Medios de comunicacion

Aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid
Joaquín Arriola

Un buen ejemplo de cómo la ideología (en el sentido de falsa conciencia) contamina el debate político lo tenemos en las justificaciones que se han dado para defender la convocatoria de huelga de hoy, día 19. Con frecuencia, tras un alegato inicial en contra de las recientes medidas de reforma de las prestaciones por desempleo (que recuerdan en cierto sentido a las jaculatorias rituales de condena de la violencia 'venga de donde venga'), nos solemos encontrar con la afirmación de que, para vacunar a los trabajadores vascos de las nefastas consecuencias de la política del Gobierno central, lo que hay que hacer es establecer un 'marco vasco' de relaciones laborales, que enseguida se concreta en proclamar que la solución a nuestros males pasa por exigir la transferencia de las competencias en materia de previsión social -no nos dicen si al Gobierno vasco o a las diputaciones forales-. Y con ello, ya parece que está aclarado el hecho diferencial que obliga a romper con la convocatoria de huelga de los sindicatos 'españoles', la de mañana 20 de junio, que, aunque se diga menos, es también la huelga que apoyan los sindicatos europeos.

Teniendo en cuenta que previsiblemente los dirigentes de los sindicatos nacionalistas cuentan con importantes economistas entre sus asesores y conmilitones, lo que sorprende es el nulo soporte empírico en que se basan dichas afirmaciones. No se entiende que unas organizaciones supuestamente apegadas al terreno de la realidad se olviden de algunas de las lecciones básicas que se aprenden en primer curso de política económica, como que cuando se utiliza un medio para perseguir dos fines, lo más probable es que no se obtenga ninguno. Con lo cual, ya podemos prever el resultado de la doble convocatoria vasca de huelga general.

Pero es que además, para realzar su acto de fe soberanista, tienen que aparcar otras evidencias del análisis económico, como por ejemplo, que los sistemas de prestaciones sociales tienen importantes economías de escala (lo cual explica, por ejemplo, por qué son más eficientes los sistemas públicos universales que los sistemas privados de sanidad o pensiones). Se olvidan de señalar que la transferencia de la caja de la seguridad social a la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) requeriría a medio plazo un esfuerzo tributario mayor de los ciudadanos vascos para obtener las mismas prestaciones relativas que aporta el sistema español, simplemente por ser una caja muy pequeña, con menos de un millón de cotizantes, frente a los 17 millones o más de la caja española. El que algo quiere, algo le cuesta, pero un principio elemental de transparencia de mercado es que los precios se anuncien cuando se quiere vender un producto.

La alternativa progresista no es fragmentar la caja española, sino integrarla en la creación de una caja única europea y aplicar a la misma criterios de gestión más favorables a los trabajadores. Pues sólo en el marco de la Unión Europea se pueden aplicar políticas que rompan radicalmente con las derivadas del consenso neoliberal sin que ello suponga un coste elevado para el bienestar de la ciudadanía a corto plazo (lección que aprendimos hace veinte años de nuestros vecinos franceses). Pero las condiciones de posibilidad de tal proyecto exigen una acumulación de conciencia de ciudadanía y de identidad europeas incompatible con el soberanismo localista como proyecto político; aunque no, por supuesto, con las señas de identidad locales, con el reforzamiento de las culturas locales.

Me da cierto pudor tener que recordar algo que olvidan los partidarios de la solución final soberanista: que el carácter más o menos progresista de la gestión de determinadas políticas públicas no depende en absoluto de desde dónde se gestionen, sino de la orientación política del gobierno que las elabora. Así, la CAPV tiene transferidas importantes competencias fiscales. Y el Gobierno vasco fue el primero en aplicar la política de déficit cero, incomprensible, salvo desde la óptica neoliberal, en un país con carencias sociales y de trabajo como las que tenemos. O que las haciendas vascas presentan una mayor distancia entre la recaudación fiscal directa procedente de los asalariados y la procedente de las empresas que la hacienda estatal (en el País Vasco, por ejemplo, se eliminó el impuesto al patrimonio, que, aunque marginal en la hacienda estatal, sigue siendo una referencia imprescindible para gravar la riqueza, distinta de la renta).

No son solamente los inmigrantes o los trabajadores del campo de Andalucía o Extremadura los afectados por la política laboral del Gobierno central. En nuestra comunidad, la tasa de temporalidad en el sector privado es superior a la media estatal, especialmente entre las mujeres: más de la mitad de las asalariadas vascas tienen contratos temporales. Y el porcentaje de nuevos contratos indefinidos frente a los temporales es inferior al que se registra en otras comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña, Navarra o La Rioja. Por lo tanto, el decreto del Gobierno central, como toda su política laboral, afecta directamente a los trabajadores vascos. ¿Acaso la alternativa es la transferencia de las políticas de empleo? No parece que Langai, el servicio vasco de empleo, presente unos resultados excepcionales en materia de colocaciones. Y en cuanto a las llamadas "políticas activas" de empleo, es decir, básicamente formación y reciclaje profesional, sirven en todo caso para mejorar el lugar de los parados reciclados en la cola del paro, pero no para crear nuevas ofertas de empleo.

Las políticas estatales son insuficientes e ineficaces, independientemente de que se hayan transferido o no. ¿Qué nuevas políticas de empleo se ofrecen desde la gestión de los presupuestos públicos vascos? La carencia de alternativas no se hace evidente, pues queda oculta por el mantra de la reclamación permanente de competencias, del cual se hacen eco sindicalistas y economistas nacionalistas, a mayor gloria electoral de los responsables de las políticas públicas en el País Vasco.

Que cuestiones tan evidentes se oculten a los ojos de los creyentes, nos obliga a concluir que para que la política se instale realmente en el debate público vasco, debe salir del mismo la disputa sobre creencias. Pero esto tardará probablemente un tiempo, cuando precisamente el reforzamiento de la ideología se plantea como condición de supervivencia política de determinados proyectos de parte.

Joaquín Arriola es profesor de Economía de la UPV/EHU e investigador de Bakeaz (jarriola@bakeaz.org)

	Ver archivo PDF
	Aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid Joaquín Arriola Un buen ejemplo de cómo la ideología (en el sentido de falsa conciencia) contamina el debate político lo tenemos en las justificaciones que se han dado para defender la convocatoria de huelga de hoy, día 19. Con frecuencia, tras un alegato inicial en contra de las recientes medidas de reforma de las prestaciones por desempleo (que recuerdan en cierto sentido a las jaculatorias rituales de condena de la violencia 'venga de donde venga'), nos solemos encontrar con la afirmación de que, para vacunar a los trabajadores vascos de las nefastas consecuencias de la política del Gobierno central, lo que hay que hacer es establecer un 'marco vasco' de relaciones laborales, que enseguida se concreta en proclamar que la solución a nuestros males pasa por exigir la transferencia de las competencias en materia de previsión social -no nos dicen si al Gobierno vasco o a las diputaciones forales-. Y con ello, ya parece que está aclarado el hecho diferencial que obliga a romper con la convocatoria de huelga de los sindicatos 'españoles', la de mañana 20 de junio, que, aunque se diga menos, es también la huelga que apoyan los sindicatos europeos. Teniendo en cuenta que previsiblemente los dirigentes de los sindicatos nacionalistas cuentan con importantes economistas entre sus asesores y conmilitones, lo que sorprende es el nulo soporte empírico en que se basan dichas afirmaciones. No se entiende que unas organizaciones supuestamente apegadas al terreno de la realidad se olviden de algunas de las lecciones básicas que se aprenden en primer curso de política económica, como que cuando se utiliza un medio para perseguir dos fines, lo más probable es que no se obtenga ninguno. Con lo cual, ya podemos prever el resultado de la doble convocatoria vasca de huelga general. Pero es que además, para realzar su acto de fe soberanista, tienen que aparcar otras evidencias del análisis económico, como por ejemplo, que los sistemas de prestaciones sociales tienen importantes economías de escala (lo cual explica, por ejemplo, por qué son más eficientes los sistemas públicos universales que los sistemas privados de sanidad o pensiones). Se olvidan de señalar que la transferencia de la caja de la seguridad social a la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) requeriría a medio plazo un esfuerzo tributario mayor de los ciudadanos vascos para obtener las mismas prestaciones relativas que aporta el sistema español, simplemente por ser una caja muy pequeña, con menos de un millón de cotizantes, frente a los 17 millones o más de la caja española. El que algo quiere, algo le cuesta, pero un principio elemental de transparencia de mercado es que los precios se anuncien cuando se quiere vender un producto. La alternativa progresista no es fragmentar la caja española, sino integrarla en la creación de una caja única europea y aplicar a la misma criterios de gestión más favorables a los trabajadores. Pues sólo en el marco de la Unión Europea se pueden aplicar políticas que rompan radicalmente con las derivadas del consenso neoliberal sin que ello suponga un coste elevado para el bienestar de la ciudadanía a corto plazo (lección que aprendimos hace veinte años de nuestros vecinos franceses). Pero las condiciones de posibilidad de tal proyecto exigen una acumulación de conciencia de ciudadanía y de identidad europeas incompatible con el soberanismo localista como proyecto político; aunque no, por supuesto, con las señas de identidad locales, con el reforzamiento de las culturas locales. Me da cierto pudor tener que recordar algo que olvidan los partidarios de la solución final soberanista: que el carácter más o menos progresista de la gestión de determinadas políticas públicas no depende en absoluto de desde dónde se gestionen, sino de la orientación política del gobierno que las elabora. Así, la CAPV tiene transferidas importantes competencias fiscales. Y el Gobierno vasco fue el primero en aplicar la política de déficit cero, incomprensible, salvo desde la óptica neoliberal, en un país con carencias sociales y de trabajo como las que tenemos. O que las haciendas vascas presentan una mayor distancia entre la recaudación fiscal directa procedente de los asalariados y la procedente de las empresas que la hacienda estatal (en el País Vasco, por ejemplo, se eliminó el impuesto al patrimonio, que, aunque marginal en la hacienda estatal, sigue siendo una referencia imprescindible para gravar la riqueza, distinta de la renta). No son solamente los inmigrantes o los trabajadores del campo de Andalucía o Extremadura los afectados por la política laboral del Gobierno central. En nuestra comunidad, la tasa de temporalidad en el sector privado es superior a la media estatal, especialmente entre las mujeres: más de la mitad de las asalariadas vascas tienen contratos temporales. Y el porcentaje de nuevos contratos indefinidos frente a los temporales es inferior al que se registra en otras comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña, Navarra o La Rioja. Por lo tanto, el decreto del Gobierno central, como toda su política laboral, afecta directamente a los trabajadores vascos. ¿Acaso la alternativa es la transferencia de las políticas de empleo? No parece que Langai, el servicio vasco de empleo, presente unos resultados excepcionales en materia de colocaciones. Y en cuanto a las llamadas "políticas activas" de empleo, es decir, básicamente formación y reciclaje profesional, sirven en todo caso para mejorar el lugar de los parados reciclados en la cola del paro, pero no para crear nuevas ofertas de empleo. Las políticas estatales son insuficientes e ineficaces, independientemente de que se hayan transferido o no. ¿Qué nuevas políticas de empleo se ofrecen desde la gestión de los presupuestos públicos vascos? La carencia de alternativas no se hace evidente, pues queda oculta por el mantra de la reclamación permanente de competencias, del cual se hacen eco sindicalistas y economistas nacionalistas, a mayor gloria electoral de los responsables de las políticas públicas en el País Vasco. Que cuestiones tan evidentes se oculten a los ojos de los creyentes, nos obliga a concluir que para que la política se instale realmente en el debate público vasco, debe salir del mismo la disputa sobre creencias. Pero esto tardará probablemente un tiempo, cuando precisamente el reforzamiento de la ideología se plantea como condición de supervivencia política de determinados proyectos de parte. Joaquín Arriola es profesor de Economía de la UPV/EHU e investigador de Bakeaz (jarriola@bakeaz.org) © Joaquín Arriola, 2002; © Bakeaz, 2002. Publicado en El Correo, 19 de junio de 2002.