Medios de comunicacion

Política municipal: democracia y empleo
Joaquín Arriola

"A cuatro meses de las elecciones municipales". Éste es el pensamiento obsesivo de nuestros políticos nacionales, y el que determina cada expresión, cada gesto, cada movimiento en los partidos políticos y sus máximos dirigentes. Contrasta, sin embargo, tanta obsesión con la ausencia absoluta de cualquier debate serio sobre política municipal, sobre el papel de las corporaciones locales, de la vida municipal en la democracia. Si acaso, hemos oído de una eliminación de impuestos que, dedicada a satisfacer las demandas de los pequeños empresarios, socava aún más la de por sí escasa autonomía fiscal de los municipios.

Y contrasta también con las orientaciones que dimanan de las autoridades europeas. Desde que comenzó el siglo, la Unión Europea (UE) viene anunciado un 'giro localista' en sus políticas, convencida de que es en el ámbito más cercano a los ciudadanos donde mejor se pueden detectar los problemas, definir las soluciones y aplicar las medidas que se diseñen. Al socaire de estas nuevas orientaciones, algunos políticos más informados ya han dicho que, finalizada la construcción del Estado de las Autonomías, el desarrollo de la democracia municipal es el nuevo desafío al que se enfrenta la sociedad española. Pero del dicho al hecho… Lo cierto es que incluso los partidos que proclaman su vocación municipalista, como el partido gobernante en el País Vasco, aplican una férrea política centralista en materia de gestión de recursos y de políticas -aunque, como en este caso, el centralismo se ejerza sobre todo desde las Diputaciones Forales, por razones legales que no por históricas resultan menos ineficientes para acercar la política a los ciudadanos y viceversa-.

Si hubiera una voluntad real de desarrollar la democracia desde el ámbito más cercano a los ciudadanos, ello se debería traducir inicialmente en una reforma fiscal en profundidad, que trasladase a los Ayuntamientos un porcentaje significativo del gasto público y de la capacidad de orientación de dicho gasto. Para eso se requiere una mejora de las capacidades técnicas y de gestión de los Ayuntamientos. Pero los beneficios serían sin duda muy superiores a los costes: la experiencia de los países más desarrollados señala que es en dicho ámbito donde mejor se pueden detectar y resolver las necesidades prioritarias de los ciudadanos. En todos los países de la UE los ciudadanos reiteran las mismas preocupaciones y exigencias: empleo, seguridad, protección, calidad de vida, ocio creativo. Es en sus lugares de vida y de trabajo donde se expresan estos requerimientos, y donde hay que resolver las trabas y dificultades que impiden un desarrollo más armónico de los imperativos de la economía y la mejora del bienestar de la gente.

La propia evolución demográfica y de la demanda de los ciudadanos refuerza la necesidad de incrementar sustancialmente los servicios de proximidad: la asistencia sanitaria, los servicios a particulares, la protección del medio ambiente, el ocio, la formación, la cultura, la comunicación y el transporte, son precisamente las actividades donde hay un mayor potencial de creación de empleo. Como señala Vicente Navarro en un libro que habría que declarar de utilidad pública ('Bienestar insuficiente, democracia incompleta'), si nuestro país tuviera la misma tasa de población adulta trabajando en los servicios sociales como sanidad, educación y servicios de apoyo a las familias que las que tienen los países del norte de Europa, desaparecería nuestro elevado nivel de desempleo.

España está a la cola de Europa en gasto en educación, salud, apoyo a la inserción social y, sobre todo, en gasto social de apoyo a las familias (cuidado de niños y de ancianos, atención a discapacitados, tiempo libre creativo, etc.). Hasta ahora, en nuestro país el desarrollo de parte de estos servicios es muy deficitario, tanto en comparación con nuestros socios europeos como en relación con las necesidades que se requiere cubrir. Con frecuencia son instituciones de voluntariado las que cubren como pueden algunas de estas carencias, contando en el mejor de los casos con alguna que otra subvención pública que hay que ir rascando cada año. Tampoco hay una política consciente de apoyo a estas organizaciones que se han venido a denominar del 'tercer sector'.

Al orientarse al servicio de las demandas de la población, el gasto público municipal permite desarrollar mecanismos de participación en la definición de prioridades y sistemas de gestión que se presentan como un reto a la democracia. En nuestro país son varios los ayuntamientos que están experimentando con los 'presupuestos participativos', un sistema de desarrollo de la democracia importado de Brasil, donde lo implantaron varias municipalidades dirigidas por el Partido del Trabajo, del presidente electo Luis Ignacio da Silva 'Lula'. Se convoca a los vecinos para que, en asambleas por barrios, por sectores y generales, definan cuáles deben ser las prioridades de gasto en su localidad.

Un modelo de participación social en la definición de las políticas públicas sólo puede ser efectivo si es en el ámbito local donde se establecen los criterios de asignación presupuestaria de las partidas más relevantes para los propios ciudadanos. También se requiere un cambio cultural de gran dimensión, que abarca todos los ámbitos: los medios de comunicación social y sus contenidos, el sistema educativo y sus formas, la vida social y sus expresiones. Pero es una apuesta con grandes ventajas tanto para la efectividad de las políticas en el logro de los objetivos perseguidos, como para la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. En todo caso, no se puede decir que no hay materia suficiente para realizar un gran debate nacional sobre políticas municipales. Lo que falta, quizá, es voluntad, cultura e imaginación para llevarlo a cabo.

Joaquín Arriola es profesor de Economía de la UPV/EHU e investigador de Bakeaz (jarriola@bakeaz.org).

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	Política municipal: democracia y empleo Joaquín Arriola "A cuatro meses de las elecciones municipales". Éste es el pensamiento obsesivo de nuestros políticos nacionales, y el que determina cada expresión, cada gesto, cada movimiento en los partidos políticos y sus máximos dirigentes. Contrasta, sin embargo, tanta obsesión con la ausencia absoluta de cualquier debate serio sobre política municipal, sobre el papel de las corporaciones locales, de la vida municipal en la democracia. Si acaso, hemos oído de una eliminación de impuestos que, dedicada a satisfacer las demandas de los pequeños empresarios, socava aún más la de por sí escasa autonomía fiscal de los municipios. Y contrasta también con las orientaciones que dimanan de las autoridades europeas. Desde que comenzó el siglo, la Unión Europea (UE) viene anunciado un 'giro localista' en sus políticas, convencida de que es en el ámbito más cercano a los ciudadanos donde mejor se pueden detectar los problemas, definir las soluciones y aplicar las medidas que se diseñen. Al socaire de estas nuevas orientaciones, algunos políticos más informados ya han dicho que, finalizada la construcción del Estado de las Autonomías, el desarrollo de la democracia municipal es el nuevo desafío al que se enfrenta la sociedad española. Pero del dicho al hecho… Lo cierto es que incluso los partidos que proclaman su vocación municipalista, como el partido gobernante en el País Vasco, aplican una férrea política centralista en materia de gestión de recursos y de políticas -aunque, como en este caso, el centralismo se ejerza sobre todo desde las Diputaciones Forales, por razones legales que no por históricas resultan menos ineficientes para acercar la política a los ciudadanos y viceversa-. Si hubiera una voluntad real de desarrollar la democracia desde el ámbito más cercano a los ciudadanos, ello se debería traducir inicialmente en una reforma fiscal en profundidad, que trasladase a los Ayuntamientos un porcentaje significativo del gasto público y de la capacidad de orientación de dicho gasto. Para eso se requiere una mejora de las capacidades técnicas y de gestión de los Ayuntamientos. Pero los beneficios serían sin duda muy superiores a los costes: la experiencia de los países más desarrollados señala que es en dicho ámbito donde mejor se pueden detectar y resolver las necesidades prioritarias de los ciudadanos. En todos los países de la UE los ciudadanos reiteran las mismas preocupaciones y exigencias: empleo, seguridad, protección, calidad de vida, ocio creativo. Es en sus lugares de vida y de trabajo donde se expresan estos requerimientos, y donde hay que resolver las trabas y dificultades que impiden un desarrollo más armónico de los imperativos de la economía y la mejora del bienestar de la gente. La propia evolución demográfica y de la demanda de los ciudadanos refuerza la necesidad de incrementar sustancialmente los servicios de proximidad: la asistencia sanitaria, los servicios a particulares, la protección del medio ambiente, el ocio, la formación, la cultura, la comunicación y el transporte, son precisamente las actividades donde hay un mayor potencial de creación de empleo. Como señala Vicente Navarro en un libro que habría que declarar de utilidad pública ('Bienestar insuficiente, democracia incompleta'), si nuestro país tuviera la misma tasa de población adulta trabajando en los servicios sociales como sanidad, educación y servicios de apoyo a las familias que las que tienen los países del norte de Europa, desaparecería nuestro elevado nivel de desempleo. España está a la cola de Europa en gasto en educación, salud, apoyo a la inserción social y, sobre todo, en gasto social de apoyo a las familias (cuidado de niños y de ancianos, atención a discapacitados, tiempo libre creativo, etc.). Hasta ahora, en nuestro país el desarrollo de parte de estos servicios es muy deficitario, tanto en comparación con nuestros socios europeos como en relación con las necesidades que se requiere cubrir. Con frecuencia son instituciones de voluntariado las que cubren como pueden algunas de estas carencias, contando en el mejor de los casos con alguna que otra subvención pública que hay que ir rascando cada año. Tampoco hay una política consciente de apoyo a estas organizaciones que se han venido a denominar del 'tercer sector'. Al orientarse al servicio de las demandas de la población, el gasto público municipal permite desarrollar mecanismos de participación en la definición de prioridades y sistemas de gestión que se presentan como un reto a la democracia. En nuestro país son varios los ayuntamientos que están experimentando con los 'presupuestos participativos', un sistema de desarrollo de la democracia importado de Brasil, donde lo implantaron varias municipalidades dirigidas por el Partido del Trabajo, del presidente electo Luis Ignacio da Silva 'Lula'. Se convoca a los vecinos para que, en asambleas por barrios, por sectores y generales, definan cuáles deben ser las prioridades de gasto en su localidad. Un modelo de participación social en la definición de las políticas públicas sólo puede ser efectivo si es en el ámbito local donde se establecen los criterios de asignación presupuestaria de las partidas más relevantes para los propios ciudadanos. También se requiere un cambio cultural de gran dimensión, que abarca todos los ámbitos: los medios de comunicación social y sus contenidos, el sistema educativo y sus formas, la vida social y sus expresiones. Pero es una apuesta con grandes ventajas tanto para la efectividad de las políticas en el logro de los objetivos perseguidos, como para la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. En todo caso, no se puede decir que no hay materia suficiente para realizar un gran debate nacional sobre políticas municipales. Lo que falta, quizá, es voluntad, cultura e imaginación para llevarlo a cabo. Joaquín Arriola es profesor de Economía de la UPV/EHU e investigador de Bakeaz (jarriola@bakeaz.org). © Joaquín Arriola, 2003; © Bakeaz, 2003. Publicado en El Correo, 23 de enero de 2003.