Medios de comunicacion

Un pueblo sin defensor
Carlos Gómez Gil

El tránsito hacia la democracia que nuestro país hizo en las pasadas décadas permitió dotarnos de instituciones sociales y jurídicas que trataban de velar por los derechos fundamentales y las libertades de todos los ciudadanos, pero especialmente de aquellos que por su condición social o personal pudieran encontrarse en una mayor indefensión. Precisamente, el Defensor del Pueblo, figura nueva traída de los sistemas políticos del norte de Europa, donde cuenta con una larga tradición, apuntaba en esta dirección, haciendo hincapié desde sus inicios en la defensa de los derechos de los más desprotegidos frente a las acciones u omisiones del Estado y de sus administraciones. Hasta el punto de que, a lo largo de los años en que esta institución viene funcionando, le ha tocado enfrentarse en no pocas ocasiones con gobiernos estatales, autonómicos y locales que, como bien se puede leer en sus detalladas memorias, colocan en situación de desprotección a miles de personas a las que con frecuencia se les violan sus derechos más elementales.

Las personas que han estado a su frente han mantenido siempre una exquisita discreción pública, sabedoras de la importancia social de su papel y de la necesidad de mantener una prudente distancia con gobiernos e instituciones a los que con frecuencia tienen que interpelar, exigiendo respeto para con sus ciudadanos. Precisamente por ello se han ganado el respeto y el aprecio de todos nosotros personas como Joaquín Ruiz Jiménez o Álvaro Gil Robles, quienes cumplieron con eficacia y dignidad las funciones que tenían encomendadas. Pero la llegada de Enrique Múgica a esta institución ha supuesto un punto de ruptura importante con el prestigio, la trayectoria y el respaldo social con que el Defensor del Pueblo contaba.

El nombramiento de Múgica ya comenzó con mal pie, cuando el Gobierno anunció su candidatura sin contar con el acuerdo previo y el consenso del resto de la oposición. Tengamos en cuenta que este cargo requiere de una mayoría cualificada del Parlamento, de quien depende y a quien sirve. Nuestro nuevo Defensor puede presumir de ser el primero que no goza del respaldo absoluto de todos los grupos políticos parlamentarios, algo que no importó al PP y que tampoco parecía importar al propio Enrique Múgica, quien a los pocos días de ser nombrado se despachó con unas declaraciones insultantes contra los partidos nacionalistas, especialmente contra los nacionalistas vascos. En su trayectoria reciente muchos problemas sociales de gravedad se han producido en nuestro país sin que hayan contado con su interés y atención preferente. En especial, donde este Defensor viene alcanzando su apoteosis es en la defensa de los inmigrantes, uno de los colectivos sociales más desprotegidos y en mayor situación de vulnerabilidad. Recordarán cómo hace pocos meses, en pleno debate sobre la improcedencia de la Ley de Extranjería que de manera apresurada modificó este Gobierno, el señor Múgica se negó a promover el recurso de inconstitucionalidad solicitado por cerca de 800 colectivos sociales, sindicales y ciudadanos de todo el país; una actuación sin precedentes en la historia de esta institución.

Y con una obstinación encomiable, ha vuelto a difundir comentarios y manifestaciones deplorables sobre los inmigrantes, que demuestran su escasa capacidad de ponderación y su particular visión de los inmigrantes. Por un lado, se despacha afirmando que "España debe establecer acuerdos de inmigración con Latinoamérica, dado que ésta tiene una cultura común a la nuestra". Supongo que el señor Múgica desconoce que tiene que velar por el respeto hacia todas las personas, sin que la cultura, la religión o cualquier otra situación puedan desempeñar un papel de discriminación previo, ya que ello conculcaría leyes fundamentales, además de ser un elemento xenófobo. Pero, no contento con esto, añade que "la forma de detener los flujos masivos de inmigrantes debe realizarse a través de la Guardia Civil", una afirmación que le coloca como un auténtico troglodita, al ignorar que las migraciones son un fenómeno continuo en la forma y permanente en el tiempo que se va a seguir dando mientras subsistan las impresionantes diferencias económicas en que vive la mayor parte de la humanidad. La visión policial que este Defensor tiene de la inmigración no parece haber funcionado en ningún país, y menos en el nuestro, ni tan siquiera cuando este Gobierno ha empleado más de 20.000 millones de pesetas en impermeabilizar el Estrecho. Sus recientes declaraciones en la Universidad Rey Juan Carlos, lejos de matizar, aclarar o ponderar las anteriores polémicas, han vuelto a llenar de estupor y sorpresa a las muchas personas y organizaciones que venimos trabajando a favor de los inmigrantes desde hace muchos años, al afirmar que "detrás de los inmigrantes que vienen siempre están las mafias", o señalar que los inmigrantes implantan valores en contra de la igualdad de la mujer. Este tipo de declaraciones nos hace pensar que Enrique Múgica va a pasar a la historia por su miseria moral y política, así como por su falta de rigor, tacto, sentido común y prudencia.

Todos estos desatinos deben llevarnos a pedir de la Defensoría una actuación mucho más escrupulosa y garantista en la defensa de los colectivos más desprotegidos, justamente lo contrario de lo que viene haciendo Enrique Múgica, capaz de recomendar sin el menor asomo de vergüenza que si queremos seguridad en nuestras vidas, "contratemos seguridad privada". Pero somos muchos los que nos preguntamos, ¿qué hacía este señor en las filas socialistas, si tan cómodo se siente entre los gobernantes populares?

Carlos Gómez Gil es investigador de Bakeaz y dirige el Seminario de Inmigración
de la Universidad de Alicante (cgomezgil@bakeaz.org).

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	Un pueblo sin defensor Carlos Gómez Gil El tránsito hacia la democracia que nuestro país hizo en las pasadas décadas permitió dotarnos de instituciones sociales y jurídicas que trataban de velar por los derechos fundamentales y las libertades de todos los ciudadanos, pero especialmente de aquellos que por su condición social o personal pudieran encontrarse en una mayor indefensión. Precisamente, el Defensor del Pueblo, figura nueva traída de los sistemas políticos del norte de Europa, donde cuenta con una larga tradición, apuntaba en esta dirección, haciendo hincapié desde sus inicios en la defensa de los derechos de los más desprotegidos frente a las acciones u omisiones del Estado y de sus administraciones. Hasta el punto de que, a lo largo de los años en que esta institución viene funcionando, le ha tocado enfrentarse en no pocas ocasiones con gobiernos estatales, autonómicos y locales que, como bien se puede leer en sus detalladas memorias, colocan en situación de desprotección a miles de personas a las que con frecuencia se les violan sus derechos más elementales. Las personas que han estado a su frente han mantenido siempre una exquisita discreción pública, sabedoras de la importancia social de su papel y de la necesidad de mantener una prudente distancia con gobiernos e instituciones a los que con frecuencia tienen que interpelar, exigiendo respeto para con sus ciudadanos. Precisamente por ello se han ganado el respeto y el aprecio de todos nosotros personas como Joaquín Ruiz Jiménez o Álvaro Gil Robles, quienes cumplieron con eficacia y dignidad las funciones que tenían encomendadas. Pero la llegada de Enrique Múgica a esta institución ha supuesto un punto de ruptura importante con el prestigio, la trayectoria y el respaldo social con que el Defensor del Pueblo contaba. El nombramiento de Múgica ya comenzó con mal pie, cuando el Gobierno anunció su candidatura sin contar con el acuerdo previo y el consenso del resto de la oposición. Tengamos en cuenta que este cargo requiere de una mayoría cualificada del Parlamento, de quien depende y a quien sirve. Nuestro nuevo Defensor puede presumir de ser el primero que no goza del respaldo absoluto de todos los grupos políticos parlamentarios, algo que no importó al PP y que tampoco parecía importar al propio Enrique Múgica, quien a los pocos días de ser nombrado se despachó con unas declaraciones insultantes contra los partidos nacionalistas, especialmente contra los nacionalistas vascos. En su trayectoria reciente muchos problemas sociales de gravedad se han producido en nuestro país sin que hayan contado con su interés y atención preferente. En especial, donde este Defensor viene alcanzando su apoteosis es en la defensa de los inmigrantes, uno de los colectivos sociales más desprotegidos y en mayor situación de vulnerabilidad. Recordarán cómo hace pocos meses, en pleno debate sobre la improcedencia de la Ley de Extranjería que de manera apresurada modificó este Gobierno, el señor Múgica se negó a promover el recurso de inconstitucionalidad solicitado por cerca de 800 colectivos sociales, sindicales y ciudadanos de todo el país; una actuación sin precedentes en la historia de esta institución. Y con una obstinación encomiable, ha vuelto a difundir comentarios y manifestaciones deplorables sobre los inmigrantes, que demuestran su escasa capacidad de ponderación y su particular visión de los inmigrantes. Por un lado, se despacha afirmando que "España debe establecer acuerdos de inmigración con Latinoamérica, dado que ésta tiene una cultura común a la nuestra". Supongo que el señor Múgica desconoce que tiene que velar por el respeto hacia todas las personas, sin que la cultura, la religión o cualquier otra situación puedan desempeñar un papel de discriminación previo, ya que ello conculcaría leyes fundamentales, además de ser un elemento xenófobo. Pero, no contento con esto, añade que "la forma de detener los flujos masivos de inmigrantes debe realizarse a través de la Guardia Civil", una afirmación que le coloca como un auténtico troglodita, al ignorar que las migraciones son un fenómeno continuo en la forma y permanente en el tiempo que se va a seguir dando mientras subsistan las impresionantes diferencias económicas en que vive la mayor parte de la humanidad. La visión policial que este Defensor tiene de la inmigración no parece haber funcionado en ningún país, y menos en el nuestro, ni tan siquiera cuando este Gobierno ha empleado más de 20.000 millones de pesetas en impermeabilizar el Estrecho. Sus recientes declaraciones en la Universidad Rey Juan Carlos, lejos de matizar, aclarar o ponderar las anteriores polémicas, han vuelto a llenar de estupor y sorpresa a las muchas personas y organizaciones que venimos trabajando a favor de los inmigrantes desde hace muchos años, al afirmar que "detrás de los inmigrantes que vienen siempre están las mafias", o señalar que los inmigrantes implantan valores en contra de la igualdad de la mujer. Este tipo de declaraciones nos hace pensar que Enrique Múgica va a pasar a la historia por su miseria moral y política, así como por su falta de rigor, tacto, sentido común y prudencia. Todos estos desatinos deben llevarnos a pedir de la Defensoría una actuación mucho más escrupulosa y garantista en la defensa de los colectivos más desprotegidos, justamente lo contrario de lo que viene haciendo Enrique Múgica, capaz de recomendar sin el menor asomo de vergüenza que si queremos seguridad en nuestras vidas, "contratemos seguridad privada". Pero somos muchos los que nos preguntamos, ¿qué hacía este señor en las filas socialistas, si tan cómodo se siente entre los gobernantes populares? Carlos Gómez Gil es investigador de Bakeaz y dirige el Seminario de Inmigración de la Universidad de Alicante (cgomezgil@bakeaz.org). © Carlos Gómez Gil, 2001; © Bakeaz, 2001. Publicado en El Correo, 7 de agosto de 2001.