Medios de comunicacion

Infortunios de la Ley de Extranjería
Carlos Gómez Gil

La entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería no ha podido ser más desafortunada. Mientras los inmigrantes se agolpaban ante numerosas oficinas de extranjeros formando colas que en algunos casos eran controladas a golpes por la policía, ningún responsable gubernamental informaba sobre los efectos de su entrada en funcionamiento, sobre plazos o procedimientos, dando pie a una situación de abandono y confusión entre los inmigrantes y las propias organizaciones sociales sólo comparable con la negligencia de un gobierno que de manera oportunista y provocadora anunciaba su deseo de modificar esta Ley Orgánica que acababa de ser aprobada por el Parlamento y en cuya elaboración ha participado durante año y medio. Por si todo esto fuera poco, lo vivido en El Ejido durante estos días ha demostrado bien a las claras cómo la prosperidad de muchas ciudades y pueblos se está cimentando sobre la exclusión, la marginación y la simple y pura explotación de los inmigrantes, convertidos con frecuencia en cómodos chivos expiatorios para muchos políticos zafios.

El Ejido es todo un símbolo. Uno de los municipios españoles con mayor renta per cápita y con mayor índice de inmigración ha sido capaz de construir una riqueza y prosperidad envidiable en poco más de una década, gracias a una mano de obra inmigrante sometida a unas condiciones de explotación que únicamente se pueden comparar con la profunda marginación en la que viven. De esta forma, el aumento en la prosperidad de los habitantes de El Ejido ha sido inversamente proporcional a las condiciones de miseria y abandono de muchos inmigrantes, hacinados durante años en establos e invernaderos, sin que ninguna institución pública conocedora de esta situación decidiera intervenir. Las manifestaciones racistas y neofascistas que hemos visto han demostrado con crudeza el largo camino que nos queda por recorrer en la tolerancia y respeto del otro, y evidencian también el fracaso de unas políticas de inmigración meramente policiales y administrativas que consideran al inmigrante como una simple mercancía, ignorando que es un ser humano con un proyecto de vida propio. Pero también demuestran hasta qué punto un Estado de Derecho no es tal si no es capaz de proteger a todas las personas, pobres y ricos, haciendo que la justicia, la ley y el respeto a la convivencia sean defendidos con todos los medios puestos a su alcance.

Lo vivido no admite peros, y exige un rechazo tan contundente como debía haber sido la intervención policial y de la justicia contra los delincuentes que han quemado cortijos y sedes de ONG, asaltado una mezquita y orinado sobre el Corán, que han cortado carreteras e incendiado coches de inmigrantes, jugando a la caza del moro ante la pasividad de la policía y la guardia civil, que han hecho dejación de sus cometidos. Por ello, que responsables de este gobierno hayan aprovechado estos sucesos para arremeter contra la nueva Ley de Extranjería es tan oportunista como irresponsable, propio de una glotonería política incalificable.

Esta Ley de Extranjería ha tenido una tramitación desdichada, al escamotearse a la sociedad un importante debate social sobre la inmigración y sus consecuencias, que hubiera sido capaz de generar mayores apoyos a la necesidad de dotar de unos derechos básicos a estos cientos de miles de personas. Se optó por una tramitación exclusivamente política de una materia con una gigantesca dimensión social, en aras a un supuesto consenso, que a la hora de la verdad se ha visto para qué ha servido.

La nueva Ley se mueve en un delicado equilibrio, entre el reconocimiento de derechos básicos para los inmigrantes y la necesidad de limitar el flujo migratorio. Para ello la Ley mantiene conceptos jurídicos subjetivos e indeterminados que pueden aplicarse contra los inmigrantes, impensables para cualquier ciudadano español, al tiempo que establece un conjunto de sanciones especiales que subrayan la condición de no ciudadano de estas personas. Veremos si los desarrollos reglamentarios pendientes, o los instrumentos legales vinculados al reconocimiento de muchos de estos derechos -como el empadronamiento, un derecho básico que es incumplido sistemática y reiteradamente por muchos ayuntamientos que no quieren que se asienten inmigrantes en su municipio-, son garantistas o por el contrario restrictivos.

Por ello parece evidente la necesidad de trabajar desde coordenadas distintas en una política de extranjería que entienda el fenómeno de la inmigración de acuerdo con planteamientos novedosos, distintos y respetuosos hacia el ser humano. Se trata de elaborar una nueva política de extranjería, que permita avanzar hacia un fortalecimiento de la democracia, profundizando en una nueva dimensión de la solidaridad a partir del respeto mutuo y la riqueza aportada por la interculturalidad. Pasar en definitiva de las políticas de inmigración a las políticas de integración social respetuosas para todos. Tenemos que acabar de entender que los inmigrantes han traído siempre energía, frescura e imaginación, enriqueciendo así nuestras sociedades, potenciando al mismo tiempo unas relaciones económicas distintas y propiciando con ello la creación de puestos de trabajo. Posiblemente Europa tenga todavía que descubrir el enorme capital social y cultural que le está aportando la inmigración. Esperemos que cuando lo haga, no sea demasiado tarde.

Carlos Gómez Gil es investigador de Bakeaz y dirige el Seminario de Inmigración
de la Universidad de Alicante (cgomezgil@bakeaz.org).

	Ver archivo PDF
	Infortunios de la Ley de Extranjería Carlos Gómez Gil La entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería no ha podido ser más desafortunada. Mientras los inmigrantes se agolpaban ante numerosas oficinas de extranjeros formando colas que en algunos casos eran controladas a golpes por la policía, ningún responsable gubernamental informaba sobre los efectos de su entrada en funcionamiento, sobre plazos o procedimientos, dando pie a una situación de abandono y confusión entre los inmigrantes y las propias organizaciones sociales sólo comparable con la negligencia de un gobierno que de manera oportunista y provocadora anunciaba su deseo de modificar esta Ley Orgánica que acababa de ser aprobada por el Parlamento y en cuya elaboración ha participado durante año y medio. Por si todo esto fuera poco, lo vivido en El Ejido durante estos días ha demostrado bien a las claras cómo la prosperidad de muchas ciudades y pueblos se está cimentando sobre la exclusión, la marginación y la simple y pura explotación de los inmigrantes, convertidos con frecuencia en cómodos chivos expiatorios para muchos políticos zafios. El Ejido es todo un símbolo. Uno de los municipios españoles con mayor renta per cápita y con mayor índice de inmigración ha sido capaz de construir una riqueza y prosperidad envidiable en poco más de una década, gracias a una mano de obra inmigrante sometida a unas condiciones de explotación que únicamente se pueden comparar con la profunda marginación en la que viven. De esta forma, el aumento en la prosperidad de los habitantes de El Ejido ha sido inversamente proporcional a las condiciones de miseria y abandono de muchos inmigrantes, hacinados durante años en establos e invernaderos, sin que ninguna institución pública conocedora de esta situación decidiera intervenir. Las manifestaciones racistas y neofascistas que hemos visto han demostrado con crudeza el largo camino que nos queda por recorrer en la tolerancia y respeto del otro, y evidencian también el fracaso de unas políticas de inmigración meramente policiales y administrativas que consideran al inmigrante como una simple mercancía, ignorando que es un ser humano con un proyecto de vida propio. Pero también demuestran hasta qué punto un Estado de Derecho no es tal si no es capaz de proteger a todas las personas, pobres y ricos, haciendo que la justicia, la ley y el respeto a la convivencia sean defendidos con todos los medios puestos a su alcance. Lo vivido no admite peros, y exige un rechazo tan contundente como debía haber sido la intervención policial y de la justicia contra los delincuentes que han quemado cortijos y sedes de ONG, asaltado una mezquita y orinado sobre el Corán, que han cortado carreteras e incendiado coches de inmigrantes, jugando a la caza del moro ante la pasividad de la policía y la guardia civil, que han hecho dejación de sus cometidos. Por ello, que responsables de este gobierno hayan aprovechado estos sucesos para arremeter contra la nueva Ley de Extranjería es tan oportunista como irresponsable, propio de una glotonería política incalificable. Esta Ley de Extranjería ha tenido una tramitación desdichada, al escamotearse a la sociedad un importante debate social sobre la inmigración y sus consecuencias, que hubiera sido capaz de generar mayores apoyos a la necesidad de dotar de unos derechos básicos a estos cientos de miles de personas. Se optó por una tramitación exclusivamente política de una materia con una gigantesca dimensión social, en aras a un supuesto consenso, que a la hora de la verdad se ha visto para qué ha servido. La nueva Ley se mueve en un delicado equilibrio, entre el reconocimiento de derechos básicos para los inmigrantes y la necesidad de limitar el flujo migratorio. Para ello la Ley mantiene conceptos jurídicos subjetivos e indeterminados que pueden aplicarse contra los inmigrantes, impensables para cualquier ciudadano español, al tiempo que establece un conjunto de sanciones especiales que subrayan la condición de no ciudadano de estas personas. Veremos si los desarrollos reglamentarios pendientes, o los instrumentos legales vinculados al reconocimiento de muchos de estos derechos -como el empadronamiento, un derecho básico que es incumplido sistemática y reiteradamente por muchos ayuntamientos que no quieren que se asienten inmigrantes en su municipio-, son garantistas o por el contrario restrictivos. Por ello parece evidente la necesidad de trabajar desde coordenadas distintas en una política de extranjería que entienda el fenómeno de la inmigración de acuerdo con planteamientos novedosos, distintos y respetuosos hacia el ser humano. Se trata de elaborar una nueva política de extranjería, que permita avanzar hacia un fortalecimiento de la democracia, profundizando en una nueva dimensión de la solidaridad a partir del respeto mutuo y la riqueza aportada por la interculturalidad. Pasar en definitiva de las políticas de inmigración a las políticas de integración social respetuosas para todos. Tenemos que acabar de entender que los inmigrantes han traído siempre energía, frescura e imaginación, enriqueciendo así nuestras sociedades, potenciando al mismo tiempo unas relaciones económicas distintas y propiciando con ello la creación de puestos de trabajo. Posiblemente Europa tenga todavía que descubrir el enorme capital social y cultural que le está aportando la inmigración. Esperemos que cuando lo haga, no sea demasiado tarde. Carlos Gómez Gil es investigador de Bakeaz y dirige el Seminario de Inmigración de la Universidad de Alicante (cgomezgil@bakeaz.org). © Carlos Gómez Gil, 2000; © Bakeaz, 2000. Publicado en El Correo, 21 de febrero de 2000.