Medios de comunicacion

Agua y responsabilidad
Leandro del Moral Ituarte

Cada vez se hace más evidente que en materia de política de aguas nos encontramos en una etapa de transición. Venimos de una larga etapa de política hidráulica orientada a la generación de agua abundante y barata para el fomento de actividades productivas. El Plan Hidrológico Nacional recientemente aprobado, aun con avances respecto a propuestas anteriores, constituye la última expresión del paradigma tradicional. Nos encaminamos, con dificultades y resistencias enconadas, a una nueva manera de enfocar la relación con el agua que, en realidad, no es sino la expresión del proceso más amplio de transición hacia un modelo general de desarrollo sostenible. Una nueva cultura del agua basada en dos principios esenciales: aprovechar el agua como recurso natural, conservándola como patrimonio; y gestionar el agua de acuerdo con políticas de control de la demanda y no con políticas de aumento de la oferta, en un contexto de crecientes condicionamientos globales, de los cuales el cambio climático es una de las expresiones más notables.

¿Por qué los debates, los conflictos, las movilizaciones, las pasiones, son frecuentemente más enconadas en el tema del agua que en otros, como el transporte, la energía o los modelos urbanísticos? La respuesta tiene mucho que ver con el valor simbólico, sagrado a veces, del agua; con su presencia en todas las actividades sociales, productivas o lúdicas y con su función básica en los sistemas naturales, independientemente de su abundancia o escasez relativa. Pero también tiene que ver con el hecho de que el agua se genera, fluye, se utiliza y se vierte por toda la superficie del territorio. Cualquier actividad, aunque no tenga un objetivo hidráulico directo, influye en su generación y circulación: la roturación o reforestación de un monte, el cambio de modelos urbanos, una autopista o el aparcamiento de una gran superficie comercial, por ejemplo; por no hablar de la expansión del regadío, la implantación de nuevas industrias o el crecimiento de las actividades turísticas. Por eso, hablar de cambio de política de agua significa poner en discusión el modelo de desarrollo territorial que subyace a la estrategia hidráulica en vigor en cada momento. De ahí la complejidad, a la vez que la profunda significación del debate sobre el agua.

En realidad, la política hidráulica todavía vigente intenta compatibilizar dos contenidos opuestos que se pretende presentar como complementarios. Por una parte, la tradición del agua como elemento de desarrollo básico, producción de alimentos, poblamiento y legitimación de poder político. Es lo que ha significado el paradigma hidráulico tradicional en España, pero también, con formas específicas en cada caso, en otros lugares, como en el oeste de Estados Unidos o en Israel, por ejemplo. El paternalismo estatal, la financiación pública y la ausencia de criterios de rentabilidad económica han sido una de sus claves. En términos generales, el Pacto del Agua de Aragón o las demandas del regadío extensivo de la cuenca del Guadalquivir (arroz, algodón, maíz) se sitúan en esta línea. Pero, junto a este componente, aparece otro, que no renuncia a los beneficios del dinero público y del agua barata, pero que tiene una nueva lógica: la potenciación de las actividades productivas asignadas a cada territorio en el marco del mercado mundial, asumiendo criterios de competitividad. Sin renunciar a los beneficios del paternalismo tradicional, los complejos agroindustriales y el sector del ocio y turismo del conjunto del litoral mediterráneo y atlántico incorporan, interpretándolos a su favor, los nuevos mecanismos técnicos (eficiencia) e institucionales (privatización, mercados del agua).

En este contexto, el cuestionamiento de las subvenciones perversas (dinero público para seguir generando agua con grandes impactos ambientales y sociales con la que aumentar la producción agrícola subvencionada) sigue siendo una cuestión básica, y así ha sido entendido por los sectores partidarios del cambio, al hacerlo el lema central de las últimas grandes movilizaciones sociales contra el trasvase del Ebro. Ése ha sido el motivo de la importante repercusión en la opinión pública del reciente debate en el Parlamento europeo sobre el tema. Pero no se puede olvidar el sector emergente de los usos con mayores niveles de eficiencia, competitividad y proclividad a mecanismo de mercado, aunque sigan basados en la gestión insostenible de los recursos (agua, suelo, residuos, agroquímicos) y, frecuentemente, en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo irregular. En este caso, el problema central no es de capacidad de pago del recurso agua, sino de capacidad de carga del territorio que soporta estas actividades.

Por eso, a la exigencia de responsabilidad económica hay que añadir hoy la defensa de uno de los conceptos clave que introduce la nueva directiva marco del agua de la Unión Europea: la preservación o recuperación del estado ecológico de las aguas, que significa, primero, frenar el deterioro y, luego, recuperar el buen estado ecológico del conjunto del sistema territorial.

Leandro del Moral Ituarte es presidente del III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua, y colaborador de Bakeaz.

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	Agua y responsabilidad Leandro del Moral Ituarte Cada vez se hace más evidente que en materia de política de aguas nos encontramos en una etapa de transición. Venimos de una larga etapa de política hidráulica orientada a la generación de agua abundante y barata para el fomento de actividades productivas. El Plan Hidrológico Nacional recientemente aprobado, aun con avances respecto a propuestas anteriores, constituye la última expresión del paradigma tradicional. Nos encaminamos, con dificultades y resistencias enconadas, a una nueva manera de enfocar la relación con el agua que, en realidad, no es sino la expresión del proceso más amplio de transición hacia un modelo general de desarrollo sostenible. Una nueva cultura del agua basada en dos principios esenciales: aprovechar el agua como recurso natural, conservándola como patrimonio; y gestionar el agua de acuerdo con políticas de control de la demanda y no con políticas de aumento de la oferta, en un contexto de crecientes condicionamientos globales, de los cuales el cambio climático es una de las expresiones más notables. ¿Por qué los debates, los conflictos, las movilizaciones, las pasiones, son frecuentemente más enconadas en el tema del agua que en otros, como el transporte, la energía o los modelos urbanísticos? La respuesta tiene mucho que ver con el valor simbólico, sagrado a veces, del agua; con su presencia en todas las actividades sociales, productivas o lúdicas y con su función básica en los sistemas naturales, independientemente de su abundancia o escasez relativa. Pero también tiene que ver con el hecho de que el agua se genera, fluye, se utiliza y se vierte por toda la superficie del territorio. Cualquier actividad, aunque no tenga un objetivo hidráulico directo, influye en su generación y circulación: la roturación o reforestación de un monte, el cambio de modelos urbanos, una autopista o el aparcamiento de una gran superficie comercial, por ejemplo; por no hablar de la expansión del regadío, la implantación de nuevas industrias o el crecimiento de las actividades turísticas. Por eso, hablar de cambio de política de agua significa poner en discusión el modelo de desarrollo territorial que subyace a la estrategia hidráulica en vigor en cada momento. De ahí la complejidad, a la vez que la profunda significación del debate sobre el agua. En realidad, la política hidráulica todavía vigente intenta compatibilizar dos contenidos opuestos que se pretende presentar como complementarios. Por una parte, la tradición del agua como elemento de desarrollo básico, producción de alimentos, poblamiento y legitimación de poder político. Es lo que ha significado el paradigma hidráulico tradicional en España, pero también, con formas específicas en cada caso, en otros lugares, como en el oeste de Estados Unidos o en Israel, por ejemplo. El paternalismo estatal, la financiación pública y la ausencia de criterios de rentabilidad económica han sido una de sus claves. En términos generales, el Pacto del Agua de Aragón o las demandas del regadío extensivo de la cuenca del Guadalquivir (arroz, algodón, maíz) se sitúan en esta línea. Pero, junto a este componente, aparece otro, que no renuncia a los beneficios del dinero público y del agua barata, pero que tiene una nueva lógica: la potenciación de las actividades productivas asignadas a cada territorio en el marco del mercado mundial, asumiendo criterios de competitividad. Sin renunciar a los beneficios del paternalismo tradicional, los complejos agroindustriales y el sector del ocio y turismo del conjunto del litoral mediterráneo y atlántico incorporan, interpretándolos a su favor, los nuevos mecanismos técnicos (eficiencia) e institucionales (privatización, mercados del agua). En este contexto, el cuestionamiento de las subvenciones perversas (dinero público para seguir generando agua con grandes impactos ambientales y sociales con la que aumentar la producción agrícola subvencionada) sigue siendo una cuestión básica, y así ha sido entendido por los sectores partidarios del cambio, al hacerlo el lema central de las últimas grandes movilizaciones sociales contra el trasvase del Ebro. Ése ha sido el motivo de la importante repercusión en la opinión pública del reciente debate en el Parlamento europeo sobre el tema. Pero no se puede olvidar el sector emergente de los usos con mayores niveles de eficiencia, competitividad y proclividad a mecanismo de mercado, aunque sigan basados en la gestión insostenible de los recursos (agua, suelo, residuos, agroquímicos) y, frecuentemente, en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo irregular. En este caso, el problema central no es de capacidad de pago del recurso agua, sino de capacidad de carga del territorio que soporta estas actividades. Por eso, a la exigencia de responsabilidad económica hay que añadir hoy la defensa de uno de los conceptos clave que introduce la nueva directiva marco del agua de la Unión Europea: la preservación o recuperación del estado ecológico de las aguas, que significa, primero, frenar el deterioro y, luego, recuperar el buen estado ecológico del conjunto del sistema territorial. Leandro del Moral Ituarte es presidente del III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua, y colaborador de Bakeaz. © Leandro del Moral Ituarte, 2002; © Bakeaz, 2002. Publicado en El Correo, 3 de mayo de 2002.