Medios de comunicacion

La otra cara de la ampliación
Carlos Taibo

La cumbre de Niza ha revelado una vez más que, pese a la omnipresente retórica oficial que nos habla de la ciudadanía y de sus virtudes, los estados y sus discursos nacionalistas acaban por asumir, en la Unión Europea realmente existente, el protagonismo de siempre. Pero mal haríamos en olvidar que por detrás de lo que a la postre ha marcado la cumbre en cuestión -la lucha por preservar una u otra condición de privilegio- se encuentra un proceso de singular enjundia: la ampliación de la propia Unión Europea.

Mucho se ha hablado en los últimos meses de los efectos que la ampliación está llamada a ejercer sobre nosotros. Y al respecto se han subrayado, en particular, sus predecibles secuelas en materia de reducción de los recursos que nos llegan en virtud de los fondos estructurales y de cohesión. Pero apenas se ha hablado, egoístamente, de la situación de los doce estados candidatos, que exhiben, a buen seguro, problemas de mucho mayor relieve que los nuestros.

El primero de esos problemas es en buena medida su propia culpa: a los ojos de las elites dirigentes de esos países la UE se presenta como un objetivo deslumbrante que impide calibrar los sacrificios que habrán de asumirse en los años venideros y cercena las posibilidades de acometer en condiciones las negociaciones correspondientes. Un somero repaso de lo ocurrido antes de 1986 invitaría a concluir que algo de esto sabemos, también, nosotros.

Pero es que, y en segundo lugar, el punto de partida de casi todas las economías que han planteado su candidatura a la UE es significativamente más precario que el que exhibían, tres lustros atrás, España y Portugal. Mientras los dos estados ibéricos mostraban una renta per cápita que se emplazaba en torno al 60% de la media comunitaria, en el caso de los candidatos de estas horas esa renta per cápita se sitúa en un esquelético 32% que obliga a preguntarse por los problemas que habrán de encarar las capas más pobres -pobrísimas- de las poblaciones respectivas.

La cuestión es tanto más inquietante, en tercer lugar, cuanto que la mayoría de esos estados han asumido en los diez últimos años durísimas reformas económicas a las que, por lógica, habrán de seguir las derivadas de la necesidad de dar satisfacción a los requisitos establecidos por la UE para la adhesión y, al poco, las dimanantes de una unión económica y monetaria a la que, con toda probabilidad, los candidatos desearán acceder cuanto antes. Tantos sacrificios en un período de tiempo tan prolongado pueden tener efectos indelebles en materia de gobernabilidad.

Una cuarta fuente de tesituras delicadas la aporta la extrema debilidad de las relaciones -ante todo las económicas- que los candidatos mantienen entre sí. De resultas, estos países han perdido un sinfín de ventajas comparativas que se habrían forjado al calor de un activo comercio entre sí. Los cierto es que todas las instancias de colaboración que entre ellos se han ido perfilando en los últimos años -el triángulo de Visegrad, el Consejo Económico del Mar Negro o la Pentagonal, por citar tres ejemplos- han acabado por naufragar, al tiempo que ganaba terreno una general opción en provecho de negociaciones directas y bilaterales con la UE que a buen seguro ha debilitado la posición de muchos de estos estados.

La quinta circunstancia problemática es la zozobra generada por la indeterminación que rige los plazos de las adhesiones y por la posibilidad de que éstas asuman, al cabo, una inquietante indefinición. La media docena de estados que se hallaban en primera línea tres años atrás -Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y República Checa- han perdido esa condición en un escenario en el que hablando en propiedad, y pese a lo que podría deducirse de las resoluciones de Niza, nadie tiene garantías de que su procedimiento de adhesión llegará a buen puerto. Aunque mayor importancia corresponde a la segunda cuestión: la ampliación podría dar lugar a situaciones ambiguas en las cuales no se hiciesen valer, por ejemplo, la política agraria común, los fondos estructurales y de cohesión o la libre circulación de las personas, elementos todos ellos vitales en la vertebración de lo que la UE ha sido en los últimos decenios.

En la trastienda de todo lo anterior despunta un problema más: la patética superstición -fácilmente identificable a la luz de los estudios de opinión pública realizados en los candidatos- de que la incorporación a la UE acarrea una inmediata homologación de influencias y capacidades. Nadie en su sano juicio ignora que esa docena de países se apresta a integrarse en una paupérrima periferia de la Unión Europea, muy lejos de su núcleo director.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid
y colaborador de Bakeaz (ctaibo@bakeaz.org)

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	La otra cara de la ampliación Carlos Taibo La cumbre de Niza ha revelado una vez más que, pese a la omnipresente retórica oficial que nos habla de la ciudadanía y de sus virtudes, los estados y sus discursos nacionalistas acaban por asumir, en la Unión Europea realmente existente, el protagonismo de siempre. Pero mal haríamos en olvidar que por detrás de lo que a la postre ha marcado la cumbre en cuestión -la lucha por preservar una u otra condición de privilegio- se encuentra un proceso de singular enjundia: la ampliación de la propia Unión Europea. Mucho se ha hablado en los últimos meses de los efectos que la ampliación está llamada a ejercer sobre nosotros. Y al respecto se han subrayado, en particular, sus predecibles secuelas en materia de reducción de los recursos que nos llegan en virtud de los fondos estructurales y de cohesión. Pero apenas se ha hablado, egoístamente, de la situación de los doce estados candidatos, que exhiben, a buen seguro, problemas de mucho mayor relieve que los nuestros. El primero de esos problemas es en buena medida su propia culpa: a los ojos de las elites dirigentes de esos países la UE se presenta como un objetivo deslumbrante que impide calibrar los sacrificios que habrán de asumirse en los años venideros y cercena las posibilidades de acometer en condiciones las negociaciones correspondientes. Un somero repaso de lo ocurrido antes de 1986 invitaría a concluir que algo de esto sabemos, también, nosotros. Pero es que, y en segundo lugar, el punto de partida de casi todas las economías que han planteado su candidatura a la UE es significativamente más precario que el que exhibían, tres lustros atrás, España y Portugal. Mientras los dos estados ibéricos mostraban una renta per cápita que se emplazaba en torno al 60% de la media comunitaria, en el caso de los candidatos de estas horas esa renta per cápita se sitúa en un esquelético 32% que obliga a preguntarse por los problemas que habrán de encarar las capas más pobres -pobrísimas- de las poblaciones respectivas. La cuestión es tanto más inquietante, en tercer lugar, cuanto que la mayoría de esos estados han asumido en los diez últimos años durísimas reformas económicas a las que, por lógica, habrán de seguir las derivadas de la necesidad de dar satisfacción a los requisitos establecidos por la UE para la adhesión y, al poco, las dimanantes de una unión económica y monetaria a la que, con toda probabilidad, los candidatos desearán acceder cuanto antes. Tantos sacrificios en un período de tiempo tan prolongado pueden tener efectos indelebles en materia de gobernabilidad. Una cuarta fuente de tesituras delicadas la aporta la extrema debilidad de las relaciones -ante todo las económicas- que los candidatos mantienen entre sí. De resultas, estos países han perdido un sinfín de ventajas comparativas que se habrían forjado al calor de un activo comercio entre sí. Los cierto es que todas las instancias de colaboración que entre ellos se han ido perfilando en los últimos años -el triángulo de Visegrad, el Consejo Económico del Mar Negro o la Pentagonal, por citar tres ejemplos- han acabado por naufragar, al tiempo que ganaba terreno una general opción en provecho de negociaciones directas y bilaterales con la UE que a buen seguro ha debilitado la posición de muchos de estos estados. La quinta circunstancia problemática es la zozobra generada por la indeterminación que rige los plazos de las adhesiones y por la posibilidad de que éstas asuman, al cabo, una inquietante indefinición. La media docena de estados que se hallaban en primera línea tres años atrás -Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y República Checa- han perdido esa condición en un escenario en el que hablando en propiedad, y pese a lo que podría deducirse de las resoluciones de Niza, nadie tiene garantías de que su procedimiento de adhesión llegará a buen puerto. Aunque mayor importancia corresponde a la segunda cuestión: la ampliación podría dar lugar a situaciones ambiguas en las cuales no se hiciesen valer, por ejemplo, la política agraria común, los fondos estructurales y de cohesión o la libre circulación de las personas, elementos todos ellos vitales en la vertebración de lo que la UE ha sido en los últimos decenios. En la trastienda de todo lo anterior despunta un problema más: la patética superstición -fácilmente identificable a la luz de los estudios de opinión pública realizados en los candidatos- de que la incorporación a la UE acarrea una inmediata homologación de influencias y capacidades. Nadie en su sano juicio ignora que esa docena de países se apresta a integrarse en una paupérrima periferia de la Unión Europea, muy lejos de su núcleo director. Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Bakeaz (ctaibo@bakeaz.org) © Carlos Taibo, 2000; © Bakeaz, 2000. Publicado en El Correo, 19 de diciembre de 2000.