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El trasvase
Juan Manuel Ruiz García

Desde el 9 de febrero, después de haber pasado por el Consejo de Ministros, el Parlamento tiene en su poder el Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional para su tramitación como Ley del Estado. Se inicia así el acto final de aprobación de un controvertido proyecto que será conocido como la ley del trasvase, porque, a despecho de cualquier otra alternativa, este Gobierno funda sus esperanzas de solucionar los problemas del agua en nuestro país en la construcción, con la mayor celeridad posible, de un gran trasvase capaz de llevar 1.000 millones de metros cúbicos de agua anuales desde el Ebro hacia las llamadas cuencas deficitarias, entre las que la del Segura destacaría por ser la más beneficiada.

Dado que lamentablemente el Gobierno no ha ofrecido otras alternativas, a la sociedad tan sólo le cabe o comulgar con esta megalomanía hidráulica u oponerse. No queda espacio para las medias tintas por culpa de aquellos que estaban obligados a plantear otras alternativas con el fin de que finalmente sociedad y políticos acordaran alguna solución de compromiso. Se crean así dos frentes poco reconciliables cuyo continuo desencuentro desalienta el diálogo democrático en torno a unas políticas que en las formas, al menos, debieran haber discurrido por otros cauces y que, finalmente, se imponen a costa de otras propuestas y en defensa de unos intereses que jamás afloran, pero que fundan el verdadero sustento en el que se asienta el trasvase que se nos ofrece como 'summa' del ingenio hidráulico.

La máxima de esta política hidráulica de viejo cuño es que el Estado debe mostrarse más benévolo con aquellos que más le insultan incumpliendo a diario sus leyes. Sería ingenuo pensar que este trasvase se justifica por el interés general o por la solidaridad, ya que en los estudios técnicos y económicos en los que se sustenta no se invoca ninguno de estos grandes términos en los que debiera ampararse la acción del Estado. Sí lo hace, sin embargo, en la necesidad de apoyar e impulsar sectores económicos de gran relevancia y cuyo lucro se ve constreñido, en cierta forma, por la escasez de agua. Este Gobierno debería explicar por qué asume, con dinero público, la construcción de tan onerosas inversiones y no ha permitido que fuese la iniciativa privada quien asumiera su ejecución y sus costes inherentes. Pero lo que resulta más grave, a nuestro entender, es que los grandes beneficiarios de estas políticas del agua sean precisamente los que durante estos últimos años más se han beneficiado del incumplimiento de la Ley de Aguas de 1985, ya sea por haber estado realizando vertidos incontrolados que contaminan los escasos recursos hídricos de las cuencas deficitarias, ya por haber estado utilizando caudales de agua sin la correspondiente concesión administrativa. La única respuesta que ofrece la actual Administración hidráulica a esta situación de evidente ilegalidad es la de hacer tabla rasa y beneficiar a los infractores con el agua del trasvase, paradoja que exime de su responsabilidad histórica a la propia Administración y que ensalza al infractor.

Nadie se cree en la actual Administración hidráulica que el trasvase vaya a solucionar los problemas del agua. Beneficiará, eso sí, a las constructoras encargadas de realizarlo y a los usuarios a los que antes aludíamos, pero los problemas van a continuar existiendo porque poseen una clara base estructural que podría definirse como la incapacidad de la Administración para hacer cumplir la ley, a menos que el Gobierno del Sr. Aznar considere que las leyes del Parlamento tampoco afectan al funcionamiento de la Administración.

El reto que dilapida la política hidráulica de nuestro país no es la impotencia del Gobierno para construir de una vez un trasvase, sino la necesidad de consolidar una Administración del agua eficiente, garante de la ley y de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el agua. Mientras esta situación prevalezca, la Ley de Aguas seguirá expirando en la finisecular sequía y continuarán medrando los intereses de aquellos que más beneficios obtienen por no tener enfrente una Administración que ordene de manera racional los recursos hídricos del país. Las Confederaciones Hidrográficas languidecen en la precariedad de medios y de objetivos claros de gestión y en su sueño el Gobierno asienta un trasvase que impide reconstruir la gestión del agua en nuestro país sobre la base del respeto a la ley, a la racionalidad y a la participación pública.

En esta ocasión el Gobierno no ha necesitado recurrir ni tan siquiera al 'divide y vencerás' porque todos a una se han coligado contra el Ebro en su particular guerra del agua. Al margen de debates sobre la verdadera existencia de caudales sobrantes o de impactos ambientales en el delta del Ebro, de lamentos sobre las aguas que imprudentemente llegan al mar y de lluvias que tan pésimamente se distribuyen sobre el territorio peninsular, nos tendríamos que preguntar sobre qué bases y criterios deseamos gestionar las aguas en nuestro país, porque traer y llevar agua no es aquí el problema más difícil, sino saber qué hacer con nuestros recursos hídricos de tal forma que diseñemos algo útil que atienda al interés general y que sea mínimamente solidario, sobre todo, que tenga en cuenta la necesidad de proteger un medio ambiente cada vez más escaso y a cuya costa el propio Ministerio de Medio Ambiente construye sus políticas del agua. ¿Sería capaz ese Ministerio de vincular la existencia del trasvase a una mínima idea de protección ambiental o de estructura territorial?

Creo que los ciudadanos empiezan a estar un poco hartos de que en las respuestas que las Administraciones ofrecen a sus problemas continuamente se les estén escamoteando sus verdaderas causas, un poco cansados de ser utilizados como arietes de intereses que no les benefician a ellos directamente. Muy pocos ciudadanos se van a beneficiar del trasvase, pero muchos podrían haber encontrado bienestar en otras políticas alternativas en las que por ley la Administración hidráulica debería haberse involucrado con algo más de interés. Hablamos de la necesidad de asegurar a todos los ciudadanos el acceso libre y seguro a los usos públicos de las aguas y de su protección frente a los que por lucro personal impiden el ejercicio común de unos derechos que están regulados constitucionalmente. Si los ciudadanos temen las sequías, no deberían cifrar todas sus esperanzas en que el Gobierno traiga agua desde lejanas tierras, sino más bien en que la Administración proteja la que pasa por la puerta de sus casas, ya sea luchando contra su deterioro, ya evitando que la roben otros ciudadanos situados aguas arriba.

Juan Manuel Ruiz García es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor en la Universidad de Alcalá de Henares y colaborador de Bakeaz.

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	El trasvase Juan Manuel Ruiz García Desde el 9 de febrero, después de haber pasado por el Consejo de Ministros, el Parlamento tiene en su poder el Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional para su tramitación como Ley del Estado. Se inicia así el acto final de aprobación de un controvertido proyecto que será conocido como la ley del trasvase, porque, a despecho de cualquier otra alternativa, este Gobierno funda sus esperanzas de solucionar los problemas del agua en nuestro país en la construcción, con la mayor celeridad posible, de un gran trasvase capaz de llevar 1.000 millones de metros cúbicos de agua anuales desde el Ebro hacia las llamadas cuencas deficitarias, entre las que la del Segura destacaría por ser la más beneficiada. Dado que lamentablemente el Gobierno no ha ofrecido otras alternativas, a la sociedad tan sólo le cabe o comulgar con esta megalomanía hidráulica u oponerse. No queda espacio para las medias tintas por culpa de aquellos que estaban obligados a plantear otras alternativas con el fin de que finalmente sociedad y políticos acordaran alguna solución de compromiso. Se crean así dos frentes poco reconciliables cuyo continuo desencuentro desalienta el diálogo democrático en torno a unas políticas que en las formas, al menos, debieran haber discurrido por otros cauces y que, finalmente, se imponen a costa de otras propuestas y en defensa de unos intereses que jamás afloran, pero que fundan el verdadero sustento en el que se asienta el trasvase que se nos ofrece como 'summa' del ingenio hidráulico. La máxima de esta política hidráulica de viejo cuño es que el Estado debe mostrarse más benévolo con aquellos que más le insultan incumpliendo a diario sus leyes. Sería ingenuo pensar que este trasvase se justifica por el interés general o por la solidaridad, ya que en los estudios técnicos y económicos en los que se sustenta no se invoca ninguno de estos grandes términos en los que debiera ampararse la acción del Estado. Sí lo hace, sin embargo, en la necesidad de apoyar e impulsar sectores económicos de gran relevancia y cuyo lucro se ve constreñido, en cierta forma, por la escasez de agua. Este Gobierno debería explicar por qué asume, con dinero público, la construcción de tan onerosas inversiones y no ha permitido que fuese la iniciativa privada quien asumiera su ejecución y sus costes inherentes. Pero lo que resulta más grave, a nuestro entender, es que los grandes beneficiarios de estas políticas del agua sean precisamente los que durante estos últimos años más se han beneficiado del incumplimiento de la Ley de Aguas de 1985, ya sea por haber estado realizando vertidos incontrolados que contaminan los escasos recursos hídricos de las cuencas deficitarias, ya por haber estado utilizando caudales de agua sin la correspondiente concesión administrativa. La única respuesta que ofrece la actual Administración hidráulica a esta situación de evidente ilegalidad es la de hacer tabla rasa y beneficiar a los infractores con el agua del trasvase, paradoja que exime de su responsabilidad histórica a la propia Administración y que ensalza al infractor. Nadie se cree en la actual Administración hidráulica que el trasvase vaya a solucionar los problemas del agua. Beneficiará, eso sí, a las constructoras encargadas de realizarlo y a los usuarios a los que antes aludíamos, pero los problemas van a continuar existiendo porque poseen una clara base estructural que podría definirse como la incapacidad de la Administración para hacer cumplir la ley, a menos que el Gobierno del Sr. Aznar considere que las leyes del Parlamento tampoco afectan al funcionamiento de la Administración. El reto que dilapida la política hidráulica de nuestro país no es la impotencia del Gobierno para construir de una vez un trasvase, sino la necesidad de consolidar una Administración del agua eficiente, garante de la ley y de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el agua. Mientras esta situación prevalezca, la Ley de Aguas seguirá expirando en la finisecular sequía y continuarán medrando los intereses de aquellos que más beneficios obtienen por no tener enfrente una Administración que ordene de manera racional los recursos hídricos del país. Las Confederaciones Hidrográficas languidecen en la precariedad de medios y de objetivos claros de gestión y en su sueño el Gobierno asienta un trasvase que impide reconstruir la gestión del agua en nuestro país sobre la base del respeto a la ley, a la racionalidad y a la participación pública. En esta ocasión el Gobierno no ha necesitado recurrir ni tan siquiera al 'divide y vencerás' porque todos a una se han coligado contra el Ebro en su particular guerra del agua. Al margen de debates sobre la verdadera existencia de caudales sobrantes o de impactos ambientales en el delta del Ebro, de lamentos sobre las aguas que imprudentemente llegan al mar y de lluvias que tan pésimamente se distribuyen sobre el territorio peninsular, nos tendríamos que preguntar sobre qué bases y criterios deseamos gestionar las aguas en nuestro país, porque traer y llevar agua no es aquí el problema más difícil, sino saber qué hacer con nuestros recursos hídricos de tal forma que diseñemos algo útil que atienda al interés general y que sea mínimamente solidario, sobre todo, que tenga en cuenta la necesidad de proteger un medio ambiente cada vez más escaso y a cuya costa el propio Ministerio de Medio Ambiente construye sus políticas del agua. ¿Sería capaz ese Ministerio de vincular la existencia del trasvase a una mínima idea de protección ambiental o de estructura territorial? Creo que los ciudadanos empiezan a estar un poco hartos de que en las respuestas que las Administraciones ofrecen a sus problemas continuamente se les estén escamoteando sus verdaderas causas, un poco cansados de ser utilizados como arietes de intereses que no les benefician a ellos directamente. Muy pocos ciudadanos se van a beneficiar del trasvase, pero muchos podrían haber encontrado bienestar en otras políticas alternativas en las que por ley la Administración hidráulica debería haberse involucrado con algo más de interés. Hablamos de la necesidad de asegurar a todos los ciudadanos el acceso libre y seguro a los usos públicos de las aguas y de su protección frente a los que por lucro personal impiden el ejercicio común de unos derechos que están regulados constitucionalmente. Si los ciudadanos temen las sequías, no deberían cifrar todas sus esperanzas en que el Gobierno traiga agua desde lejanas tierras, sino más bien en que la Administración proteja la que pasa por la puerta de sus casas, ya sea luchando contra su deterioro, ya evitando que la roben otros ciudadanos situados aguas arriba. Juan Manuel Ruiz García es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor en la Universidad de Alcalá de Henares y colaborador de Bakeaz. © Juan Manuel Ruiz García, 2001; © Bakeaz, 2001. Publicado en El Correo, 28 de febrero de 2001.