Medios de comunicacion

Apagones insostenibles
Roberto Bermejo

El viernes 14 de diciembre se produjo un corte del suministro eléctrico en la provincia de Barcelona por un fallo en una subestación que ocasionó la paralización en cadena de varias más del área metropolitana de Barcelona, todo ello en un momento en el que Cataluña estaba demandando una cantidad de energía anormalmente alta por la ola de frío. Sólo en la ciudad de Barcelona el 20% de los usuarios se quedó sin electricidad. El lunes siguiente, cuando aún se estaban produciendo cortes intermitentes en Cataluña, Red Eléctrica, la empresa propietaria de la red de alta tensión, obligó a Unión Fenosa e Iberdrola a reducir el suministro eléctrico a Madrid y Valencia debido al peligro de colapso de toda la red, como consecuencia de la inusual demanda a la hora punta (19 horas) por la ola de frío. Se estima que el corte afectó a 350.000 abonados en la Comunidad Valenciana y a cerca de medio millón en la de Madrid.

Dos factores han provocado los cortes, a pesar de que la potencia instalada (52.000 megavatios) sea muy superior a la necesaria para satisfacer la demanda extraordinaria (35.500 MW). Uno es el aporte anormalmente bajo de las centrales hidroeléctricas por la poca cantidad de agua embalsada (10.000 MW menos de lo normal), y de los parques eólicos debido a la situación anticiclónica que ha tenido lugar (la prensa ha estimado 2.000 MW, pero parece exagerada, porque la potencia instalada se sitúa en torno a los 3.000 MW), y el que estén paradas varias centrales térmicas con una potencia de 4.000 MW. Teniendo en cuenta que había potencia suficiente y que se podía importar de Francia, como es tradicional en ciertas épocas del año, este factor no habría sido determinante de no ser por otro: la red de distribución es inadecuada, de tal manera que, aunque exista capacidad de generación, no la hay de transporte a determinados centros de consumo.

Las reacciones han sido múltiples. Varios miembros de los partidos de la oposición han reaccionado con malestar, denunciando una supuesta situación tercermundista. Algunos han exigido la construcción de más centrales, mientras que otros han atribuido la culpa a las compañías eléctricas por falta de previsión y de inversiones y al Gobierno por dejación. Se ha denunciado especialmente el que las compañías hayan cobrado más de medio billón de pesetas en los tres últimos años en concepto de 'garantía' de suministro, y que no hayan invertido apenas en la mejora de la red de distribución y sí en diversificación de los negocios y en el extranjero. También se ha destacado que, a pesar de que el sector eléctrico espera unos beneficios de 400.000 millones de pesetas para este año, pide al Gobierno unas tarifas más altas para 'garantizar un abastecimiento de calidad'.

Llama la atención que en este debate no se hayan introducido argumentos estructurales y de sostenibilidad, lo que pone de manifiesto el pensamiento desarrollista y continuista imperante, según el cual el modelo energético es adecuado y lo único que hace falta es que el Gobierno 'meta en cintura' a las empresas para que garanticen un servicio seguro y barato invirtiendo más en la red y en nuevas plantas convencionales. El hecho de que el consumo de electricidad lleve años creciendo más del 5% anual no es un problema, sino que demuestra, en palabras del Gobierno, "la robustez del sector". En contra de esta opinión, creo que el mantenimiento del modelo energético actual es antieconómico, insostenible y cada vez será más incapaz de garantizar un suministro seguro, y que, por el contrario, existe un gran potencial de ahorro, de seguridad y de sostenibilidad en la revolución energética que se está produciendo.

Que el consumo eléctrico crezca por encima del 5% supone, por un lado, duplicarlo cada 12-13 años y, por otro, que supere el crecimiento del producto económico. Es decir, el crecimiento se 'materializa', lo contrario de lo que pretende la Unión Europea, 'desmaterializarlo', que es la única forma de que sea sostenible. Hay un olvido total del enorme potencial existente de ahorrar energía de forma rentable y de crear empleo. La OCDE estima que las empresas pueden ahorrar entre el 10 y el 30% de la energía con pequeñas o nulas inversiones. El potencial de ahorro rentable de las viviendas y oficinas es muy superior. Dinamarca, país pionero en eficiencia energética, ha certificado desde 1998 la eficiencia energética de 160.000 viviendas, y conseguirla ha supuesto un gasto de 25 millones de euros, pero el ahorro resultante se estima en 125 millones de euros. De todas formas, la Unión Europea espera aprobar una directiva sobre eficiencia energética en el primer semestre de 2002, estableciendo como objetivo un ahorro del 20%, que es modesto en relación con el potencial pero importante.

No se tiene en cuenta el cambio climático que se está produciendo ni el compromiso del Gobierno español, en virtud del acuerdo de Kioto, de no sobrepasar el incremento de emisiones de CO2 del 15% en el período 1990-2010. La Unión Europea obliga a todos los Estados miembros a ratificarlo en el próximo semestre para poder presentarlo en la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se celebrará el próximo mes de junio en Johannesburgo. Además, España se ve doblemente obligada por desempeñar la presidencia comunitaria. Sin embargo, tiene hasta ahora el peor currículo. Lleva casi una década boicoteando en solitario una directiva que pretende gravar las emisiones de CO2, lo que ha obligado a la mayor parte de los Estados miembros a implantarla individualmente; en este momento, once ya lo han hecho. Ha superado ya ampliamente su compromiso de limitar el incremento de emisiones de CO2 a un 15% en el período 1990-2010, como lo ha certificado recientemente la Agencia Europea de Medio Ambiente, lo cual significa que en la próxima década tendrá que disminuir sus emisiones. Pero esto es imposible si se mantienen las actuales dinámicas de crecimiento del consumo de electricidad y de transporte por carretera. Este comportamiento resulta paradójico cuando se constata que la península ibérica es una de las zonas del mundo que se está viendo más afectada, tal como reconocen, por ejemplo, el Informe Acacia de la Unión Europea y uno reciente del Hadley Centre, cuyas previsiones indican un incremento de hasta 6 °C para el año 2080 en varias zonas del mundo, entre las que se encuentra gran parte de la península.

Por último, se ignora que estamos inmersos en una revolución tecnológica cuyas características son la eficiencia energética y económica, la sostenibilidad y la seguridad. Esta revolución se basa en la microgeneración eléctrica, también llamada generación distribuida, que constituye la primera tendencia del siglo XXI de las 21 que pronostica la revista 'Business Week'. Está creciendo rápidamente el uso de pequeñas centrales de generación eléctrica, lo que hace posible que cada consumidor (desde una vivienda hasta una empresa con alto consumo) tenga la solución tecnológica y económica de producir su propia electricidad. Las soluciones van desde las plantas de cogeneración hasta las pilas de combustibles, pasando por los parques eólicos o las placas fotovoltaicas. Este sistema es más eficiente, en muchos casos ya más económico y siempre más seguro. Es más seguro, porque los cortes de suministro que está provocando una climatología cada vez más extrema se deben a fallos en la red de distribución y el sistema de generación distribuida responde mejor a este tipo de problemas por ser descentralizado y diversificado. Por poner un ejemplo de la dinámica de la tecnología más embrionaria de las citadas, la empresa estatal del estado de Nueva York acaba de comprar 55 pilas de combustible por un valor de 7 millones de dólares dentro de un programa para la instalación de 75 de estos sistemas.

Roberto Bermejo es profesor de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz (rbermejo@bakeaz.org).

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	Apagones insostenibles Roberto Bermejo El viernes 14 de diciembre se produjo un corte del suministro eléctrico en la provincia de Barcelona por un fallo en una subestación que ocasionó la paralización en cadena de varias más del área metropolitana de Barcelona, todo ello en un momento en el que Cataluña estaba demandando una cantidad de energía anormalmente alta por la ola de frío. Sólo en la ciudad de Barcelona el 20% de los usuarios se quedó sin electricidad. El lunes siguiente, cuando aún se estaban produciendo cortes intermitentes en Cataluña, Red Eléctrica, la empresa propietaria de la red de alta tensión, obligó a Unión Fenosa e Iberdrola a reducir el suministro eléctrico a Madrid y Valencia debido al peligro de colapso de toda la red, como consecuencia de la inusual demanda a la hora punta (19 horas) por la ola de frío. Se estima que el corte afectó a 350.000 abonados en la Comunidad Valenciana y a cerca de medio millón en la de Madrid. Dos factores han provocado los cortes, a pesar de que la potencia instalada (52.000 megavatios) sea muy superior a la necesaria para satisfacer la demanda extraordinaria (35.500 MW). Uno es el aporte anormalmente bajo de las centrales hidroeléctricas por la poca cantidad de agua embalsada (10.000 MW menos de lo normal), y de los parques eólicos debido a la situación anticiclónica que ha tenido lugar (la prensa ha estimado 2.000 MW, pero parece exagerada, porque la potencia instalada se sitúa en torno a los 3.000 MW), y el que estén paradas varias centrales térmicas con una potencia de 4.000 MW. Teniendo en cuenta que había potencia suficiente y que se podía importar de Francia, como es tradicional en ciertas épocas del año, este factor no habría sido determinante de no ser por otro: la red de distribución es inadecuada, de tal manera que, aunque exista capacidad de generación, no la hay de transporte a determinados centros de consumo. Las reacciones han sido múltiples. Varios miembros de los partidos de la oposición han reaccionado con malestar, denunciando una supuesta situación tercermundista. Algunos han exigido la construcción de más centrales, mientras que otros han atribuido la culpa a las compañías eléctricas por falta de previsión y de inversiones y al Gobierno por dejación. Se ha denunciado especialmente el que las compañías hayan cobrado más de medio billón de pesetas en los tres últimos años en concepto de 'garantía' de suministro, y que no hayan invertido apenas en la mejora de la red de distribución y sí en diversificación de los negocios y en el extranjero. También se ha destacado que, a pesar de que el sector eléctrico espera unos beneficios de 400.000 millones de pesetas para este año, pide al Gobierno unas tarifas más altas para 'garantizar un abastecimiento de calidad'. Llama la atención que en este debate no se hayan introducido argumentos estructurales y de sostenibilidad, lo que pone de manifiesto el pensamiento desarrollista y continuista imperante, según el cual el modelo energético es adecuado y lo único que hace falta es que el Gobierno 'meta en cintura' a las empresas para que garanticen un servicio seguro y barato invirtiendo más en la red y en nuevas plantas convencionales. El hecho de que el consumo de electricidad lleve años creciendo más del 5% anual no es un problema, sino que demuestra, en palabras del Gobierno, "la robustez del sector". En contra de esta opinión, creo que el mantenimiento del modelo energético actual es antieconómico, insostenible y cada vez será más incapaz de garantizar un suministro seguro, y que, por el contrario, existe un gran potencial de ahorro, de seguridad y de sostenibilidad en la revolución energética que se está produciendo. Que el consumo eléctrico crezca por encima del 5% supone, por un lado, duplicarlo cada 12-13 años y, por otro, que supere el crecimiento del producto económico. Es decir, el crecimiento se 'materializa', lo contrario de lo que pretende la Unión Europea, 'desmaterializarlo', que es la única forma de que sea sostenible. Hay un olvido total del enorme potencial existente de ahorrar energía de forma rentable y de crear empleo. La OCDE estima que las empresas pueden ahorrar entre el 10 y el 30% de la energía con pequeñas o nulas inversiones. El potencial de ahorro rentable de las viviendas y oficinas es muy superior. Dinamarca, país pionero en eficiencia energética, ha certificado desde 1998 la eficiencia energética de 160.000 viviendas, y conseguirla ha supuesto un gasto de 25 millones de euros, pero el ahorro resultante se estima en 125 millones de euros. De todas formas, la Unión Europea espera aprobar una directiva sobre eficiencia energética en el primer semestre de 2002, estableciendo como objetivo un ahorro del 20%, que es modesto en relación con el potencial pero importante. No se tiene en cuenta el cambio climático que se está produciendo ni el compromiso del Gobierno español, en virtud del acuerdo de Kioto, de no sobrepasar el incremento de emisiones de CO2 del 15% en el período 1990-2010. La Unión Europea obliga a todos los Estados miembros a ratificarlo en el próximo semestre para poder presentarlo en la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se celebrará el próximo mes de junio en Johannesburgo. Además, España se ve doblemente obligada por desempeñar la presidencia comunitaria. Sin embargo, tiene hasta ahora el peor currículo. Lleva casi una década boicoteando en solitario una directiva que pretende gravar las emisiones de CO2, lo que ha obligado a la mayor parte de los Estados miembros a implantarla individualmente; en este momento, once ya lo han hecho. Ha superado ya ampliamente su compromiso de limitar el incremento de emisiones de CO2 a un 15% en el período 1990-2010, como lo ha certificado recientemente la Agencia Europea de Medio Ambiente, lo cual significa que en la próxima década tendrá que disminuir sus emisiones. Pero esto es imposible si se mantienen las actuales dinámicas de crecimiento del consumo de electricidad y de transporte por carretera. Este comportamiento resulta paradójico cuando se constata que la península ibérica es una de las zonas del mundo que se está viendo más afectada, tal como reconocen, por ejemplo, el Informe Acacia de la Unión Europea y uno reciente del Hadley Centre, cuyas previsiones indican un incremento de hasta 6 °C para el año 2080 en varias zonas del mundo, entre las que se encuentra gran parte de la península. Por último, se ignora que estamos inmersos en una revolución tecnológica cuyas características son la eficiencia energética y económica, la sostenibilidad y la seguridad. Esta revolución se basa en la microgeneración eléctrica, también llamada generación distribuida, que constituye la primera tendencia del siglo XXI de las 21 que pronostica la revista 'Business Week'. Está creciendo rápidamente el uso de pequeñas centrales de generación eléctrica, lo que hace posible que cada consumidor (desde una vivienda hasta una empresa con alto consumo) tenga la solución tecnológica y económica de producir su propia electricidad. Las soluciones van desde las plantas de cogeneración hasta las pilas de combustibles, pasando por los parques eólicos o las placas fotovoltaicas. Este sistema es más eficiente, en muchos casos ya más económico y siempre más seguro. Es más seguro, porque los cortes de suministro que está provocando una climatología cada vez más extrema se deben a fallos en la red de distribución y el sistema de generación distribuida responde mejor a este tipo de problemas por ser descentralizado y diversificado. Por poner un ejemplo de la dinámica de la tecnología más embrionaria de las citadas, la empresa estatal del estado de Nueva York acaba de comprar 55 pilas de combustible por un valor de 7 millones de dólares dentro de un programa para la instalación de 75 de estos sistemas. Roberto Bermejo es profesor de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz (rbermejo@bakeaz.org). © Roberto Bermejo, 2001; © Bakeaz, 2001. Publicado en El Correo, 27 de diciembre de 2001.