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¿Fisco?
Sin novedad en el frente
La propuesta fiscal del PP está incluida esencialmente en el programa de estabilidad que acompaña los presupuestos del año 2000. La medida más proclamada por los populares es la reducción de impuestos. Pero fijémonos en que reducción de impuestos no es lo mismo que reducción de la carga fiscal: o, dicho de otro modo, que son unos determinados impuestos los que el PP promete reducir (el IRPF, las cotizaciones sociales y el impuesto de sucesiones). Pero como entre sus promesas no se incluye la reducción del gasto, y en cambio sí tiene un compromiso de estabilidad en materia de déficit fiscal, los ingresos tendrán que venir de otros impuestos y tasas. En consecuencia, de llevar adelante su programa en los términos que lo han expresado, no sería extraño que dentro de poco viésemos resucitar el papel de pagos al estado, timbres y otras tasas finiquitadas por el PSOE a principios de los ochenta. Es decir, que un nuevo aumento de la regresividad del sistema fiscal será una consecuencia necesaria de dichas propuestas. La transferencia del 50% del IRPF a las comunidades autónomas es la otra gran promesa fiscal del PP. Lo que no está claro es si esa medida supondrá un desmantelamiento de la Agencia Tributaria del Estado, y su transferencia a los gobiernos autonómicos, o el aumento de las plantillas de inspectores fiscales en las autonomías, facilitando así la creación de empleo. En todo caso, las propuestas económicas del PP se orientan hacia la modificación de los ingresos fiscales, más que del gasto, donde las modificaciones anunciadas son de pequeño calado: algo más de ayudas familiares, más prestaciones sanitarias… Pero la cosa tampoco cambia demasiado si nos fijamos en los programas de los partidos de las izquierdas. Ciertamente, el programa económico de IU se resume en aumento del gasto social, financiado con mayores impuestos; más gasto sanitario, educativo, en pensiones y en el seguro de desempleo, mayor presupuesto comunitario y más gasto en ferrocarril. Y más ingresos: aumento del IRPF, del impuesto de sociedades, del impuesto del patrimonio, establecimiento de ecotasas varias y aumento del IVA. Este partido proponía recaudar el equivalente a 6 puntos del PIB, a fin de igualar la recaudación fiscal a la media europea; ello supone una cifra aproximada de 4 billones de pesetas anuales de ingresos y gastos públicos extra (estos cálculos hay que hacerlos a ojo porque IU, al igual que el resto de los partidos, no se moja demasiado en dar cifras estimadas de gasto en ninguna de sus propuestas). Si IU hubiese logrado la mayoría parlamentaria y pretendiese aplicar su programa desde el principio, provocaría un rechazo frontal del capital y de la clase media, que se traduciría en una importante presión inflacionista. Aumentaría el consumo obrero más rápido que la oferta y, con ello, el déficit externo. Al final, los desequilibrios habrían hecho saltar las alarmas del Pacto de Estabilidad y se tendría que aplicar un ajuste drástico para reequilibrar las cuentas o, en su caso, aceptar las sanciones aplicadas desde el Consejo de Ministros de la UE. A diferencia de IU, que tiene claro un aumento inmediato de los impuestos, el PSOE asume que en el marco de Eurolandia, con una productividad española media muy inferior a la de las regiones más desarrolladas, no se puede pretender tener una fiscalidad similar a la del centro de Europa, pues sería muy grande el riesgo de que desaparezca el resto del tejido industrial que aún queda en este país. En materia fiscal, el PSOE proponía mantener los tipos del IRPF, mejorando la determinación de la renta presunta de profesionales y empresarios (que actualmente cotizan sobre una renta declarada media inferior a la de los asalariados), reducir el IVA y reducir las cotizaciones sociales, establecer un impuesto sobre la emisión de gases con efecto invernadero y tasas sobre la generación de residuos urbanos y de la construcción (ecotasas). Por lo tanto, mantener la imposición directa, reducir la indirecta y aumentar las tasas e impuestos especiales. En materia económica, el pacto de las izquierdas estaba condicionado por dos aspectos: "el mantenimiento de los compromisos en materia presupuestaria en el marco de la Unión Económica y Monetaria" y el "mantenimiento de la carga fiscal y de los tipos del IRPF". Esto significa que la política económica no hubiera sido en ningún caso el eje del cambio o giro a la izquierda en un eventual gobierno de unidad PSOE-IU. Este arco de variación entre las propuestas poco significativas (PP, PSOE y PSOE-IU) y la alternativa quimérica (IU), responde a los compromisos adquiridos en el contexto de la moneda única, que otorgan más valor al equilibrio presupuestario que a la creación de empleo. O dicho de otro modo, sólo se podría utilizar el gasto público para crear empleo hasta el límite que determine el incremento de los ingresos. Con lo cual todo se reduce a debatir si es más eficaz el gasto público o el privado en la generación de empleo. Como no puede haber más gastos sin mayores ingresos, y la carga fiscal se mantendrá en el actual nivel, tampoco se va a modificar demasiado el sistema de protección social. Más cuando la coyuntura apunta a una recesión cíclica a corto plazo. Este somero repaso a las propuestas fiscales permite constatar la falta de imaginación de unas maquinarias partidarias esencialmente conservadoras, en el sentido institucional, más que programático. La ausencia de novedades presupuestarias importantes en los programas electorales, la falta de audacia para proponer cambios estructurales significativos, además de la hipoteca que supone el pacto de estabilidad del euro, nos advierten de que se darán pocas novedades en este terreno durante la próxima legislatura, y apuntan a uno de los grandes déficit históricos del pensamiento español: el gris panorama de una economía sin política, de una política sin economía. Joaquín Arriola es profesor de Economía de la UPV/EHU e investigador de Bakeaz (jarriola@bakeaz.org) ©
Joaquín Arriola, 2000; © Bakeaz, 2000. |