidad energética y material acumulada en los núcleos urbanos está adquiriendo tal densidad y congestión que ya las propias ciudades están empezando a competir entre sí para acceder a unos recursos que cada vez resultan más escasos y caros de extraer. En torno al agua también acaecen tales disputas, conflictos solapados o acallados por el fárrago de la actualidad, pero que permanecen latentes incrementando su peligrosidad hasta que finalmente estallan con gran virulencia en determinados momentos críticos: una prolongada sequía, unas lluvias especialmente virulentas, el deshielo o un vertido tóxico accidental o irresponsable.

En nuestro país los casos de competencia urbana por el agua resultan numerosos, y el hecho de que ni sean asumidos por la mayoría de los gestores municipales, ni reconocidos por gran parte de la ciudadanía, repercute muy favorablemente en su enquistamiento y cada vez más compleja solución. Córdoba y otros municipios andaluces contaminan el Guadalquivir, y Sevilla, situada al final de tantos vertidos, soporta los gastos de potabilizar un agua cada vez más contaminada. Murcia y todas las ciudades turísticas e industriales del sureste español ya no pueden, físicamente, extraer más agua de sus cuencas y presionan a la Administración central para que detraiga agua del lejano Ebro, donde otras actividades y ciudades serán perjudicadas en sus oportunidades de desarrollo. Bilbao depende para su abastecimiento de un trasvase desde la cuenca del río Ebro (de su afluente el río Zadorra) de aproximadamente 95 hm3 anuales, pero Vitoria, situada aguas abajo de estos embalses (Urrúnaga y Ullíbarri-Gamboa), no sólo necesita también parte de esta agua para su abastecimiento, sino que, ante el riesgo de inundaciones en Álava, dichos embalses tendrían que estar suficientemente vacíos, situación que podría disminuir las garantías de suministro de agua del Gran Bilbao.

En fin, conflictos que trascienden los tradicionales enfrentamientos centro-periferia o campo-ciudad, y cuyo fundamento reposa en unas prácticas de ocupación del territorio y de utilización de los recursos naturales claramente ineficientes e insostenibles. Porque el agua que va es la misma que viene, los conflictos en torno a la apropiación del agua se agudizarán en el futuro más inmediato. Hasta ahora, las ciudades habían evitado sus disputas por los recursos hídricos porque siempre habían encontrado cerca un tercer usuario, pobre y débil, contra el cual podían coaligarse exitosamente para extraer sus recursos o a quien podían contaminar con sus vertidos. Pero el pelele ha quedado exhausto y ya no existen otros de recambio. Ante la cada vez mayor competencia motivada por el crecimiento urbano e industrial y por la muerte del enemigo común, ¿qué estrategias de cooperación o de enfrentamiento les quedan a las ciudades?

Hasta hoy ha prevalecido la táctica de escamotear responsabilidades. Ni las ciudades situadas en los tramos altos de los ríos, ni aquellas dotadas de intensivos sistemas de abastecimiento, se han sentido aludidas cuando otras ciudades de menor poder protestaban por el estado o la cantidad de las aguas que aquéllas les dejaban. Tampoco la Administración hidráulica existente en nuestro país, débil y preocupada por otros problemas de más enjundia, ha afrontado su responsabilidad cuando por ley le competía haber gestionado las aguas de los ríos y de los acuíferos con antelación suficiente. Esta imprevisión y desidia están provocando, como se demuestra a diario en gran número de ciudades españolas, la aparición de continuados conflictos y problemas de abastecimiento. Los ciudadanos, víctimas de la mala gestión y de la falta de acuerdo entre administraciones, no sólo soportan las restricciones de agua o las inundaciones, sino también la promesa de que con la construcción de nuevas y onerosas infraestructuras sus problemas se terminarán de una vez. En suma, construir para adelantarse al otro y así poseer una ventaja relativa para el momento en que el agua se agote y haya que negociar el reparto en condiciones de coste elevadas y, por tanto, irracionales desde el punto de vista económico.

Frente a la competencia y el desenfreno se impone el sosiego y el diálogo; acordar un reparto equitativo de caudales y de calidades según los requerimientos de la protección ambiental y de la satisfacción de las necesidades básicas de agua de la población; lejos de seguir derrochando o incrementando los consumos unitarios, racionalizarlos utilizando el agua con mayor eficiencia y menor despilfarro; proteger mejor su calidad; e incidir en políticas de gestión de la demanda que no impongan nuevas cargas ni al medio ambiente ni a otras poblaciones. Porque el agua que se va siempre regresa, evitemos los conflictos asociados a políticas expansivas de la oferta de agua y cooperemos en la limitación conjunta de las demandas y en la creación de nuevos instrumentos y tecnologías que ahorrando agua ofrezcan suficiente bienestar a los ciudadanos.

Juan Manuel Ruiz García es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
profesor en la Universidad de Alcalá de Henares y miembro de Bakeaz.

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	Agua va Juan Manuel Ruiz García Resulta obvio que el agua que sale por el grifo y finalmente bebemos es la misma que inunda nuestras ciudades y campos, semejante a la que utiliza la fauna en los ríos o a la que almacenamos en las presas. La misma agua. Un ciclo y en cascada numerosos usuarios, actividades y empleos, pero también posibles perjudicados. Ordenar todo este flujo de usos, demandas y necesidades ambientales es el principal propósito de la gestión de las aguas. Gestionar significa, en último extremo, repartir agua entre diferentes agentes, órganos y organismos, en suma, distribuir bienestar y perjuicios a través de la transferencia artificial del recurso hídrico. Nuestras ciudades exigen grandes volúmenes de agua para su supervivencia. La concentración de tantas actividades en tan reducida superficie ha favorecido la cooperación, la transmisión de cultura y de saber, la convivencia y la aparición histórica del espíritu ciudadano. Pero la progresiva densificación del espacio urbano provoca también la congestión, los conflictos y el agotamiento de aquellos territorios de los que la ciudad extrae los recursos materiales, humanos y energéticos que precisa para su misma existencia: electricidad, agua, alimentos, mercancías y capital humano. La resolución de esta paradoja entre oportunidad y riesgo debería ser uno de los principales retos de los gestores municipales y de la propia ciudadanía, intentar hacer sostenible un sistema urbano cuyo metabolismo está inextricablemente unido a la naturaleza donde se inserta. Cada ciudad extiende sus tentáculos sobre el territorio circundante y lo marca con su propia huella ecológica. Hasta hace poco tiempo, los espacios perjudicados por tales prácticas han sido, principalmente, las zonas rurales o los parajes deshabitados, lugares sometidos históricamente al despoblamiento y al vaciado de sus recursos. Pero la intensidad energética y material acumulada en los núcleos urbanos está adquiriendo tal densidad y congestión que ya las propias ciudades están empezando a competir entre sí para acceder a unos recursos que cada vez resultan más escasos y caros de extraer. En torno al agua también acaecen tales disputas, conflictos solapados o acallados por el fárrago de la actualidad, pero que permanecen latentes incrementando su peligrosidad hasta que finalmente estallan con gran virulencia en determinados momentos críticos: una prolongada sequía, unas lluvias especialmente virulentas, el deshielo o un vertido tóxico accidental o irresponsable. En nuestro país los casos de competencia urbana por el agua resultan numerosos, y el hecho de que ni sean asumidos por la mayoría de los gestores municipales, ni reconocidos por gran parte de la ciudadanía, repercute muy favorablemente en su enquistamiento y cada vez más compleja solución. Córdoba y otros municipios andaluces contaminan el Guadalquivir, y Sevilla, situada al final de tantos vertidos, soporta los gastos de potabilizar un agua cada vez más contaminada. Murcia y todas las ciudades turísticas e industriales del sureste español ya no pueden, físicamente, extraer más agua de sus cuencas y presionan a la Administración central para que detraiga agua del lejano Ebro, donde otras actividades y ciudades serán perjudicadas en sus oportunidades de desarrollo. Bilbao depende para su abastecimiento de un trasvase desde la cuenca del río Ebro (de su afluente el río Zadorra) de aproximadamente 95 hm3 anuales, pero Vitoria, situada aguas abajo de estos embalses (Urrúnaga y Ullíbarri-Gamboa), no sólo necesita también parte de esta agua para su abastecimiento, sino que, ante el riesgo de inundaciones en Álava, dichos embalses tendrían que estar suficientemente vacíos, situación que podría disminuir las garantías de suministro de agua del Gran Bilbao. En fin, conflictos que trascienden los tradicionales enfrentamientos centro-periferia o campo-ciudad, y cuyo fundamento reposa en unas prácticas de ocupación del territorio y de utilización de los recursos naturales claramente ineficientes e insostenibles. Porque el agua que va es la misma que viene, los conflictos en torno a la apropiación del agua se agudizarán en el futuro más inmediato. Hasta ahora, las ciudades habían evitado sus disputas por los recursos hídricos porque siempre habían encontrado cerca un tercer usuario, pobre y débil, contra el cual podían coaligarse exitosamente para extraer sus recursos o a quien podían contaminar con sus vertidos. Pero el pelele ha quedado exhausto y ya no existen otros de recambio. Ante la cada vez mayor competencia motivada por el crecimiento urbano e industrial y por la muerte del enemigo común, ¿qué estrategias de cooperación o de enfrentamiento les quedan a las ciudades? Hasta hoy ha prevalecido la táctica de escamotear responsabilidades. Ni las ciudades situadas en los tramos altos de los ríos, ni aquellas dotadas de intensivos sistemas de abastecimiento, se han sentido aludidas cuando otras ciudades de menor poder protestaban por el estado o la cantidad de las aguas que aquéllas les dejaban. Tampoco la Administración hidráulica existente en nuestro país, débil y preocupada por otros problemas de más enjundia, ha afrontado su responsabilidad cuando por ley le competía haber gestionado las aguas de los ríos y de los acuíferos con antelación suficiente. Esta imprevisión y desidia están provocando, como se demuestra a diario en gran número de ciudades españolas, la aparición de continuados conflictos y problemas de abastecimiento. Los ciudadanos, víctimas de la mala gestión y de la falta de acuerdo entre administraciones, no sólo soportan las restricciones de agua o las inundaciones, sino también la promesa de que con la construcción de nuevas y onerosas infraestructuras sus problemas se terminarán de una vez. En suma, construir para adelantarse al otro y así poseer una ventaja relativa para el momento en que el agua se agote y haya que negociar el reparto en condiciones de coste elevadas y, por tanto, irracionales desde el punto de vista económico. Frente a la competencia y el desenfreno se impone el sosiego y el diálogo; acordar un reparto equitativo de caudales y de calidades según los requerimientos de la protección ambiental y de la satisfacción de las necesidades básicas de agua de la población; lejos de seguir derrochando o incrementando los consumos unitarios, racionalizarlos utilizando el agua con mayor eficiencia y menor despilfarro; proteger mejor su calidad; e incidir en políticas de gestión de la demanda que no impongan nuevas cargas ni al medio ambiente ni a otras poblaciones. Porque el agua que se va siempre regresa, evitemos los conflictos asociados a políticas expansivas de la oferta de agua y cooperemos en la limitación conjunta de las demandas y en la creación de nuevos instrumentos y tecnologías que ahorrando agua ofrezcan suficiente bienestar a los ciudadanos. Juan Manuel Ruiz García es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor en la Universidad de Alcalá de Henares y miembro de Bakeaz. © Juan Manuel Ruiz García, 2003; © Bakeaz, 2003. Publicado en El Correo, 21 de febrero de 2003.