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La política española de cooperación, en entredicho
Carlos Gómez Gil


En 1994, con motivo del genocidio de Ruanda y las imágenes dramáticas de éxodos bíblicos, miles de asesinados, y campos de refugiados repletos de mujeres y niños exhaustos que se retransmitieron a todo el mundo, tuvieron lugar en toda España movilizaciones y acampadas reclamando un mayor compromiso para luchar contra la pobreza en el mundo, aumentando así los presupuestos en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Apenas llevábamos dos años formando parte del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y nuestra política de cooperación era tan débil como desconocida. Los pocos investigadores que trabajábamos con gran dificultad en estos temas coincidíamos en un diagnóstico básico sobre las numerosas deficiencias, problemas y errores que venían lastrando nuestra política de cooperación: la escasez de recursos efectivos destinados a realizar programas que contribuyeran a erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida en los países pobres; la absoluta descoordinación en los objetivos y recursos aplicados; la carencia de elementos de planificación real; la inexistencia de criterios coherentes de carácter geográfico o multisectorial; y especialmente el enorme peso que en la cooperación española venían teniendo los créditos FAD, a los que se dedicaban el grueso de los recursos y que venían deteriorando enormemente una política de ayuda que obligaba a los países receptores a comprar bienes y servicios de empresas españolas, convirtiendo así la cooperación en un simple instrumento de promoción comercial que lo mismo servía para vender cárceles a Perú que para colocar fragatas o aviones militares a Marruecos. Tan lamentable era el estado de la cooperación que hacía España que cuando llegaron a nuestro país los miembros de la OCDE que tenían que evaluar nuestro programa de cooperación elaboraron un primer informe tan contundente que fue censurado por el gobierno de entonces, y guardado celosamente. Algunos consideramos importante dedicar nuestro esfuerzo a seguir, con muchas dificultades, analizando y divulgando el estado de nuestra política de cooperación.

Las conclusiones de un nuevo estudio en el que analizo de manera pormenorizada la política de cooperación española del año 2000 no pueden ser más descorazonadoras. Así, desde 1994, la ayuda española ha venido descendiendo en los últimos años, situándose por debajo del crecimiento del PIB español. Asimismo, el Gobierno del PP ha intensificado su estrategia de hacer de esta política un instrumento privilegiado para la expansión comercial de nuestras empresas, convirtiendo a España en el país del mundo que más ayuda ligada ofrece (que obliga a comprar productos españoles). Por el contrario, las cantidades destinadas a programas básicos, como el apoyo de los derechos humanos, la educación básica, la defensa del medio ambiente o los programas para la mujer son absolutamente exiguas. Los programas de reestructuración de deuda externa, inexistentes, han disminuido un 113%, al tiempo que por vez primera en la historia, el Gobierno acaba de ampliar el límite concesional de los créditos FAD en 25.000 millones de pesetas más, que serán destinados a dar respuesta a los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La distribución geográfica demuestra que España es el país que menos ayuda destina a los países más pobres del mundo, mientras que por el contrario es el que más otorga a los de mayores niveles de renta. Y por si fuera poco, se ha producido un hecho sin parangón, como es el que un 20% de toda la AOD bilateral no reembolsable haya sido gestionada por el Ministerio de Defensa y de Interior, lo que habría llevado a un hecho tan sorprendente como que España habría destinado dentro de sus programas de ayuda a países del Tercer Mundo cincuenta veces más recursos a través de programas del Ministerio de Defensa que en programas y actuaciones del Ministerio de Sanidad. Éstas son algunas de las conclusiones de mi informe, que demuestran que nuestra política de cooperación se encuentra en entredicho y no ha experimentado avances estructurales importantes en los últimos años en lo que vienen siendo sus deficiencias fundamentales.

Hace algunos años escribí que la política de cooperación española se mueve en un aparente espejismo, ya que la percepción que la sociedad española tiene de nuestra política de ayuda no coincide con su empleo real, con sus fines y propósitos. Hasta el punto de que, por ejemplo, se desconoce un hecho tan sorprendente como que España haya dado el pasado año Ayuda Oficial al Desarrollo a un país como Arabia Saudí, monarquía petrolera que no parece encabezar los índices de pobreza en el mundo, mientras que a Ruanda no se le dio una sola peseta.

Podemos tomar conciencia de la necesidad de mejorar una política de Estado tan importante en el mundo contemporáneo, o por el contrario, seguir inmersos en discursos autocomplacientes mientras asistimos al desmoronamiento de nuestra política de cooperación, justo en unos momentos en que aumentan los desafíos de todo tipo a los que una política de lucha contra la pobreza tiene que dar respuesta, precisamente cuando los efectos del proceso de globalización están agravando las condiciones de miseria y desigualdad en nuestro planeta.

Carlos Gómez Gil es investigador de Bakeaz y dirige el Seminario de Inmigración
de la Universidad de Alicante (cgomezgil@bakeaz.org).

© Carlos Gómez Gil, 2001; © Bakeaz, 2001.
Publicado en El Correo, 28 de mayo de 2001.