Medios de comunicacion

Petróleo, clima y bienestar
Roberto Bermejo

La noticia ecológica de los últimos meses ha sido, sin duda, el lago que se ha formado este verano en el centro del Ártico. Su fotografía ilustra de forma dramática la aceleración del cambio climático que estamos provocando por nuestro modelo energético. La noticia económica que acapara más interés en los últimos meses es la escalada de los precios del petróleo. Ambos fenómenos son tratados de forma separada por los medios de comunicación, como si no hubiera ninguna relación entre ellos. Las noticias y comentarios sobre el petróleo han venido reflejando el malestar ciudadano y especialmente el de los sectores profesionales más afectados (pescadores, agricultores y transportistas). La culpa se reparte entre los países petroleros (por provocar la subida), las grandes empresas del sector (por subir los precios de los combustibles desproporcionadamente) y los gobiernos (porque no bajan los 'abusivos' impuestos). A ellos se hace corresponsables de presuntos y graves efectos sobre el crecimiento y la inflación.

Impera, por tanto, la opinión de que hay que procurar volver a la situación anterior, sin tener en cuenta los factores estructurales involucrados: el cambio climático, la creciente capacidad de la OPEP de fijar los precios, el paulatino agotamiento de las reservas de petróleo, etc. C.J. Campbell, experto consultor sobre petróleo, pronosticó el inicio inmediato de una era de petróleo caro en un artículo publicado por la revista 'Gas & Oil' en diciembre de 1997. Argumentaba que muchos países petroleros, en su mayoría no integrados en la OPEP, están empezando a agotar sus reservas, lo que se traduce en el incremento de la cuota de mercado controlada por este cartel y en su mayor capacidad para fijar los precios, fenómeno que se vería reforzado en el futuro por el paulatino agotamiento de las reservas. La primera predicción se está cumpliendo. La OPEP ha reafirmado, en la cumbre de finales de septiembre, su decisión de mantener los precios entre 26 y 28 dólares por barril, y si de momento los precios se mantienen más altos se debe a la especulación. Se le acusa de insolidaria e irresponsable, pero el precio del petróleo ha estado muy bajo desde principios de los ochenta y nadie se ha preocupado de los países petroleros, como recuerda el presidente de la OPEP, Rilwanu Lukman.

Abundan los análisis catastrofistas sobre las repercusiones del precio del petróleo en la inflación y el crecimiento. Sin embargo, existe un amplio consenso entre los expertos en energía en el sentido de que hay un gran potencial de mejora de la eficiencia energética de forma rentable y de creación de empleo. El informe al Club de Roma 'Factor 4', y el más reciente denominado 'Natural Capitalism', nos muestran numerosas prácticas que, si se generalizaran, harían que la eficiencia energética se multiplicara, como mínimo, por cuatro. Austria y Suecia están aplicando planes de sostenibilidad que pretenden cumplir con el Factor 10: aumentar la eficiencia en el uso de los materiales y la energía por este factor en 30-40 años. El Comité Económico y Social Europeo pide que este objetivo sea adoptado por la Unión Europea, que ya lo está estudiando.

Por otro lado, tenemos el cambio climático. Los últimos estudios indican que se está produciendo de forma mucho más rápida de lo esperado. Estamos obligados a actuar por ética, por mandato legal y por conveniencia. Las pérdidas humanas (que sufren sobre todo los países menos desarrollados) y materiales provocadas por las 'catástrofes naturales' crecen rápidamente (en el período 1990-1996 las pérdidas económicas en la UE debidas a lluvias torrenciales se incrementaron en un 400% con respecto a las registradas en la década anterior). La península ibérica es la zona de Europa más perjudicada por el cambio climático (mayor incremento de temperaturas y más rápida disminución de precipitaciones, sobre todo en verano) y una de las más afectadas del mundo. El Gobierno español se comprometió en la cumbre de Kioto a no elevar en más de un 15% sus emisiones de gases invernadero en el período 1990-2010, y la UE a reducirlas en un 8% (cantidad simbólica, ya que estima que debería reducir sus emisiones en un 35%, para que se pueda limitar a 1,5 °C la subida de temperatura para el año 2100). Sin embargo, diversos estudios sitúan el incremento español en un 29% para 1999. No es de extrañar que el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, indique que la última década "ha sido mala", y que James Currie, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, declare que "ha llegado el momento de que España adopte un plan de actuación para el cambio climático […] para proteger su economía y población".

A la hora de establecer este plan es necesario partir de la situación actual: una subida brusca del precio del petróleo, que no es un buen escenario, porque genera un rechazo social; una de las fiscalidades más bajas de la UE sobre combustibles de automoción; amplias subvenciones al consumo, como ocurre por ejemplo con los sectores profesionales e industriales exentos (o casi) del impuesto sobre carburantes (pesca, transporte, agricultura, producción de electricidad, etc.). Por ello, el plan debería partir de la utilización de los ingresos extras del Estado para compensar a la ciudadanía y a los sectores profesionales más afectados, pero no reduciendo la presión fiscal de los combustibles, porque esto incrementaría el sesgo insostenible del sistema fiscal actual. El plan debe tener como objetivo un modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, y definir acciones integradas para alcanzarlo (establecimiento de normas de eficiencia mínima en edificios, máquinas, vehículos…; realización de una reforma fiscal ecológica; promoción del cambio tecnológico; etc.). El potencial de cambio queda reflejado en la principal conclusión del Foro Internacional sobre Energía del Hidrógeno (Hypoforum 2000), que se ha celebrado en septiembre en Múnich con el apoyo de la Comisión Europea y del Gobierno alemán, y es que se puede pasar rápidamente al uso masivo de este combustible si se alcanza un pacto político e industrial.

La reforma fiscal ecológica se basa en penalizar el uso de recursos naturales y en la desgravación del trabajo. Esto supone que desaparezcan paulatinamente las enormes subvenciones al consumo de energía (se estima que si se eliminan estos subsidios en Europa Occidental y Japón, las emisiones totales de gases invernadero de los países de la OCDE disminuirán en un 13% para el año 2005) y que al mismo tiempo se vaya incrementando la fiscalidad, de forma que los precios vayan creciendo a un ritmo anual determinado (un 5%, por ejemplo). El incremento de recaudación se destinaría a desgravar el trabajo y a subvencionar los comportamientos sostenibles, como la mejora de la eficiencia, manteniendo la neutralidad fiscal. Como es muy problemático conseguir la estabilidad del precio del petróleo, los instrumentos indicados variarían cada año para conseguir que el incremento de la presión fiscal fuera el establecido. Este plan daría a las empresas y a la sociedad en general un marco estable para adoptar el modelo energético sostenible con bastante suavidad.

Roberto Bermejo es profesor de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz (rbermejo@bakeaz.org).

	Ver archivo PDF
	Petróleo, clima y bienestar Roberto Bermejo La noticia ecológica de los últimos meses ha sido, sin duda, el lago que se ha formado este verano en el centro del Ártico. Su fotografía ilustra de forma dramática la aceleración del cambio climático que estamos provocando por nuestro modelo energético. La noticia económica que acapara más interés en los últimos meses es la escalada de los precios del petróleo. Ambos fenómenos son tratados de forma separada por los medios de comunicación, como si no hubiera ninguna relación entre ellos. Las noticias y comentarios sobre el petróleo han venido reflejando el malestar ciudadano y especialmente el de los sectores profesionales más afectados (pescadores, agricultores y transportistas). La culpa se reparte entre los países petroleros (por provocar la subida), las grandes empresas del sector (por subir los precios de los combustibles desproporcionadamente) y los gobiernos (porque no bajan los 'abusivos' impuestos). A ellos se hace corresponsables de presuntos y graves efectos sobre el crecimiento y la inflación. Impera, por tanto, la opinión de que hay que procurar volver a la situación anterior, sin tener en cuenta los factores estructurales involucrados: el cambio climático, la creciente capacidad de la OPEP de fijar los precios, el paulatino agotamiento de las reservas de petróleo, etc. C.J. Campbell, experto consultor sobre petróleo, pronosticó el inicio inmediato de una era de petróleo caro en un artículo publicado por la revista 'Gas & Oil' en diciembre de 1997. Argumentaba que muchos países petroleros, en su mayoría no integrados en la OPEP, están empezando a agotar sus reservas, lo que se traduce en el incremento de la cuota de mercado controlada por este cartel y en su mayor capacidad para fijar los precios, fenómeno que se vería reforzado en el futuro por el paulatino agotamiento de las reservas. La primera predicción se está cumpliendo. La OPEP ha reafirmado, en la cumbre de finales de septiembre, su decisión de mantener los precios entre 26 y 28 dólares por barril, y si de momento los precios se mantienen más altos se debe a la especulación. Se le acusa de insolidaria e irresponsable, pero el precio del petróleo ha estado muy bajo desde principios de los ochenta y nadie se ha preocupado de los países petroleros, como recuerda el presidente de la OPEP, Rilwanu Lukman. Abundan los análisis catastrofistas sobre las repercusiones del precio del petróleo en la inflación y el crecimiento. Sin embargo, existe un amplio consenso entre los expertos en energía en el sentido de que hay un gran potencial de mejora de la eficiencia energética de forma rentable y de creación de empleo. El informe al Club de Roma 'Factor 4', y el más reciente denominado 'Natural Capitalism', nos muestran numerosas prácticas que, si se generalizaran, harían que la eficiencia energética se multiplicara, como mínimo, por cuatro. Austria y Suecia están aplicando planes de sostenibilidad que pretenden cumplir con el Factor 10: aumentar la eficiencia en el uso de los materiales y la energía por este factor en 30-40 años. El Comité Económico y Social Europeo pide que este objetivo sea adoptado por la Unión Europea, que ya lo está estudiando. Por otro lado, tenemos el cambio climático. Los últimos estudios indican que se está produciendo de forma mucho más rápida de lo esperado. Estamos obligados a actuar por ética, por mandato legal y por conveniencia. Las pérdidas humanas (que sufren sobre todo los países menos desarrollados) y materiales provocadas por las 'catástrofes naturales' crecen rápidamente (en el período 1990-1996 las pérdidas económicas en la UE debidas a lluvias torrenciales se incrementaron en un 400% con respecto a las registradas en la década anterior). La península ibérica es la zona de Europa más perjudicada por el cambio climático (mayor incremento de temperaturas y más rápida disminución de precipitaciones, sobre todo en verano) y una de las más afectadas del mundo. El Gobierno español se comprometió en la cumbre de Kioto a no elevar en más de un 15% sus emisiones de gases invernadero en el período 1990-2010, y la UE a reducirlas en un 8% (cantidad simbólica, ya que estima que debería reducir sus emisiones en un 35%, para que se pueda limitar a 1,5 °C la subida de temperatura para el año 2100). Sin embargo, diversos estudios sitúan el incremento español en un 29% para 1999. No es de extrañar que el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, indique que la última década "ha sido mala", y que James Currie, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, declare que "ha llegado el momento de que España adopte un plan de actuación para el cambio climático […] para proteger su economía y población". A la hora de establecer este plan es necesario partir de la situación actual: una subida brusca del precio del petróleo, que no es un buen escenario, porque genera un rechazo social; una de las fiscalidades más bajas de la UE sobre combustibles de automoción; amplias subvenciones al consumo, como ocurre por ejemplo con los sectores profesionales e industriales exentos (o casi) del impuesto sobre carburantes (pesca, transporte, agricultura, producción de electricidad, etc.). Por ello, el plan debería partir de la utilización de los ingresos extras del Estado para compensar a la ciudadanía y a los sectores profesionales más afectados, pero no reduciendo la presión fiscal de los combustibles, porque esto incrementaría el sesgo insostenible del sistema fiscal actual. El plan debe tener como objetivo un modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, y definir acciones integradas para alcanzarlo (establecimiento de normas de eficiencia mínima en edificios, máquinas, vehículos…; realización de una reforma fiscal ecológica; promoción del cambio tecnológico; etc.). El potencial de cambio queda reflejado en la principal conclusión del Foro Internacional sobre Energía del Hidrógeno (Hypoforum 2000), que se ha celebrado en septiembre en Múnich con el apoyo de la Comisión Europea y del Gobierno alemán, y es que se puede pasar rápidamente al uso masivo de este combustible si se alcanza un pacto político e industrial. La reforma fiscal ecológica se basa en penalizar el uso de recursos naturales y en la desgravación del trabajo. Esto supone que desaparezcan paulatinamente las enormes subvenciones al consumo de energía (se estima que si se eliminan estos subsidios en Europa Occidental y Japón, las emisiones totales de gases invernadero de los países de la OCDE disminuirán en un 13% para el año 2005) y que al mismo tiempo se vaya incrementando la fiscalidad, de forma que los precios vayan creciendo a un ritmo anual determinado (un 5%, por ejemplo). El incremento de recaudación se destinaría a desgravar el trabajo y a subvencionar los comportamientos sostenibles, como la mejora de la eficiencia, manteniendo la neutralidad fiscal. Como es muy problemático conseguir la estabilidad del precio del petróleo, los instrumentos indicados variarían cada año para conseguir que el incremento de la presión fiscal fuera el establecido. Este plan daría a las empresas y a la sociedad en general un marco estable para adoptar el modelo energético sostenible con bastante suavidad. Roberto Bermejo es profesor de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz (rbermejo@bakeaz.org). © Roberto Bermejo, 2000; © Bakeaz, 2000. Publicado en El Correo, 28 de octubre de 2000.