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Ambientes
electorales
Los gobiernos españoles vienen sistemáticamente incumpliendo la política ambiental comunitaria y obstaculizando su mejora desde su ingreso en la UE en 1986. Ilustrémoslo con dos ejemplos. En julio de 1999 la Comisión emitió un comunicado de prensa en el que informaba sobre los incumplimientos de la normativa comunitaria por parte de los estados miembros. Destacan claramente por el número de incumplimientos Portugal, Irlanda -con ocho cada uno- y España, con nueve. En este último caso seis de ellos están denunciados por la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; los tres restantes son cartas de emplazamiento. Además, desde entonces España ha incurrido en nuevos incumplimientos, entre los que destaca la no transposición a la legislación española de la directiva sobre la prevención y control integrados de la contaminación industrial, que está considerada como la norma comunitaria clave en política ambiental industrial. España ha impedido (al principio junto con Gran Bretaña, y en solitario desde el triunfo laborista) la aprobación de una ecotasa sobre emisiones de CO2, que la Comisión ha venido defendiendo a lo largo de la década de los noventa con el objetivo de frenar el cambio climático. Hay que tener en cuenta que en política fiscal se requiere la unanimidad para poder decidir. No parece, por tanto, que nuestros gobernantes se sientan aludidos cuando la UE dice, por medio de su Quinto Programa de Actuación Medioambiental (Hacia la sostenibilidad), que "el medio ambiente se está deteriorando lenta e inexorablemente", por lo que "no podemos esperar [ ] y no podemos equivocarnos". Nuestro desarrollo económico, no obstante, es particularmente insostenible. España se encuentra entre los ocho estados del mundo que tienen más especies vegetales en peligro de extinción (entre el 12 y el 20%, según fuentes). El lince ibérico es el felino más amenazado del planeta. Las ciudades españolas se encuentran entre las que tienen la atmósfera más contaminada de los países desarrollados. El consumo de materiales crece aceleradamente, y es España uno de los estados del mundo con mayor consumo de cemento por persona. Destaca asimismo en la UE por un alto crecimiento del consumo de energía, y por su dependencia energética (importa el 75%) y del petróleo en particular (13 puntos superior a la media comunitaria), lo cual se explica por el extraordinario desarrollo del transporte por carretera. A pesar de ello, España está inmersa en un plan de construcción de carreteras que no tiene parangón en Europa. En el año 2003 tendrá más kilómetros de autovías que Alemania, a pesar de que este país tiene más del doble de población y sufre un fuerte tráfico de mercancías de paso. El resultado es que España ha sobrepasado ya el incremento del 15% de emisiones de CO2 (en relación con las emisiones de 1990) al que le autoriza el acuerdo de Kioto para el año 2010. Todos los estudios coinciden en que la península ibérica es una de las zonas del mundo que se está viendo más afectada por el cambio climático. La UE acaba de presentar en Toledo el informe ACACIA, donde se afirma que la temperatura media europea ha aumentado en 0,8 °C durante el siglo XX y que las temperaturas se elevan doblemente más rápido en el sur que en el norte de Europa. Mientras que en el norte las precipitaciones aumentan, en el sur disminuyen un 5% cada década; en algunas zonas ya se ha producido una disminución del 20%. La meteorología se está extremando (más sequías, inundaciones, vendavales, olas de calor, etc.). El informe prevé un desplazamiento del turismo hacia el norte a medida que el calor se haga insoportable en el sur. Otro informe, elaborado por el Instituto Geominero, estima que para mediados de siglo el cauce del Ebro será un rosario de "monstruos de hormigón inviables [ ] por falta de excedentes que trasvasar". Pero en el Tajo y el Guadiana esta situación se producirá hacia el año 2020. Por tanto, no nos encontramos ante una serie de problemas más o menos graves, sino ante un problema integral: el desarrollo económico español es particularmente insostenible, característica que se agrava con el tiempo. Dado que cualquier conjunto de medidas de cambio concretas siempre sería parcial, es importante proponer algo previo: una metodología para definir e implementar una estrategia de desarrollo sostenible. El cambio sólo puede venir a partir de la constatación de la realidad, por lo que el nuevo Parlamento debería realizar una declaración institucional sobre la insostenibilidad del desarrollo económico español. De forma más o menos explícita esta constatación ha sido formulada por la UE y un importante número de estados europeos. La admisión de que el sistema económico es insostenible obliga a definir las causas, como paso previo al establecimiento de una estrategia dirigida a eliminarlas. Ésta se concretará en sucesivos planes integrados a medio plazo en los que se definan los objetivos intermedios generales y particulares de cada territorio, las actuaciones específicas, los mecanismos de evaluación, etc. Para que esta estrategia tenga éxito deben cumplirse al menos dos requisitos: que el diseño y la implementación se realicen de la forma más participativa posible; y que todas las políticas sectoriales integren los objetivos de sostenibilidad. El primer requisito debería servir, entre otras cosas, para alcanzar un amplio consenso entre las fuerzas políticas que lo pongan a salvo de los vaivenes electorales. Para garantizar el segundo es necesario que la estrategia sea responsabilidad directa de la Presidencia del gobierno. Empiezan a abundar en la UE ejemplos de esta propuesta. Desde que en 1989 Holanda empezó a planificar la evolución hacia la sostenibilidad, se han ido incorporando a esta dinámica un importante grupo de estados. El Quinto Programa es de hecho un plan, cuyo cumplimiento la Comisión ha empezado a evaluar, puesto que expira este año. Además, la UE está elaborando estrategias sectoriales que formarán parte del primer Programa Estratégico de Desarrollo Sostenible, cuya responsabilidad directa recae en el presidente de la Comisión. Esta estrategia constituirá el marco a partir del cual se diseñará el Sexto Programa. Resulta evidente que la adopción de la metodología propuesta no garantiza el logro de un desarrollo sostenible (los planes pueden no ser adecuados, incumplirse, etc.), pero constituye la única base que lo posibilita. Roberto Bermejo es profesor de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz (rbermejo@bakeaz.org). ©
Roberto Bermejo, 2000; © Bakeaz, 2000. |