Medios de comunicacion

Un año de política de inmigración del PP
Carlos Gómez Gil

Fátima, Abderrazak, Joanna, Ibrahim, Esperanza, Guillermo, Ivannova, Fathija, Sergio, Gilberto, Flavio, Justo, Mohammed, Gloria, Cecilia, Juan Manuel, Dimitri y otros muchos inmigrantes que llevan años viviendo en España no entienden de leyes, pero saben que para ellos, para los inmigrantes, las cosas van mal, muy mal. En el último año ellos y sus compatriotas han visto cómo desde el Gobierno se les ha tratado como peligrosos delincuentes, primero invitándoles a salir de España, luego amenazándoles con expulsarles de forma masiva, posteriormente diciéndoles que no se podían empadronar, más adelante abriendo un proceso de regularización en el que en las oficinas gubernamentales se negaban a atenderles y eran derivados a las ONG, viendo con angustia cómo los meses pasaban sin saber de sus papeles, acudiendo cada mañana a unas oficinas de extranjeros en las que son tratados como ganado, sin que nadie sepa decirles siquiera cuándo van a poder tener unos permisos imprescindibles para trabajar y vivir con dignidad.

Posiblemente todos ellos desconozcan que en estos días se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la polémica Ley de Extranjería promovida por este Gobierno y aprobada unilateralmente, a pesar del enorme rechazo social y político que ha suscitado y que ha llevado a que sea recurrida ante el Tribunal Constitucional por vulnerar derechos humanos fundamentales, a juicio de destacados juristas. Esta Ley de Extranjería actualmente en vigor, la L.O. 8/2000 de reforma de la anterior y polémica Ley 4/2000, se presentó en su día mediante un importante aparato mediático y propagandístico en el que intervino todo el PP, como la solución a todos los problemas y males que se habían producido con anterioridad. Los ejes básicos sobre los que discurriría la política de inmigración del Gobierno, de la mano de su nueva Ley de Extranjería, se basaban en una regulación ordenada de los flujos migratorios, lo que evitaría ese tan cacareado como inexistente 'efecto llamada', y todo ello impediría la actuación de las mafias que venían campando a sus anchas y enriqueciéndose a costa del sufrimiento de los inmigrantes, según repetían un día sí y otro también altos cargos gubernamentales. Por si fuera poco, todo ello se acompañaba con una sorprendente exigencia de que nuestra normativa en materia de inmigración se adecuara a unos inexistentes acuerdos europeos de Tampere.

La realidad es bien distinta, hasta el punto de que la palabra que mejor define la situación actual de la inmigración en España es 'caos'. Nunca antes se había alcanzado tal grado de desbarajuste, desconcierto y descontrol en materia de extranjería, y en un solo año se ha visto con claridad que todos y cada uno de los supuestos benefactores efectos que la polémica ley promovida por este Gobierno iba a producir eran falsos. Los inmigrantes siguen llegando a nuestro país en condiciones cada vez más precarias, facilitando así la actuación de unas mafias que han encontrado con esta ley un mejor marco en el cual trabajar y encarecer sus actividades ilícitas. Las oficinas de extranjeros se encuentran absolutamente colapsadas, impidiéndose que los inmigrantes acogidos a los últimos procesos de regularización tengan sus papeles en regla y, con ello, que puedan trabajar y vivir con normalidad, vulnerándose así derechos absolutamente elementales a cientos de miles de personas condenadas a vivir en la marginalidad. Todo ello ha incrementado un racismo social latente, alentado en no pocas ocasiones a través de múltiples declaraciones gubernamentales de rechazo hacia los inmigrantes que de manera deliberada se vienen escuchando. La situación de los menores inmigrantes es de abandono, de las mujeres inmigrantes explotadas no se quiere saber nada, y por si fuera poco se ponen en marcha iniciativas policiales que basan su actuación en la criminalización generalizada de grupos enteros, como ocurre con la famosa operación Ludeco. Finalmente, en Europa sólo se han producido retrocesos en la consecución de una mínima política común de inmigración y ni siquiera se ha sido capaz de articular una sola directriz en materia de asilo, habiendo desempeñado España un papel bastante penoso en las distintas negociaciones. Sin mencionar el enfrentamiento con Marruecos, el nombramiento de personas intolerantes y sin capacidad de diálogo al frente de la inmigración, la inexistencia de políticas efectivas de integración, el recorte de los escasos recursos para los inmigrantes, las limitaciones para la reagrupación familiar o la ruptura de cualquier diálogo en materia de inmigración con los partidos de la oposición, por poner sólo algunos ejemplos.

Bien es cierto que desde la oposición, y especialmente desde el PSOE, tampoco se ha trabajado en modelos políticos alternativos más allá de reclamar un pacto de Estado en inmigración. Pero nunca ha expresado los ejes básicos que sostiene para ese pacto, al tiempo que en diferentes artículos de opinión publicados por relevantes dirigentes del PSOE en diarios nacionales se defiende una visión arcaica y policial no muy alejada de la mantenida por el PP. El grado de desconcierto del PSOE en materia de inmigración le ha llevado a defender iniciativas tan sorprendentes como la que realizó el pasado verano la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias de este partido, al proponer que los inmigrantes que desearan venir a España participaran en un sorteo que se realizaría en aquellos países que ejercen mayor presión migratoria hacia España, un modelo similar al que mantiene actualmente Estados Unidos.

Los hechos hablan por sí solos y demuestran bien a las claras que el resultado de tanta palabrería y tanta soberbia no podía ser más desastroso. Sin diálogo, sin comprender la complejidad de los fenómenos migratorios y sin entender la necesidad que España tiene de asumir como un elemento positivo la inmigración, no se podía esperar otra cosa. Lo peor de esta situación es la dolorosa herencia que todo ello está dejando, para nuestra sociedad y para nuestra democracia.

Carlos Gómez Gil es investigador de Bakeaz y dirige el Seminario de Inmigración
de la Universidad de Alicante (cgomezgil@bakeaz.org).

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	Un año de política de inmigración del PP Carlos Gómez Gil Fátima, Abderrazak, Joanna, Ibrahim, Esperanza, Guillermo, Ivannova, Fathija, Sergio, Gilberto, Flavio, Justo, Mohammed, Gloria, Cecilia, Juan Manuel, Dimitri y otros muchos inmigrantes que llevan años viviendo en España no entienden de leyes, pero saben que para ellos, para los inmigrantes, las cosas van mal, muy mal. En el último año ellos y sus compatriotas han visto cómo desde el Gobierno se les ha tratado como peligrosos delincuentes, primero invitándoles a salir de España, luego amenazándoles con expulsarles de forma masiva, posteriormente diciéndoles que no se podían empadronar, más adelante abriendo un proceso de regularización en el que en las oficinas gubernamentales se negaban a atenderles y eran derivados a las ONG, viendo con angustia cómo los meses pasaban sin saber de sus papeles, acudiendo cada mañana a unas oficinas de extranjeros en las que son tratados como ganado, sin que nadie sepa decirles siquiera cuándo van a poder tener unos permisos imprescindibles para trabajar y vivir con dignidad. Posiblemente todos ellos desconozcan que en estos días se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la polémica Ley de Extranjería promovida por este Gobierno y aprobada unilateralmente, a pesar del enorme rechazo social y político que ha suscitado y que ha llevado a que sea recurrida ante el Tribunal Constitucional por vulnerar derechos humanos fundamentales, a juicio de destacados juristas. Esta Ley de Extranjería actualmente en vigor, la L.O. 8/2000 de reforma de la anterior y polémica Ley 4/2000, se presentó en su día mediante un importante aparato mediático y propagandístico en el que intervino todo el PP, como la solución a todos los problemas y males que se habían producido con anterioridad. Los ejes básicos sobre los que discurriría la política de inmigración del Gobierno, de la mano de su nueva Ley de Extranjería, se basaban en una regulación ordenada de los flujos migratorios, lo que evitaría ese tan cacareado como inexistente 'efecto llamada', y todo ello impediría la actuación de las mafias que venían campando a sus anchas y enriqueciéndose a costa del sufrimiento de los inmigrantes, según repetían un día sí y otro también altos cargos gubernamentales. Por si fuera poco, todo ello se acompañaba con una sorprendente exigencia de que nuestra normativa en materia de inmigración se adecuara a unos inexistentes acuerdos europeos de Tampere. La realidad es bien distinta, hasta el punto de que la palabra que mejor define la situación actual de la inmigración en España es 'caos'. Nunca antes se había alcanzado tal grado de desbarajuste, desconcierto y descontrol en materia de extranjería, y en un solo año se ha visto con claridad que todos y cada uno de los supuestos benefactores efectos que la polémica ley promovida por este Gobierno iba a producir eran falsos. Los inmigrantes siguen llegando a nuestro país en condiciones cada vez más precarias, facilitando así la actuación de unas mafias que han encontrado con esta ley un mejor marco en el cual trabajar y encarecer sus actividades ilícitas. Las oficinas de extranjeros se encuentran absolutamente colapsadas, impidiéndose que los inmigrantes acogidos a los últimos procesos de regularización tengan sus papeles en regla y, con ello, que puedan trabajar y vivir con normalidad, vulnerándose así derechos absolutamente elementales a cientos de miles de personas condenadas a vivir en la marginalidad. Todo ello ha incrementado un racismo social latente, alentado en no pocas ocasiones a través de múltiples declaraciones gubernamentales de rechazo hacia los inmigrantes que de manera deliberada se vienen escuchando. La situación de los menores inmigrantes es de abandono, de las mujeres inmigrantes explotadas no se quiere saber nada, y por si fuera poco se ponen en marcha iniciativas policiales que basan su actuación en la criminalización generalizada de grupos enteros, como ocurre con la famosa operación Ludeco. Finalmente, en Europa sólo se han producido retrocesos en la consecución de una mínima política común de inmigración y ni siquiera se ha sido capaz de articular una sola directriz en materia de asilo, habiendo desempeñado España un papel bastante penoso en las distintas negociaciones. Sin mencionar el enfrentamiento con Marruecos, el nombramiento de personas intolerantes y sin capacidad de diálogo al frente de la inmigración, la inexistencia de políticas efectivas de integración, el recorte de los escasos recursos para los inmigrantes, las limitaciones para la reagrupación familiar o la ruptura de cualquier diálogo en materia de inmigración con los partidos de la oposición, por poner sólo algunos ejemplos. Bien es cierto que desde la oposición, y especialmente desde el PSOE, tampoco se ha trabajado en modelos políticos alternativos más allá de reclamar un pacto de Estado en inmigración. Pero nunca ha expresado los ejes básicos que sostiene para ese pacto, al tiempo que en diferentes artículos de opinión publicados por relevantes dirigentes del PSOE en diarios nacionales se defiende una visión arcaica y policial no muy alejada de la mantenida por el PP. El grado de desconcierto del PSOE en materia de inmigración le ha llevado a defender iniciativas tan sorprendentes como la que realizó el pasado verano la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias de este partido, al proponer que los inmigrantes que desearan venir a España participaran en un sorteo que se realizaría en aquellos países que ejercen mayor presión migratoria hacia España, un modelo similar al que mantiene actualmente Estados Unidos. Los hechos hablan por sí solos y demuestran bien a las claras que el resultado de tanta palabrería y tanta soberbia no podía ser más desastroso. Sin diálogo, sin comprender la complejidad de los fenómenos migratorios y sin entender la necesidad que España tiene de asumir como un elemento positivo la inmigración, no se podía esperar otra cosa. Lo peor de esta situación es la dolorosa herencia que todo ello está dejando, para nuestra sociedad y para nuestra democracia. Carlos Gómez Gil es investigador de Bakeaz y dirige el Seminario de Inmigración de la Universidad de Alicante (cgomezgil@bakeaz.org). © Carlos Gómez Gil, 2002; © Bakeaz, 2002. Publicado en El Correo, 6 de marzo de 2002.