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Inmigración
y delincuencia, un interesado binomio
Ironías aparte, la importancia del problema exige serenar el debate y evitar explicaciones fáciles a fenómenos sumamente complejos. En primer lugar, tenemos que entender que la seguridad es un derecho cierto, mucho más necesario en unas sociedades cada vez más vulnerables por su complejidad y globalidad. Defender esta seguridad es defender también la convivencia democrática, y esto hay que decirlo así de claro, sin falsos prejuicios progresistas. Nuestros Estados tienen que garantizarnos esta seguridad con niveles aceptables de gasto público, libertad ciudadana y garantías jurídicas. Por ello, tendríamos que reflexionar sobre las consecuencias de unas políticas que han privatizado la seguridad, precarizando medios y recursos en defensa de un estúpido déficit cero, siendo la más palpable de todas ellas la reducción de todos los servicios a los ciudadanos. Al mismo tiempo, al hablar de seguridad ciudadana tendríamos que diferenciar dos problemas con efectos muy dispares: por una parte, los delitos cometidos por profesionales de la delincuencia que llevan a cabo hechos muy graves y de un gran impacto social, y por otra, aquellos más cercanos al vandalismo o la delincuencia de subsistencia, ligados en no pocas ocasiones a situaciones de exclusión, marginación y falta de salidas. Habitualmente metemos todo en un mismo saco, causas y consecuencias, delincuentes y sospechosos, convirtiendo además a los inmigrantes en víctimas de todo tipo de discriminación, en las cabezas de turco que a muchos cargos públicos irresponsables les permiten justificar su ineficacia. Los mismos que asocian el incremento de la delincuencia a la inmigración no han querido explicarnos cómo desde sus responsabilidades han fracasado con los planes de seguridad puestos en marcha, por qué motivos han reducido efectivos y medios, habiendo convertido la justicia en algo ineficaz. Y paradójicamente, en esta lista de responsables públicos están altos cargos de los ministerios de Interior y Justicia. Algo muy significativo, ya que pone de manifiesto cómo se está utilizando la delincuencia como elemento simplificador de esta sociedad para defender su homogeneidad (nacional, racial, étnica, documental, etc.), excluyendo de ella a los otros, sin valorar los costes ni la herencia de este ejercicio de irresponsabilidad, en el que, además, los inmigrantes son convertidos en el máximo exponente de visibilidad mediática a quien poder echar las culpas. La complejidad de la delincuencia demuestra cómo, al hablar sólo de medidas punitivas sin trabajar también en las causas sociales que hay alrededor de muchos pequeños delitos y la necesidad de evitar muchas situaciones de marginación deliberada relacionadas con ellos, existen verdaderos deseos en algunos de criminalizar la imagen de los inmigrantes, dando un peligroso paso xenófobo al establecer esta relación tan quebradiza entre la inmigración y la delincuencia, que tendrá un importante coste social. Porque, ¿cómo explicar que se haya establecido esta matemática relación, cuando el número de inmigrantes ha crecido en España un 167% en los últimos cuatro años, mientras que las tasas de delincuentes extranjeros sólo lo han hecho en un 9%? ¿Cómo puede ser que se empeñen en dar esta imagen delincuente de la inmigración, cuando en estos momentos y gracias a los inmigrantes se ha alcanzado un superávit histórico en la Seguridad Social, habiendo crecido el número de cotizantes extranjeros en tan sólo dos años cerca de un 100%? Son datos concluyentes que se nos están escamoteando de forma deliberada para descargar responsabilidades, simplificar un fenómeno complejo y evitar entrar en la verdadera naturaleza del problema y en los muchos ángulos que tiene la cuestión. Y sobre todo, para evitar dar cuenta de los estrepitosos fracasos por parte de algunos delegados y subdelegados del Gobierno. Algunos tratan así de eludir sus responsabilidades, sin asumir que en estos momentos en toda España, por poner un ejemplo muy ilustrativo, este Gobierno mantiene en la absoluta marginación, sin posibilidad de trabajar legalmente y con ello de mantenerse autónomamente, a unos 180.000 inmigrantes a los que desde hace meses no se les facilitan sus papeles. Asimismo, las oficinas de extranjeros se encuentran en una situación de colapso operativo, sin que nadie públicamente haya comparecido para dar una mínima explicación y tranquilizar a unos y a otros. Aquellos que acusan a los inmigrantes de la delincuencia se convierten en delincuentes con estos mismos inmigrantes, al incumplir las leyes vigentes que obligan a facilitarles en un plazo no superior a los tres meses la resolución de los expedientes que solicitan. Una curiosa paradoja que ilustra hasta qué punto se ha convertido a los inmigrantes en los chivos expiatorios idóneos para muchos irresponsables. Carlos
Gómez Gil es investigador de Bakeaz y dirige el Seminario
de Inmigración ©
Carlos Gómez Gil, 2002; © Bakeaz, 2002. |