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¿Dónde
está el interés general?
Lo que viene ocurriendo en España con el debate y la reciente entrada en vigor de la Ley de Extranjería va a recordarse durante muchos años como uno de los mayores ejercicios de soberbia política, un auténtico cúmulo de despropósitos que sirven para establecer la gran distancia que separa a muchos gobernantes de la sociedad a la que dicen servir. Es entonces cuando las ideas se prostituyen, los principios se difuminan y aparece la verdadera faz de cada cual. Después de insistirnos con machacona insistencia en eso de la 'defensa del interés general', que igual servía para ver fútbol por televisión que para privatizar empresas, ahora parecen haber olvidado esa misma frase y tan hermoso concepto. ¿No hay mayor interés general que defender los derechos y hasta la vida misma de más de cien mil inmigrantes en toda España, que a golpe de Ley este Gobierno ha convertido en sombras, amenazadas con la expulsión, en manos de explotadores y condenadas a la mayor de las marginaciones? Así las cosas, la entrada en vigor de la Ley de Extranjería ha abierto en la sociedad entera una enorme brecha cuya verdadera dimensión sólo puede escapar a quienes permanecen engrandecidos por su propia sombra y alejados de la calle, hasta el punto de que se puede afirmar con rotundidad que esta ley está condenada a su más absoluto fracaso porque, elaborada como lo ha sido desde la arrogancia política, va a conseguir justo lo contrario de lo que dice pretender. ¿Qué sentido tiene entonces aprobar una ley de imposible cumplimiento, que viene cosechando un rechazo social generalizado y cuyo efecto inmediato es provocar sufrimiento y desasosiego en decenas de miles de personas? Posiblemente la explicación la tengamos en las propias limitaciones de quien gobierna, que necesita que sepamos que manda y tiene poder. Mientras nos alertaban de una supuesta invasión árabe de inmigrantes llegados en pateras hasta nuestras costas, nos hemos enterado de que sólo de Ecuador han llegado en los dos últimos años más de cien mil inmigrantes, todos ellos transportados en líneas aéreas como Iberia. Cuando nos restregaban un día sí y otro también que este país iba de fábula, teníamos que asistir al sepelio de doce ecuatorianos arrollados por un tren en un paso a nivel para darnos cuenta de que la riqueza de nuestro país está basada en el esfuerzo callado de decenas de miles de inmigrantes que, con frecuencia, en condiciones de semiesclavitud, se han convertido en el soporte de sectores económicos clave para nuestro país. Hace dos años que las organizaciones de ayuda a los inmigrantes denunciamos la llegada masiva y a través de redes mafiosas de miles de ecuatorianos a toda España, en condiciones tan precarias que les convertían en víctimas fáciles de todo tipo de explotadores. Nadie nos hizo caso. Y sin embargo ahora todos muestran su enorme cinismo al descubrir que en España puede haber cerca de cien mil sin papeles, sólo de Ecuador. Y cuando el señor Fernández Miranda anima a los ayuntamientos a incumplir leyes y a hacer aún más penosa la vida de estas personas impidiendo hasta su empadronamiento en unos pueblos en los que están perfectamente integrados, cuando invita a los inmigrantes con una gigantesca desfachatez a volver a su país aumentando con ello sus penalidades, como si hubieran venido a España de juerga, se le olvida un pequeño detalle: todos estos ecuatorianos han venido con un visado expedido en los consulados españoles en su país, volando con frecuencia en líneas aéreas españolas y cruzando la frontera legalmente por aeropuertos como Barajas. Por lo tanto, es imposible que en el Gobierno, en el Ministerio de Asuntos Exteriores responsable de la emisión de visados, en el Ministerio de Interior bajo cuyo control están las fronteras, y hasta incluso en el mismo Ministerio de Comercio y Turismo, encargado de registrar la llegada de personas procedentes de otros países, desconocieran esta situación. Pero era mejor mirar hacia otro lado, respaldar la política del Fondo Monetario Internacional en Ecuador y al mismo tiempo permitir que ese 15% del PIB español que la OCDE calcula que se debe a la economía sumergida, sustentada en su mayor parte en inmigrantes, siga creciendo, para que nuestro Presidente del Gobierno siga repitiendo que nuestro país va de narices. Frente a tanta mezquindad se está produciendo un hecho de una extraordinaria importancia que puede convulsionar una sociedad anómica y a muchos políticos ensimismados. El paso adelante que miles de inmigrantes están dando en numerosas ciudades para llamar la atención sobre su insoportable situación puede llegar a convertirse en un océano de contestación que acabe por hacer tambalear una Ley de Extranjería que nunca debió aprobarse. Porque no puede haber mayor iniquidad que desoír la petición de miles de inmigrantes que piden poder trabajar en condiciones dignas en esos trabajos que todos sabemos que, de una manera u otra, van a seguir desempeñando. Impedir que trabajen dignamente, privarles de ser autosuficientes evitando así que vivan de la caridad o en la marginalidad, permitiendo con ello que sigan explotados, va a tener un coste político que algunos altos cargos de este Gobierno, en privado, no quieren asumir. Porque mandar es también tener la capacidad de rectificar y dialogar, aunque sean cualidades que hoy en día no abunden. Carlos
Gómez Gil es investigador de Bakeaz y dirige el Seminario
de Inmigración ©
Carlos Gómez Gil, 2001; © Bakeaz, 2001. |