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El
agua fugitiva
Resulta sorprendente que sea precisamente un partido neoliberal el que esté anunciando como prioritario redactar con la mayor prontitud un plan hidrológico que en sus requerimientos legales se asemeja más a un clásico ejemplo de planificación centralizada -eso sí, con fuerte participación institucional y ciudadana- que a un ejercicio de regulación similar al marco diseñado para las telecomunicaciones o el sector eléctrico. Que el Partido Popular no cree en el plan hidrológico resulta claro a la luz de sus nada disimulados deseos de privatizar la gestión del recurso en todos sus ámbitos y de su postura contraria a la actual Ley de Aguas de 1985, contra la que promovieron cuestión de inconstitucionalidad aduciendo que atentaba contra el derecho de propiedad y contra la libertad de mercado. Por ello se quiere transformar el plan en un mero listado de obras con el objetivo de crear una red similar a la de carreteras o a la de líneas de alta tensión, y que haga posible la creación de un futuro mercado de aguas sin las rigideces que ahora lo atenazan y sufragado, a despecho de la iniciativa privada, por todos los españoles a través de los presupuestos generales. Pero la planificación de los recursos hídricos, tal y como se refleja en la Ley de Aguas, consiste en algo más que la simple enumeración de obras, entre las que destacan, por su magnitud, los trasvases. ¿Cómo se van a racionalizar las demandas de agua y cómo se van a satisfacer adecuadamente si la Administración hidráulica desconoce en gran medida el régimen concesional y por tanto no sabe quiénes tienen derecho a utilizar las aguas y en qué condiciones? Actualizar el actual Registro de Aguas sería condición previa tanto del plan como de un posible mercado de aguas, porque ¿alguien se imagina un mercado libre y transparente de bienes inmuebles sin un Registro de la Propiedad actualizado y fidedigno? Si las aguas y los cauces por donde discurren son públicos, ¿por qué hasta la fecha casi no se han deslindado cauces ni se han establecido con nitidez, en los ríos más importantes, las zonas de titularidad estatal, las zonas de servidumbre y las de policía?, requisitos sin los que la gestión del recurso, y su protección y disfrute por los ciudadanos resultan muy difíciles de alcanzar. La reciente Reforma de la Ley de Aguas, de 1999, resalta la importancia de los caudales ecológicos y de las demandas ambientales, y les da prioridad, salvo en el caso de abastecimiento a poblaciones, sobre los restantes usos de las aguas. Pero lamentablemente la Administración hidráulica todavía desconoce la cuantía de tales caudales, sin que hasta la fecha se hayan dedicado demasiados esfuerzos para su evaluación y seria aplicación. Otro aspecto de gran relevancia se refiere al régimen económico y financiero de las aguas, que se erige sobre dos pilares, a saber, todos los beneficiados por obras realizadas por el Estado y toda actividad contaminante de las aguas deberán satisfacer una exacción (precios, tasas y cánones) que compense a la Administración de la inversión realizada para ofrecer estos servicios. El régimen posee un marcado carácter finalista, pero ha quedado pervertido porque ni las Confederaciones Hidrográficas recaudan lo suficiente ni lo recaudado se aplica a aquellas actividades y actuaciones a las que vienen obligadas por ley. La racionalidad presupuestaria se debería imponer también en la Administración hidráulica de nuestro país. La planificación de las aguas debería convertirse en un vínculo de coordinación y de colaboración entre todas aquellas administraciones que poseen competencias en dicha materia, con el fin de hacer eficiente y posible la gestión racional del recurso hídrico en la España descentralizada por la que discurren las aguas. El desajuste actual se pone de relieve en hechos tan graves como los continuos incumplimientos que España hace de la legislación comunitaria de calidad de las aguas, la poca relación que guarda la ordenación del territorio con la protección del recurso hídrico o con la prevención de los riesgos de avenidas e inundaciones, la escasez de información sobre datos elementales referidos a vertidos contaminantes, estado de calidad de las aguas, etc. Como se ve, los problemas que la planificación hidrológica debe intentar solucionar son muy variados y sería un grave error pensar que sólo construyendo nuevas presas y trasvases se iban a resolver. Este proceder provocaría serios problemas ambientales en un país que ya soporta más de mil grandes embalses; sería una solución cara e ineficaz, ya que las nuevas presas se deberían situar en lugares marginales que ya fueron desechados en su día para construir las hoy existentes, y postergaría en el tiempo una serie de decisiones acuciantes relacionadas con la gestión institucional y física del recurso hídrico, sin cuyo concurso los mismos problemas que hoy padecemos aflorarían agudizados dentro de algunos años, cuando nos tuviéramos que enfrentar a una nueva sequía o a irreversibles estados de contaminación en nuestros ríos y acuíferos. La escasez del agua que padecemos ha devenido como consecuencia de decisiones erróneas en el ámbito de la gestión que desde las Confederaciones y desde el Ministerio se han venido adoptando en los últimos años. No se puede olvidar que en España se han venido otorgando concesiones de uso de las aguas en un volumen muy superior al que las capacidades de regulación de los sistemas hídricos podían soportar. Esto ha provocado que las nuevas concesiones de las aguas hayan afectado negativamente a los usuarios ya existentes, y que las garantías de suministro de los abastecimientos se hayan reducido notablemente. A la sociedad se nos aboca a asumir este error consolidando, por medio del plan que se nos ofrece, una situación no deseada y que deriva de decisiones erróneas que promueven la construcción de costosísimas infraestructuras hidráulicas, y olvida que el actual marco normativo también permitiría alterar el régimen concesional vigente adecuándolo a las actuales necesidades del país y a los costes reales, económicos, sociales y ambientales que llevan aparejadas las invocadas nuevas construcciones. Quizás tengamos que 'llorar' nuevamente por el plan que otra vez se nos escamotea y enajena o por el plan que, como diría Garcilaso a orillas del Tajo, se nos lleva el agua muy lejos; "por desusada parte / y por nuevo camino el agua se iba; / ardiendo yo con el calor estiva, / el curso, enajenado, iba siguiendo / del agua fugitiva". Juan
Manuel Ruiz García es doctor ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, ©
Juan Manuel Ruiz García, 2000; © Bakeaz, 2000. |