Medios de comunicacion

El fraude de los Estudios de Impacto Ambiental
Roberto Bermejo

Los ministros de Medio Ambiente de los ocho países más industrializados, reunidos en abril de 2000 en Japón, declaran que "la degradación ambiental se está incrementando aún y los recursos naturales están siendo agotados, amenazando los fundamentos de nuestra vida y los de las futuras generaciones". El artículo 6 del tratado de la UE establece que la protección del medio ambiente debe integrarse en todas las políticas y actividades de la Comunidad para garantizar el desarrollo sostenible. El Consejo Europeo celebrado en Cardiff en junio de 1998 decidió establecer estrategias sectoriales de integración para culminar en la elaboración de una Estrategia General de Desarrollo Sostenible.

La estrategia de la administración vasca (y de la española) parece ser la contraria: la no integración, especialmente en las políticas de transporte y energética. Para lo cual se dedican a incumplir sistemáticamente el espíritu y la letra de la política comunitaria, e incluso hasta sus propias políticas ambientales. Esto se pone de manifiesto en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que para la UE tienen "por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente". El Reglamento de EIA obliga a los promotores de grandes obras a someterse a un proceso de evaluación y corrección de los impactos ambientales. Los pasos más importantes son la contratación de un EIA a una consultora, la exposición pública para ser sometido a alegaciones, y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del organismo ambiental correspondiente, en la que se contemplan las correcciones a que debe someterse el proyecto. Citaré los fraudes más comunes.

En primer lugar, se suele eludir el sometimiento del proyecto de obra al procedimiento evaluador. La Ley General de Protección del Medio Ambiente establece que se aplicará, por ejemplo, a carreteras de 2 kilómetros o más. El fraude aquí proviene de trocear los proyectos, pretendiendo que cada parte es una obra independiente. Por este motivo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) paralizó las obras de la Variante Este de Bilbao y anuló los proyectos de Markina y Berriz. Hay casos en que la dimensión de la obra no obliga a realizar el EIA, pero los impactos son muy fuertes. El proyecto de la carretera Motriku-Deba afecta gravemente a la marisma de Deba, recogida en el Anteproyecto del Plan Sectorial Territorial de Zonas Húmedas como de máxima protección. Por otro lado, el proyecto de circunvalación de Ondarroa supone la destrucción de la marisma. La Comisión Europea tramita denuncias sobre ambos casos.

Frecuentemente los EIA muestran falta de rigor científico. Se podría argumentar que en este caso el fallo es de las consultoras, pero la administración pública tiene la obligación de evitarlo, dando la impresión de que lo que le preocupa es que los estudios sean realmente rigurosos. Se alteró la ordenación urbanística de la Variante Este de Bilbao para ocultar la desaparición de 30.000 metros cuadrados de zonas verdes previstas para aliviar su impacto sobre Otxarkoaga y Txurdinaga. En el EIA del corredor del Txorierri no se hace constar la existencia de restos de la Ruta Juradera-Camino de Santiago. A veces se copian los listados de especies de flora y fauna de otros proyectos e, incluso, se omite la descripción del medio físico, como en el EIA de la incineradora de Bilbao. En los EIA de las plantas de Zierbana y Boroa se utilizan técnicas de impacto ambiental obsoletas, no se tienen en cuenta estudios previos, no se tiene en cuenta la contaminación de ozono ni la contribución de los proyectos al cambio climático. Además, el 15 de junio pasado se adjudicó la planta de Zierbana a un consorcio (en el que participa el Ente Vasco de Energía con un 25%) a pesar de que no se ha realizado la DIA y, lógicamente, sin contar con la aprobación administrativa final.

A menudo las DIA no presentan propuestas de modificación del proyecto para evitar o aminorar impactos. EL TSJPV paralizó la Variante de Elorrio por este motivo; posteriormente una leve modificación del trazado permitió salvar un robledal. Otras veces se plantean medidas tan genéricas que no se puede evaluar su cumplimiento: "se trasplantarán los árboles que se estimen convenientes", "se minimizarán los impactos", etc. A veces no se cumplen las medidas correctoras: en este momento se tramita una querella por la tala de hayas y robles centenarios en la Variante de Berriz que tenían que ser trasplantados según la DIA. También suelen vulnerar la legislación autónoma. La DIA de la Variante Este permite la tala de cientos de árboles autóctonos en contra de la Norma Foral de las Juntas de Bizkaia. La DIA de la Variante de Zeanuri autoriza un trazado que es distinto y más impactante que el aprobado en el Plan Territorial Sectorial de carreteras de Bizkaia. Las obras del túnel de Artxanda han destruido hábitats contraviniendo la normativa comunitaria. La Comisión Europea está tramitando una denuncia sobre el tema.

Existen varios proyectos cuya tramitación total o parcial corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y en los que se están incumpliendo numerosos aspectos de la normativa evaluadora, en clara connivencia con la administración autónoma. Los EIA de la Y vasca y de la central de Boroa se deben acompañar de una consulta preceptiva a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza. En el caso de Boroa es debido a su afección a Urdaibai. Este trámite se ha incumplido en los dos casos. También es obligatorio acompañarlos de un documento de síntesis. En el caso de la Y vasca esta normativa se vulneró. Se envió a cada Ayuntamiento un estudio diferente en el que se ocultan los impactos locales en cada caso. El documento es un resumen de diversos estudios técnicos (en vez de ser sólo del EIA) y es de difícil comprensión. La DIA de la Y vasca debía haberse adoptado como límite el 6 de febrero de 1999 y en junio de 2000 aún faltaba. El documento de síntesis de Boroa supera las 25 páginas preceptivas y no está redactado en términos comprensibles.

Estas actuaciones son sólo una muestra de una mentalidad típicamente desarrollista y, por tanto, nada preocupada por la insostenibilidad de la economía vasca, pero que tendrá que cambiar en un futuro próximo al estar sometida a tres vectores de presión creciente: la resistencia de los sectores sociales más afectados por la dinámica destructiva, la presión comunitaria y el empeoramiento de los problemas. Por ejemplo, el diputado de transportes de Bizkaia reconoce la necesidad de cambiar la política de transportes ante el "colapso total" de las carreteras principales en diez años, a pesar de que la Diputación se va a endeudar fuertemente con la construcción de nueve enlaces.

También será necesario introducir cambios institucionales en línea con los que se están produciendo en los países más avanzados. Los órganos ambientales actuales carecen de peso político para lograr que la variable ambiental sea incorporada al resto de las políticas. Además, en el caso vasco el problema se complica más por los "reinos de taifas" que ha creado la Ley de Territorios Históricos. Por ello es necesario que se cree una Agencia Ambiental, que dependa directamente de la Lehendakaritza y tenga capacidad para elaborar (y supervisar el cumplimiento de) la política de sostenibilidad. Mientras no se cambie la LTH, se podrían resolver los problemas competenciales mediante una cesión de atribuciones de las Diputaciones a la Agencia, de lo cual ya hay precedentes.

Roberto Bermejo es profesor de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz (rbermejo@bakeaz.org).

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	El fraude de los Estudios de Impacto Ambiental Roberto Bermejo Los ministros de Medio Ambiente de los ocho países más industrializados, reunidos en abril de 2000 en Japón, declaran que "la degradación ambiental se está incrementando aún y los recursos naturales están siendo agotados, amenazando los fundamentos de nuestra vida y los de las futuras generaciones". El artículo 6 del tratado de la UE establece que la protección del medio ambiente debe integrarse en todas las políticas y actividades de la Comunidad para garantizar el desarrollo sostenible. El Consejo Europeo celebrado en Cardiff en junio de 1998 decidió establecer estrategias sectoriales de integración para culminar en la elaboración de una Estrategia General de Desarrollo Sostenible. La estrategia de la administración vasca (y de la española) parece ser la contraria: la no integración, especialmente en las políticas de transporte y energética. Para lo cual se dedican a incumplir sistemáticamente el espíritu y la letra de la política comunitaria, e incluso hasta sus propias políticas ambientales. Esto se pone de manifiesto en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que para la UE tienen "por objeto conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente". El Reglamento de EIA obliga a los promotores de grandes obras a someterse a un proceso de evaluación y corrección de los impactos ambientales. Los pasos más importantes son la contratación de un EIA a una consultora, la exposición pública para ser sometido a alegaciones, y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del organismo ambiental correspondiente, en la que se contemplan las correcciones a que debe someterse el proyecto. Citaré los fraudes más comunes. En primer lugar, se suele eludir el sometimiento del proyecto de obra al procedimiento evaluador. La Ley General de Protección del Medio Ambiente establece que se aplicará, por ejemplo, a carreteras de 2 kilómetros o más. El fraude aquí proviene de trocear los proyectos, pretendiendo que cada parte es una obra independiente. Por este motivo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) paralizó las obras de la Variante Este de Bilbao y anuló los proyectos de Markina y Berriz. Hay casos en que la dimensión de la obra no obliga a realizar el EIA, pero los impactos son muy fuertes. El proyecto de la carretera Motriku-Deba afecta gravemente a la marisma de Deba, recogida en el Anteproyecto del Plan Sectorial Territorial de Zonas Húmedas como de máxima protección. Por otro lado, el proyecto de circunvalación de Ondarroa supone la destrucción de la marisma. La Comisión Europea tramita denuncias sobre ambos casos. Frecuentemente los EIA muestran falta de rigor científico. Se podría argumentar que en este caso el fallo es de las consultoras, pero la administración pública tiene la obligación de evitarlo, dando la impresión de que lo que le preocupa es que los estudios sean realmente rigurosos. Se alteró la ordenación urbanística de la Variante Este de Bilbao para ocultar la desaparición de 30.000 metros cuadrados de zonas verdes previstas para aliviar su impacto sobre Otxarkoaga y Txurdinaga. En el EIA del corredor del Txorierri no se hace constar la existencia de restos de la Ruta Juradera-Camino de Santiago. A veces se copian los listados de especies de flora y fauna de otros proyectos e, incluso, se omite la descripción del medio físico, como en el EIA de la incineradora de Bilbao. En los EIA de las plantas de Zierbana y Boroa se utilizan técnicas de impacto ambiental obsoletas, no se tienen en cuenta estudios previos, no se tiene en cuenta la contaminación de ozono ni la contribución de los proyectos al cambio climático. Además, el 15 de junio pasado se adjudicó la planta de Zierbana a un consorcio (en el que participa el Ente Vasco de Energía con un 25%) a pesar de que no se ha realizado la DIA y, lógicamente, sin contar con la aprobación administrativa final. A menudo las DIA no presentan propuestas de modificación del proyecto para evitar o aminorar impactos. EL TSJPV paralizó la Variante de Elorrio por este motivo; posteriormente una leve modificación del trazado permitió salvar un robledal. Otras veces se plantean medidas tan genéricas que no se puede evaluar su cumplimiento: "se trasplantarán los árboles que se estimen convenientes", "se minimizarán los impactos", etc. A veces no se cumplen las medidas correctoras: en este momento se tramita una querella por la tala de hayas y robles centenarios en la Variante de Berriz que tenían que ser trasplantados según la DIA. También suelen vulnerar la legislación autónoma. La DIA de la Variante Este permite la tala de cientos de árboles autóctonos en contra de la Norma Foral de las Juntas de Bizkaia. La DIA de la Variante de Zeanuri autoriza un trazado que es distinto y más impactante que el aprobado en el Plan Territorial Sectorial de carreteras de Bizkaia. Las obras del túnel de Artxanda han destruido hábitats contraviniendo la normativa comunitaria. La Comisión Europea está tramitando una denuncia sobre el tema. Existen varios proyectos cuya tramitación total o parcial corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y en los que se están incumpliendo numerosos aspectos de la normativa evaluadora, en clara connivencia con la administración autónoma. Los EIA de la Y vasca y de la central de Boroa se deben acompañar de una consulta preceptiva a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza. En el caso de Boroa es debido a su afección a Urdaibai. Este trámite se ha incumplido en los dos casos. También es obligatorio acompañarlos de un documento de síntesis. En el caso de la Y vasca esta normativa se vulneró. Se envió a cada Ayuntamiento un estudio diferente en el que se ocultan los impactos locales en cada caso. El documento es un resumen de diversos estudios técnicos (en vez de ser sólo del EIA) y es de difícil comprensión. La DIA de la Y vasca debía haberse adoptado como límite el 6 de febrero de 1999 y en junio de 2000 aún faltaba. El documento de síntesis de Boroa supera las 25 páginas preceptivas y no está redactado en términos comprensibles. Estas actuaciones son sólo una muestra de una mentalidad típicamente desarrollista y, por tanto, nada preocupada por la insostenibilidad de la economía vasca, pero que tendrá que cambiar en un futuro próximo al estar sometida a tres vectores de presión creciente: la resistencia de los sectores sociales más afectados por la dinámica destructiva, la presión comunitaria y el empeoramiento de los problemas. Por ejemplo, el diputado de transportes de Bizkaia reconoce la necesidad de cambiar la política de transportes ante el "colapso total" de las carreteras principales en diez años, a pesar de que la Diputación se va a endeudar fuertemente con la construcción de nueve enlaces. También será necesario introducir cambios institucionales en línea con los que se están produciendo en los países más avanzados. Los órganos ambientales actuales carecen de peso político para lograr que la variable ambiental sea incorporada al resto de las políticas. Además, en el caso vasco el problema se complica más por los "reinos de taifas" que ha creado la Ley de Territorios Históricos. Por ello es necesario que se cree una Agencia Ambiental, que dependa directamente de la Lehendakaritza y tenga capacidad para elaborar (y supervisar el cumplimiento de) la política de sostenibilidad. Mientras no se cambie la LTH, se podrían resolver los problemas competenciales mediante una cesión de atribuciones de las Diputaciones a la Agencia, de lo cual ya hay precedentes. Roberto Bermejo es profesor de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz (rbermejo@bakeaz.org). © Roberto Bermejo, 2000; © Bakeaz, 2000. Publicado en El Correo, 16 de octubre de 2000.