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La
hora de la verdad
En las semanas precedentes, la UE había dado algunos pasos esperanzadores de cara a poner fin a la etapa abúlica en la que se había sumergido tras el 11-S. El 9 de febrero, en el curso de una reunión informal celebrada en Cáceres, los ministros de Asuntos Exteriores coincidieron en que la inmediata creación de un Estado palestino era la única alternativa para salir del 'impasse' en el que se haya sumido el proceso de paz desde el triunfo electoral de Ariel Sharon. Además, los asistentes a la reunión remarcaron la necesidad de recuperar la perspectiva histórica y anteponer los derechos políticos palestinos a las consideraciones securitarias israelíes. De esta manera se trazaba una clara línea divisoria entre la política exterior europea y los planes de la administración Bush, cada vez más deseosa de proseguir su campaña antiterrorista contra el denominado 'eje del mal', nombre que el presidente norteamericano utilizó en su discurso sobre el estado de la Unión para referirse al triángulo de países formado por Irán, Iraq y Corea del Norte. Ya antes de este encuentro informal de Cáceres, los ministros de Exteriores de la UE se reunieron el 28 de enero en Bruselas para anunciar su preocupación "por la destrucción de las infraestructuras palestinas y de otras instalaciones que ayudan a los palestinos en su desarrollo económico, social y humanitario y que son financiadas por la UE y otros donantes". En una lista confeccionada para la ocasión, se recogía un total de 17 infraestructuras destruidas por el ejército israelí y valoradas en 17,3 millones de euros; entre ellas se encontraba el aeropuerto internacional de Gaza (con un coste total de 9 millones, costeados por España y Alemania), la radio Voz de Palestina o el puerto de Gaza. Otros edificios afectados por los ataques que difícilmente podían servir para planificar ataques terroristas fueron el hotel Intercontinental de Belén, destrozado por la tropa israelí tras emplearlo como acuartelamiento de lujo, un laboratorio médico de Gaza, varias escuelas de Tulkarm y Yanin, los sistemas de irrigación de Jericó o la Oficina Central de Estadísticas (cuyos archivos y ordenadores fueron requisados). La UE, como rezaba la declaración, se reservaba el derecho a pedir reparaciones, pero no exigía cuentas al Gobierno israelí por su bélico proceder. Todas estas reuniones muestran algo más que el respaldo europeo a la Autoridad Palestina (AP) y al acosado Yaser Arafat (el único premio Nobel de la Paz en activo que se encuentra bajo arresto). El pensador francés Bernard Ravenel advirtió en un esclarecedor artículo publicado hace unos meses de los riesgos que podría acarrear para la UE la adopción de una actitud de comparsa de "la política de seguridad americana-israelí, prisionera de su componente casi exclusivamente militar, que tiende a prolongar el conflicto hasta el infinito". Por ello, la UE ha considerado que una buena manera de recuperar su iniciativa es desempolvar la Declaración de Berlín de 1999, en la cual los Quince reafirmaron "el permanente e incondicional derecho palestino a la autodeterminación, incluida la opción de un Estado", sin que éste estuviese sujeto a ningún veto (ni por parte israelí ni por parte norteamericana) porque "sería la mejor garantía para la seguridad de Israel y para que Israel sea reconocido como un socio en términos de igualdad en la región". Por todo ello la actual implicación europea en las movedizas arenas de Oriente Medio no es fortuita. A pesar de la complejidad de la situación, el hilo de comunicación entre israelíes y palestinos nunca llegó a romperse. En el mes de diciembre una serie de reuniones al más alto nivel -entre Simón Peres, ministro de Asuntos Exteriores israelí, y Abu Ala, portavoz del Consejo Legislativo Palestino- pusieron de manifiesto que una solución negociada estaba mucho más cerca de lo que muchos podían llegar a imaginar. El objetivo de estos encuentros era, según filtraciones de los equipos negociadores, sumamente ambicioso. En una primera fase, los palestinos se comprometerían a detener la Intifada y a decomisar el armamento ilegal, mientras que Israel reconocería de manera inmediata un mini-Estado palestino sobre cerca del 50% de los territorios ocupados, levantaría los asedios de las ciudades autónomas, congelaría la colonización, finalizaría su política de asesinatos selectivos y permitiría el despliegue de tropas norteamericanas encargadas de garantizar el cese de las hostilidades. En la segunda fase, de un año de duración, se abordarían las cuestiones más espinosas de la negociación: las fronteras, los refugiados, los asentamientos, la seguridad, el agua o Jerusalén. Este esquema negociador, que lleva el inconfundible sello de Peres pero que también recuerda sospechosamente al maximalista Plan Sharon, encierra no pocos riesgos. El más peligroso de ellos es el de intentar imponer como solución definitiva del conflicto palestino-israelí la solución interina alcanzada en 1993. Pese a que nadie discute el rotundo fracaso de un proceso de Oslo que ha anegado de sangre los territorios autónomos palestinos y las ciudades israelíes, Simón Peres intenta ahora revestirlo con un nuevo ropaje para recuperarlo como modelo de negociación. Ante esta delicada coyuntura es imprescindible que la UE defienda de manera inequívoca algo más que la creación de un Estado independiente y soberano: un Estado con unas fronteras reconocidas y viables en lugar del Estado difuso y sin contornos que auspicia el actual gobierno de Unidad Nacional israelí. Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es autor del libro 'El miedo a la paz. De la guerra de los Seis Días a la segunda Intifada' (Madrid, 2001) y editor de 'Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta' (Madrid, 2003) (ialvarez@bakeaz.org). ©
Ignacio Álvarez-Ossorio, 2002; © Bakeaz, 2002. |