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¿Freno
a la colonización israelí?
La principal recomendación del Informe Mitchell, plenamente asumido por la administración Bush, es que "el gobierno de Israel debería congelar toda la actividad de los asentamientos, incluido el 'crecimiento natural' de los asentamientos ya existentes". Con esta actitud, la Comisión Mitchell no hace más que reafirmar el artículo 47 de la IV Convención de Ginebra que prohíbe de manera terminante la anexión de territorios por la fuerza de las armas o la alteración de su situación demográfica. A nadie le escapa que Israel ha venido violando de manera sistemática la legalidad internacional desde que ocupase estos territorios en 1967. Desde entonces, los gobiernos de uno u otro signo se han esforzado por romper la unidad territorial palestina e impedir, de esta manera, el surgimiento de un nuevo Estado entre Israel y Jordania. Las cifras hablan por sí solas: en la actualidad un 15% de la población israelí (un total de 400.000 colonos) vive en los territorios ocupados: un 8% en Cisjordania y Gaza, y el 7% restante en Jerusalén Este. Más de la mitad de la tierra árabe ha sido expropiada por las autoridades militares que la han declarado "tierra pública propiedad del Estado de Israel". Estos datos pueden asombrar al lego, pero sorprende aún más que el mayor impulso de esta colonización corresponde al inicio del proceso de paz en 1991 y a la firma de media docena de acuerdos, protocolos y memorándums entre palestinos e israelíes. ¿Cómo puede entederse que, al mismo tiempo que se negociaba el futuro de los territorios ocupados, se alentase la masiva implantación de colonos y y se expropiasen centenares de kilómetros cuadrados a sus propietarios árabes? No existe una única respuesta, sino una serie de motivaciones que responden a una lógica que pretende convertir a estos territorios en una serie de 'ghettos' o cantones sin continuidad para impedir el nacimiento de un Estado palestino. Pero lo verdaderamente sorprendente es que, según las encuestas, tan sólo un reducido porcentaje de los colonos (los sectores ultranacionalistas y ultraortodoxos que consideran que la colonización es un requisito esencial para la redención del pueblo judío) se niega a abandonar los asentamientos y que una mayoría (aquellos que trabajan en Israel y que viven en asentamientos-dormitorio beneficiándose así de los bajos precios de este tipo de viviendas) aceptaría retornar al territorio israelí a cambio de una indemnización razonable. Estos hechos invitan a pensar que la colonización es un asunto de Estado en el que los dos grandes partidos sionistas -el Likud y el Partido Laborista- comparten sus líneas maestras, aunque difieren en su aplicación práctica. Sólo así puede entenderse el empeño de Simón Peres, soporte esencial del gobierno de concentración nacional dirigido por Ariel Sharon, en defender el "crecimiento natural" de los asentamientos, pretexto que en otras etapas ha permitido la llegada de decenas de miles de colonos y, con ello, el agravamiento de la situación de los territorios palestinos. La actitud del premio Nobel de la Paz y ministro de Asuntos Exteriores podría sorprender a aquellos que no están familiarizados con la posición laborista ante esta cuestión. Fue precisamente el Partido Laborista el que estableció en 1967 el Plan Allon que fijaba las áreas prioritarias de la colonización, zonas que bajo ninguna circunstancia deberían ser controladas por los palestinos: Jerusalén Este y su entorno, el valle del Jordán que marcaba la frontera con Jordania y el área colindante con la denominada Línea Verde establecida tras los armisticios de 1949. Este plan laborista ha sido ejecutado con una increíble minuciosidad en las tres décadas de ocupación. Por su parte, el Likud, por medio del Plan Drobles, fomentó la construcción de una serie de asentamientos que interrumpiesen la continuidad territorial palestina y, de esta manera, aislasen las ciudades y las poblaciones árabes. Este plan, presentado en 1978 por el entonces ministro de Agricultura y actual primer ministro Ariel Sharon, concluía: "Será difícil para la población minoritaria [en alusión a los palestinos que representaban el 95% de la población] formar una continuidad territorial y una unidad política cuando esté fragmentada por los asentamientos judíos". De ahí la importancia del Informe Mitchell y de su llamamiento a la congelación de la colonización como uno de los pasos necesarios para devolver la confianza de los palestinos en un proceso de paz que, a pesar de haberles otorgado ciertos márgenes de autonomía, parece haber fracasado en su principal objetivo: poner término a la ocupación y permitir la creación de un Estado soberano e independiente. El que la administración Bush haya mostrado su pleno respaldo a este informe y haya asumido su contenido parece ser una buena señal para frenar la actual escalada de violencia, aunque la historia reciente nos enseña que hace falta algo más que buenas palabras para frenar el descontento con un proceso de paz titubeante e imprevisible que no ha aportado ni la paz ni la seguridad anheladas. Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz. Es autor del libro 'El miedo a la paz. De la guerra de los Seis Días a la segunda Intifada' (Madrid, 2001) y editor de 'Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta' (Madrid, 2003) (ialvarez@bakeaz.org). ©
Ignacio Álvarez-Ossorio, 2001; © Bakeaz, 2001. |