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Las
ecotasas que nos vienen
Una tasa es un pago que debemos realizar por disfrutar de un servicio. Por ejemplo, la tasa de la basura es el pago al servicio de su recogida y tratamiento. Por otro lado, los impuestos gravan multitud de actuaciones y no tienen carácter finalista, es decir, la recaudación va a la caja común. La imposición ambiental puede tener diversas funciones: frenar o eliminar los procesos de degradación, financiar la mejora ambiental, o ambas cosas a la vez. La imposición ambiental se suele reducir al primer caso, el defensivo, pero no hay razón para que sea así. En el segundo caso la imposición tiene carácter finalista, aunque en el primero a veces también. Dada la ambigüedad de la definición del concepto de tasa, se ha popularizado el término 'ecotasa', si bien es una traducción equivocada del término inglés 'ecotax', porque 'tax' significa impuesto. Teniendo en cuenta la ambigüedad existente en la fiscalidad por motivos ecológicos y que las iniciativas que comentaré son descritas como ecotasas, utilizaré este término. La proliferación de las ecotasas se produce por múltiples razones: 1) La constatación de que muchas actividades generan impactos ecológicos que ocasionan, entre otros aspectos, costes económicos para la sociedad cuyos responsables no los soportan. Algunos ejemplos son los impactos de la agricultura industrial y del transporte por carretera, y los precios por debajo de los costes de la gestión de la basura urbana o del suministro de agua. Aquí conviene hacer la precisión de que es imposible valorar monetariamente todos los impactos, pero es evidente que hay costes perfectamente calculables y otros que se pueden estimar con un alto grado de fiabilidad, y es de justicia y bueno para el ambiente que los responsables carguen con ellos. 2) Muchos países comunitarios las vienen aplicando desde hace tiempo, y en muchos casos con buenos resultados. 3) La Unión Europea las recomienda y está aprobando directivas (sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos, vertidos, transporte, reciclado de automóviles, etc.) que obligan a los responsables de los impactos a pagar por ellos o a correr con los costes de evitarlos. 4) Sobre todo los gobiernos municipales y autonómicos se ven crecientemente presionados por la opinión pública a conservar la naturaleza, y por lo general disponen de recursos financieros escasos. Entre las iniciativas autonómicas más importantes se encuentran las siguientes: Extremadura grava la producción hidroeléctrica; Galicia viene gravando desde 1995 las emisiones de grandes centros de producción, como las centrales eléctricas que queman lignito o carbón; Cataluña ha introducido ecotasas semejantes y pretende introducir otra antes de 2004 sobre depósitos de residuos en vertederos; Castilla-La Mancha ha aprobado a finales del año 2000 un paquete de ecotasas que gravan grandes actividades contaminantes (la generación de electricidad termonuclear y el almacenamiento de los residuos que produce, las emisiones de gases invernadero de centrales térmicas de electricidad, de cementeras, etc.) y espera recaudar 3.000 millones anuales; el Gobierno balear pretende cobrar dentro de dos meses una ecotasa a los turistas, y algo semejante quiere hacer el Gobierno de Aragón. La iniciativa balear se enfrenta al recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que pide la suspensión cautelar alegando falta de competencias de las autonomías y daño irreparable porque no se puede devolver el dinero a los turistas. Pero éste acaba de aprobar su implantación mientras dicta sentencia. De todas formas, hace unos meses el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un sistema de impuestos que gravaba diversas actividades empresariales con incidencia negativa en el ambiente, implantado por el Gobierno balear del Partido Popular en 1991, ante una denuncia del Gobierno del PSOE. Esto no parece ir en consonancia con la dinámica comunitaria, ni con la de descentralización fiscal que está promoviendo el Gobierno central. Estos impuestos han contado siempre con el rechazo de los grandes empresarios. Se han pronunciado en contra la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, las Cámaras de Comercio de Baleares, los grandes operadores turísticos, etc. Pero la ecotasa balear es defendida por el empresariado pequeño y medio. La ciudadanía se muestra reacia a pagar más impuestos aunque tengan el cartel de ecológicos. Soy de la opinión de que, en general, la imposición ambiental no debe dar lugar a más presión fiscal, y no porque esté en contra de ella por principio, sino porque su impopularidad va a impedir avanzar hacia la imprescindible reforma ecológica del sistema fiscal. Pero, aunque la presión media no se altere, esto no quiere decir que la individual tampoco lo haga. Los agentes cuyo comportamiento sea más antiecológico verán aumentar sus impuestos y lo contrario ocurrirá con los más ecológicos. Por ejemplo, se gravará más el uso del automóvil y los ingresos derivados podrán ser utilizados para mejorar la red de transportes colectivos e incluso abaratar su uso. De este modo, el usuario del automóvil pagará más impuestos y el de transporte colectivo menos, o verá mejorado el servicio con igual coste. Estas reflexiones permiten analizar el caso de la ecotasa balear sobre el turismo, que gravará un euro de media por persona y noche. El impuesto varía según la categoría del alojamiento, entre dos euros para los hoteles de cinco estrellas y medio euro para los de una y dos. Este impuesto ha sido objeto de fuertes críticas. Los economistas ortodoxos suelen opinar que no es una ecotasa, con los argumentos de que no grava actuaciones impactantes y no tiene vocación de desaparecer. No comparto estas opiniones. La ecotasa balear puede fundamentarse tanto en razones defensivas como restauradoras, siendo ambas facetas muy difíciles de separar. El turismo es una actividad que ejerce en general una presión sobre el medio y debe soportar los costes de restauración o compensación. Además, es legítimo que una comunidad que pretende dar un mejor servicio ambiental al turista mediante la recuperación del entorno cobre por la mejora del servicio. Se puede argumentar que esto es contradictorio con mi defensa de la neutralidad fiscal, pero no es así, es un criterio general que tiene excepciones. En este caso se justifica por el mejor servicio y porque las personas gravadas, al no ser residentes, no están sujetas al régimen impositivo general, por lo que la compensación impositiva resulta difícil, por no decir imposible. Los grandes empresarios baleares rechazan la ecotasa con diversos argumentos, como lo ha hecho en este periódico Joan Bufí Arabí, presidente de la asociación de hoteleros de Ibiza y Formentera. Dice que los turistas no son los únicos responsables de la degradación ambiental, por lo que no sólo ellos deben pagar. Es cierto, pero los residentes ya pagan otros muchos impuestos y es lógico que el turismo pague por la presión que ejerce y, como he indicado antes, por la mejor calidad del servicio ambiental. Además, augura la depresión del turismo. Pero toda su argumentación se viene abajo al calificar la ecotasa de 'limosna'. Si es tan pequeña, no se justifica una reacción tan fuerte. Los hoteleros deben darse cuenta de que no ofrecen sólo plazas hoteleras sino también los servicios de su entorno natural, y su conservación y mejora es tarea del Gobierno y tiene derecho a recaudar para ello. De esta forma protege el futuro de sus empresas. Ya el 50% de los turistas alemanes y el 38% de los turistas británicos afirman que la calidad ambiental es un elemento básico de su elección del lugar vacacional. Y este segmento está creciendo. Roberto Bermejo es profesor de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz (rbermejo@bakeaz.org). ©
Roberto Bermejo, 2002; © Bakeaz, 2002. |