Medios de comunicacion

Planificar la sostenibilidad
Roberto Bermejo

Hasta la década de los noventa la cuestión ambiental era considerada por los gobiernos como un conjunto de problemas puntuales e inconexos que eran susceptibles de ser atajados también mediante actuaciones puntuales. Sin embargo, en esta década un importante grupo de países y la Unión Europea comprenden que este enfoque era erróneo, que el problema ambiental es un problema sistémico. Es decir, nuestros modos de producción y consumo generan múltiples procesos de degradación cuyas causas son complejas; nuestros modelos de transporte y energía están alterando el clima; nuestros modelos de transporte y de urbanismo están destruyendo crecientes cantidades de suelo, parcelando el territorio, haciendo inviable la supervivencia de muchas especies, etc.; nuestro modelo de consumo genera cada vez más residuos y de mayor toxicidad. Hay que cambiar los modos de producción y de consumo, lo que obliga a planificar el cambio, es decir, a desarrollar un conjunto de políticas integradas que transformen los actuales modelos agrícola, energético, de transporte, industrial, de consumo, etc.

El V Programa de acción ambiental (1992-2000) adoptó este enfoque, convirtiéndose en el primer plan comunitario. Su objetivo general era alcanzar la sostenibilidad. Definía objetivos sectoriales y establecía actuaciones integradas para alcanzarlos. Proyectaba una evaluación a mitad del periodo y otra al final, y han sido realizadas. Sin embargo, su grado de cumplimiento ha sido pobre, por lo que muchos problemas están empeorando. El Consejo Económico y Social europeo ha dictaminado su "fracaso relativo".

La propuesta de VI Programa (cuyas líneas maestras pretendo comentar aquí) que ha redactado la Comisión Europea asume esta realidad: "las previsiones sugieren que, con las tendencias actuales, muchas de las presiones que dan lugar a problemas tales como el transporte, las actividades turísticas, la toma de tierra por las infraestructuras, etc., empeorarán en esta década. Esto significa que no podemos ser complacientes". A diferencia del V Programa, que era un plan detallado, éste es un plan marco que define objetivos para los próximos diez años y establece estrategias y actuaciones generales para alcanzarlos. Será completado en el futuro con políticas sectoriales y conjuntos de indicadores para evaluar el grado de cumplimiento del programa. El que no cuente con estos instrumentos obedece a varias causas: a su carácter de plan marco, que impide una mayor definición; a la voluntad expresada en la propuesta de programa de propiciar la más amplia participación en la elaboración de las políticas; y a que es obligatorio comenzar el proceso de aprobación sin que haya sido terminada la Estrategia General de Desarrollo Sostenible, que está previsto que se defina a mediados de año a partir de las estrategias sectoriales en proceso de elaboración. La propuesta de VI Programa será sometida a los trámites normales: dictámenes del Consejo Económico y Social y del Comité de las Regiones, y búsqueda de consenso entre el Consejo y el Parlamento, y se espera que sea aprobada para final de año. Es previsible que sufra mejoras importantes, pero no radicales.

Esta propuesta define responsabilidades a todos los niveles institucionales que les obligarán a planificar: "Mientras que el Programa focaliza las acciones y compromisos que se deben hacer a nivel de Comunidad, también identifica acciones y responsabilidades que deben ser asumidas a los niveles nacionales, regionales y locales". En España se está dando el hecho curioso de que numerosas comunidades autónomas están impulsando planes de sostenibilidad local (las llamadas Agendas 21 Locales), como si la planificación no les concerniera a ellas, ni al Estado.

El objetivo general, y a largo plazo, es alcanzar un desarrollo sostenible, es decir, "desacoplar el crecimiento económico de los impactos ambientales […] y de la utilización de recursos, mediante un uso más eficiente de los recursos, la desmaterialización de la economía, y la prevención en la generación de residuos". Se desglosa en varios objetivos sectoriales: "la estabilización de las concentraciones atmosféricas a un nivel que no cause variaciones del clima no naturales"; "proteger y restaurar el funcionamiento de los ecosistemas naturales"; "alcanzar niveles de contaminación que no causen daño significativo a la salud humana"; y "realizar una gestión sostenible de los recursos naturales y de los residuos".

Para alcanzarlos se definen varias estrategias. Por un lado, el cumplimiento de la legislación: "la total implementación de toda la legislación existente es una prioridad estratégica para el periodo de este Programa". Para ello, y entre otras actuaciones, se le concede un rango legal, ya que el Programa contiene una Decisión (es decir, una ley) que sintetiza los objetivos y las actuaciones previstas. Esto debe ser un aviso para los gobiernos poco sensibles, entre los que destaca el gobierno español, que es el que más incumplimientos arrastra. Debido a ello, es frecuente que algunas comunidades autónomas trasladen a su marco legal directivas que no lo han sido a escala estatal.

La estrategia de integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales está contenida en el Tratado de la Unión Europea, pero sólo a partir del Consejo de Cardiff de 1998 se toma la decisión de hacerla realidad mediante la elaboración de estrategias sectoriales que confluyen en la Estrategia General de Desarrollo Sostenible. Constituye, por tanto, una estrategia obligada y novedosa en relación con los programas anteriores, que debe acabar con la actual marginación que muestran muchas áreas de gobierno sobre los recursos naturales.

El Programa establece una estrategia para potenciar el mercado de productos más respetuosos con el ambiente, que contiene: la promoción del ecoetiquetado; la reducción de la fiscalidad a los 'productos verdes'; la eliminación paulatina de los subsidios a las malas prácticas (agricultura intensiva, carbón, etc.) y el aumento de su carga fiscal; la introducción del criterio ecológico a las operaciones financieras de la Comisión; la atribución de plena responsabilidad a los que causen problemas a la salud natural y humana: "Una de las tareas importantes de la Comunidad es asegurar que aquellos que perjudiquen la salud humana o causen daño al ambiente sean responsables de sus actos". Conviene resaltar que el Programa plantea aprobar las directivas que gravan las emisiones de CO2 y la que establece una fiscalidad mínima para combustibles. Hasta ahora no han podido ser aprobadas por la negativa solitaria del gobierno español, amparándose en la cláusula de unanimidad que rige la legislación fiscal.

Por último, la estrategia de empoderamiento ciudadano se plasma, sobre todo, en dos tipos de actuaciones. Por un lado, en la potenciación de la participación: "el desarrollo de objetivos y políticas debe ser realizado en abierto diálogo con todos los grupos interesados". Por otro, en la mejora de la calidad y accesibilidad de la información ambiental. Esta estrategia obligará también a cambiar a las instituciones españolas, que son poco transparentes y admiten casi exclusivamente la participación de los grupos económicos; no tienen una política de transparencia informativa; y suelen negar información que debe ser suministrada por mandato legal, y a veces emiten información fraudulenta.

Roberto Bermejo es profesor de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz (rbermejo@bakeaz.org).

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	Planificar la sostenibilidad Roberto Bermejo Hasta la década de los noventa la cuestión ambiental era considerada por los gobiernos como un conjunto de problemas puntuales e inconexos que eran susceptibles de ser atajados también mediante actuaciones puntuales. Sin embargo, en esta década un importante grupo de países y la Unión Europea comprenden que este enfoque era erróneo, que el problema ambiental es un problema sistémico. Es decir, nuestros modos de producción y consumo generan múltiples procesos de degradación cuyas causas son complejas; nuestros modelos de transporte y energía están alterando el clima; nuestros modelos de transporte y de urbanismo están destruyendo crecientes cantidades de suelo, parcelando el territorio, haciendo inviable la supervivencia de muchas especies, etc.; nuestro modelo de consumo genera cada vez más residuos y de mayor toxicidad. Hay que cambiar los modos de producción y de consumo, lo que obliga a planificar el cambio, es decir, a desarrollar un conjunto de políticas integradas que transformen los actuales modelos agrícola, energético, de transporte, industrial, de consumo, etc. El V Programa de acción ambiental (1992-2000) adoptó este enfoque, convirtiéndose en el primer plan comunitario. Su objetivo general era alcanzar la sostenibilidad. Definía objetivos sectoriales y establecía actuaciones integradas para alcanzarlos. Proyectaba una evaluación a mitad del periodo y otra al final, y han sido realizadas. Sin embargo, su grado de cumplimiento ha sido pobre, por lo que muchos problemas están empeorando. El Consejo Económico y Social europeo ha dictaminado su "fracaso relativo". La propuesta de VI Programa (cuyas líneas maestras pretendo comentar aquí) que ha redactado la Comisión Europea asume esta realidad: "las previsiones sugieren que, con las tendencias actuales, muchas de las presiones que dan lugar a problemas tales como el transporte, las actividades turísticas, la toma de tierra por las infraestructuras, etc., empeorarán en esta década. Esto significa que no podemos ser complacientes". A diferencia del V Programa, que era un plan detallado, éste es un plan marco que define objetivos para los próximos diez años y establece estrategias y actuaciones generales para alcanzarlos. Será completado en el futuro con políticas sectoriales y conjuntos de indicadores para evaluar el grado de cumplimiento del programa. El que no cuente con estos instrumentos obedece a varias causas: a su carácter de plan marco, que impide una mayor definición; a la voluntad expresada en la propuesta de programa de propiciar la más amplia participación en la elaboración de las políticas; y a que es obligatorio comenzar el proceso de aprobación sin que haya sido terminada la Estrategia General de Desarrollo Sostenible, que está previsto que se defina a mediados de año a partir de las estrategias sectoriales en proceso de elaboración. La propuesta de VI Programa será sometida a los trámites normales: dictámenes del Consejo Económico y Social y del Comité de las Regiones, y búsqueda de consenso entre el Consejo y el Parlamento, y se espera que sea aprobada para final de año. Es previsible que sufra mejoras importantes, pero no radicales. Esta propuesta define responsabilidades a todos los niveles institucionales que les obligarán a planificar: "Mientras que el Programa focaliza las acciones y compromisos que se deben hacer a nivel de Comunidad, también identifica acciones y responsabilidades que deben ser asumidas a los niveles nacionales, regionales y locales". En España se está dando el hecho curioso de que numerosas comunidades autónomas están impulsando planes de sostenibilidad local (las llamadas Agendas 21 Locales), como si la planificación no les concerniera a ellas, ni al Estado. El objetivo general, y a largo plazo, es alcanzar un desarrollo sostenible, es decir, "desacoplar el crecimiento económico de los impactos ambientales […] y de la utilización de recursos, mediante un uso más eficiente de los recursos, la desmaterialización de la economía, y la prevención en la generación de residuos". Se desglosa en varios objetivos sectoriales: "la estabilización de las concentraciones atmosféricas a un nivel que no cause variaciones del clima no naturales"; "proteger y restaurar el funcionamiento de los ecosistemas naturales"; "alcanzar niveles de contaminación que no causen daño significativo a la salud humana"; y "realizar una gestión sostenible de los recursos naturales y de los residuos". Para alcanzarlos se definen varias estrategias. Por un lado, el cumplimiento de la legislación: "la total implementación de toda la legislación existente es una prioridad estratégica para el periodo de este Programa". Para ello, y entre otras actuaciones, se le concede un rango legal, ya que el Programa contiene una Decisión (es decir, una ley) que sintetiza los objetivos y las actuaciones previstas. Esto debe ser un aviso para los gobiernos poco sensibles, entre los que destaca el gobierno español, que es el que más incumplimientos arrastra. Debido a ello, es frecuente que algunas comunidades autónomas trasladen a su marco legal directivas que no lo han sido a escala estatal. La estrategia de integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales está contenida en el Tratado de la Unión Europea, pero sólo a partir del Consejo de Cardiff de 1998 se toma la decisión de hacerla realidad mediante la elaboración de estrategias sectoriales que confluyen en la Estrategia General de Desarrollo Sostenible. Constituye, por tanto, una estrategia obligada y novedosa en relación con los programas anteriores, que debe acabar con la actual marginación que muestran muchas áreas de gobierno sobre los recursos naturales. El Programa establece una estrategia para potenciar el mercado de productos más respetuosos con el ambiente, que contiene: la promoción del ecoetiquetado; la reducción de la fiscalidad a los 'productos verdes'; la eliminación paulatina de los subsidios a las malas prácticas (agricultura intensiva, carbón, etc.) y el aumento de su carga fiscal; la introducción del criterio ecológico a las operaciones financieras de la Comisión; la atribución de plena responsabilidad a los que causen problemas a la salud natural y humana: "Una de las tareas importantes de la Comunidad es asegurar que aquellos que perjudiquen la salud humana o causen daño al ambiente sean responsables de sus actos". Conviene resaltar que el Programa plantea aprobar las directivas que gravan las emisiones de CO2 y la que establece una fiscalidad mínima para combustibles. Hasta ahora no han podido ser aprobadas por la negativa solitaria del gobierno español, amparándose en la cláusula de unanimidad que rige la legislación fiscal. Por último, la estrategia de empoderamiento ciudadano se plasma, sobre todo, en dos tipos de actuaciones. Por un lado, en la potenciación de la participación: "el desarrollo de objetivos y políticas debe ser realizado en abierto diálogo con todos los grupos interesados". Por otro, en la mejora de la calidad y accesibilidad de la información ambiental. Esta estrategia obligará también a cambiar a las instituciones españolas, que son poco transparentes y admiten casi exclusivamente la participación de los grupos económicos; no tienen una política de transparencia informativa; y suelen negar información que debe ser suministrada por mandato legal, y a veces emiten información fraudulenta. Roberto Bermejo es profesor de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz (rbermejo@bakeaz.org). © Roberto Bermejo, 2001; © Bakeaz, 2001. Publicado en El Correo, 5 de febrero de 2001.