Medios de comunicacion

De Seattle a Algeciras
Joaquín Arriola

La década de los noventa ha sido la de las finanzas globales. Las economías nacionales han visto cómo unos nuevos y poderosos especuladores privados pueden poner en jaque cualquier economía, desarrolladas como Italia, España o Gran Bretaña (crisis del sistema monetario europeo de 1992) o subdesarrolladas como Tailandia o Filipinas (crisis asiática de 1997). La aparición del euro, y las propuestas de regulación de los flujos de capital privado a corto plazo, previsiblemente reducirán en gran medida la especulación financiera.

La primera década del nuevo milenio será sin duda la década del comercio. En cierto sentido, la situación actual se asemeja a la de la transición al siglo XX; la economía mundial ha salido de un largo período de crisis estructural, pero en el espacio internacional reina la confusión: no se sabe quién manda. Por un lado, las grandes empresas multinacionales quieren imponer su lógica hasta las últimas consecuencias: máxima libertad para sus negocios, mínimos controles por parte de los estados, máximas restricciones para los trabajadores. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos actúa en los foros económicos internacionales con la convicción de que el mantenimiento de la supremacía de su país pasa por ejercer de árbitro entre multinacionales, trabajadores y gobiernos. Y cuando no se puede arbitrar, mejor dejarlo para otra ocasión.

Eso es precisamente lo que ocurrió en Seattle: la ausencia de convergencia en la agenda de unos y otros provocó el fracaso de la negociación. Estados Unidos dejó la imagen mediática de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en manos de las fuerzas opositoras (ecologistas, sindicalistas, etc.) porque no había forma de poner de acuerdo a los actores dentro del foro. Las multinacionales presionan para que el sector servicios de los países periféricos se les ofrezca como un campo abierto para obtener beneficios. Se trata de actividades altamente rentables, de elevado valor añadido: servicios culturales, educativos, sanitarios, investigación, comunicaciones y transportes, ingeniería, servicios jurídicos, turismo…, que en gran parte están en manos de empresas nacionales, y en muchos casos sujetas a controles gubernamentales. En países donde el acceso a muchos de estos servicios está restringido a gran parte de la población por la pobreza, su conversión en mercancías suministradas por multinacionales supondría no sólo la perpetuación de la exclusión, sino la desaparición de muchas empresas nacionales y de empleos, y por lo tanto, un paso atrás en el proceso de desarrollo.

Por su parte, los gobiernos de los países desarrollados andan enfrascados en una gresca interna en torno a las subvenciones agrícolas: Estados Unidos aspira por un lado a que la Unión Europea reduzca sus niveles de protección agrícola, para colocar a este lado del Atlántico una parte mayor de su elevada producción agrícola y ganadera. También pretende apoyar el ingreso de China en la OMC, para retomar con el apoyo de su nuevo aliado parte de la presencia política y económica perdida en Asia, aprovechando la debilidad de la economía japonesa.

Muchos países de la periferia, entre ellos la India, Malasia o la propia China, quisieran modificar la agenda de la OMC, para convertirla en una organización que gestionase la economía internacional, no sólo el comercio. En particular, se trataría de vincular comercio y desarrollo, retomando así el proyecto inicial de la Organización Internacional de Comercio (OIC) de los años cuarenta, que nunca vio la luz por la oposición de Estados Unidos, y que durante cincuenta años funcionó parcialmente bajo el nombre de GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), antecesor inmediato de la OMC actual.

Pero la lógica según la cual funciona la OMC es estricta a este respecto. Hay un dogma de fe incuestionable que dice que la mejor política de desarrollo es la que favorece la más rápida apertura comercial de los países. Aunque en la práctica ésta se diseña de forma asimétrica: los países desarrollados piden a los subdesarrollados que abran sus sectores de elevado valor añadido a las importaciones e inversiones procedentes del Norte, al tiempo que cierran las puertas a los productos industriales de alto valor añadido procedentes del Sur, y a cualquier producto que se fabrique en sus propios países, sean automóviles, textiles, plátanos o tomates.

Todo lo anterior tiene claras consecuencias prácticas. Hace unos días los periódicos publicaban una foto de agricultores españoles arrojando al suelo la carga de tomates marroquíes de un camión. Esa foto refleja con crudeza la situación del comercio mundial. Se dice, con razón, que la mejor forma de evitar la emigración hacia Europa de los habitantes de África o de Iberoamérica es proveerles de empleos en sus países de origen. Pero cuando Marruecos acuerda con la Unión Europea vender en nuestro mercado los tomates que cultivan sus agricultores, los miembros de las organizaciones progresistas de agricultores españoles les tiran los tomates al suelo. ¿Qué propuesta se deriva de esta actitud?: "como no puede vender en Europa el producto de su trabajo, desplácese usted a Europa a intentar vender su trabajo".

Sin duda, la alternativa a los tomates es la patera. Si es cierto que sin comercio no hay desarrollo -aunque sólo con comercio, tampoco-, entonces, ¿dónde están los abogados del comercio justo ante el proteccionismo contra el Sur reclamado por los agricultores españoles? ¿Qué palabra, qué propuesta se ha levantando desde las filas de las trescientas ONG de cooperación al desarrollo de nuestro país?

Las autoridades tampoco salen bien paradas en la foto: desde la administración se levantó una tímida queja, anunciando que posiblemente nos toque pagar por los tomates rotos, al igual que exigimos del gobierno francés que pague la factura de los estropicios que de forma recurrente cometen sus agricultores contra los camiones fruteros españoles. Pero el gobierno no dispone de un planteamiento global del problema, que incorpore alternativas para el sector hortofrutícola del Levante peninsular en paralelo con la apertura de fronteras agrícolas con el Mediterráneo Sur.

En un mundo cada vez más globalizado, las propuestas sociales y políticas de un nuevo modelo de desarrollo para todos siguen todavía muy por detrás de las protestas ciudadanas ante el dominio creciente del espacio mundial por parte de las grandes corporaciones mundiales. Si la foto de Algeciras es lo que los países del Sur pueden esperar de cualquier negociación comercial con los países del Norte, el fracaso de la ronda comercial "del milenio" está cantado. Las consecuencias, mejor no imaginarlas.

Joaquín Arriola es profesor de Economía de la UPV/EHU e investigador de Bakeaz (jarriola@bakeaz.org)

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	De Seattle a Algeciras Joaquín Arriola La década de los noventa ha sido la de las finanzas globales. Las economías nacionales han visto cómo unos nuevos y poderosos especuladores privados pueden poner en jaque cualquier economía, desarrolladas como Italia, España o Gran Bretaña (crisis del sistema monetario europeo de 1992) o subdesarrolladas como Tailandia o Filipinas (crisis asiática de 1997). La aparición del euro, y las propuestas de regulación de los flujos de capital privado a corto plazo, previsiblemente reducirán en gran medida la especulación financiera. La primera década del nuevo milenio será sin duda la década del comercio. En cierto sentido, la situación actual se asemeja a la de la transición al siglo XX; la economía mundial ha salido de un largo período de crisis estructural, pero en el espacio internacional reina la confusión: no se sabe quién manda. Por un lado, las grandes empresas multinacionales quieren imponer su lógica hasta las últimas consecuencias: máxima libertad para sus negocios, mínimos controles por parte de los estados, máximas restricciones para los trabajadores. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos actúa en los foros económicos internacionales con la convicción de que el mantenimiento de la supremacía de su país pasa por ejercer de árbitro entre multinacionales, trabajadores y gobiernos. Y cuando no se puede arbitrar, mejor dejarlo para otra ocasión. Eso es precisamente lo que ocurrió en Seattle: la ausencia de convergencia en la agenda de unos y otros provocó el fracaso de la negociación. Estados Unidos dejó la imagen mediática de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en manos de las fuerzas opositoras (ecologistas, sindicalistas, etc.) porque no había forma de poner de acuerdo a los actores dentro del foro. Las multinacionales presionan para que el sector servicios de los países periféricos se les ofrezca como un campo abierto para obtener beneficios. Se trata de actividades altamente rentables, de elevado valor añadido: servicios culturales, educativos, sanitarios, investigación, comunicaciones y transportes, ingeniería, servicios jurídicos, turismo…, que en gran parte están en manos de empresas nacionales, y en muchos casos sujetas a controles gubernamentales. En países donde el acceso a muchos de estos servicios está restringido a gran parte de la población por la pobreza, su conversión en mercancías suministradas por multinacionales supondría no sólo la perpetuación de la exclusión, sino la desaparición de muchas empresas nacionales y de empleos, y por lo tanto, un paso atrás en el proceso de desarrollo. Por su parte, los gobiernos de los países desarrollados andan enfrascados en una gresca interna en torno a las subvenciones agrícolas: Estados Unidos aspira por un lado a que la Unión Europea reduzca sus niveles de protección agrícola, para colocar a este lado del Atlántico una parte mayor de su elevada producción agrícola y ganadera. También pretende apoyar el ingreso de China en la OMC, para retomar con el apoyo de su nuevo aliado parte de la presencia política y económica perdida en Asia, aprovechando la debilidad de la economía japonesa. Muchos países de la periferia, entre ellos la India, Malasia o la propia China, quisieran modificar la agenda de la OMC, para convertirla en una organización que gestionase la economía internacional, no sólo el comercio. En particular, se trataría de vincular comercio y desarrollo, retomando así el proyecto inicial de la Organización Internacional de Comercio (OIC) de los años cuarenta, que nunca vio la luz por la oposición de Estados Unidos, y que durante cincuenta años funcionó parcialmente bajo el nombre de GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), antecesor inmediato de la OMC actual. Pero la lógica según la cual funciona la OMC es estricta a este respecto. Hay un dogma de fe incuestionable que dice que la mejor política de desarrollo es la que favorece la más rápida apertura comercial de los países. Aunque en la práctica ésta se diseña de forma asimétrica: los países desarrollados piden a los subdesarrollados que abran sus sectores de elevado valor añadido a las importaciones e inversiones procedentes del Norte, al tiempo que cierran las puertas a los productos industriales de alto valor añadido procedentes del Sur, y a cualquier producto que se fabrique en sus propios países, sean automóviles, textiles, plátanos o tomates. Todo lo anterior tiene claras consecuencias prácticas. Hace unos días los periódicos publicaban una foto de agricultores españoles arrojando al suelo la carga de tomates marroquíes de un camión. Esa foto refleja con crudeza la situación del comercio mundial. Se dice, con razón, que la mejor forma de evitar la emigración hacia Europa de los habitantes de África o de Iberoamérica es proveerles de empleos en sus países de origen. Pero cuando Marruecos acuerda con la Unión Europea vender en nuestro mercado los tomates que cultivan sus agricultores, los miembros de las organizaciones progresistas de agricultores españoles les tiran los tomates al suelo. ¿Qué propuesta se deriva de esta actitud?: "como no puede vender en Europa el producto de su trabajo, desplácese usted a Europa a intentar vender su trabajo". Sin duda, la alternativa a los tomates es la patera. Si es cierto que sin comercio no hay desarrollo -aunque sólo con comercio, tampoco-, entonces, ¿dónde están los abogados del comercio justo ante el proteccionismo contra el Sur reclamado por los agricultores españoles? ¿Qué palabra, qué propuesta se ha levantando desde las filas de las trescientas ONG de cooperación al desarrollo de nuestro país? Las autoridades tampoco salen bien paradas en la foto: desde la administración se levantó una tímida queja, anunciando que posiblemente nos toque pagar por los tomates rotos, al igual que exigimos del gobierno francés que pague la factura de los estropicios que de forma recurrente cometen sus agricultores contra los camiones fruteros españoles. Pero el gobierno no dispone de un planteamiento global del problema, que incorpore alternativas para el sector hortofrutícola del Levante peninsular en paralelo con la apertura de fronteras agrícolas con el Mediterráneo Sur. En un mundo cada vez más globalizado, las propuestas sociales y políticas de un nuevo modelo de desarrollo para todos siguen todavía muy por detrás de las protestas ciudadanas ante el dominio creciente del espacio mundial por parte de las grandes corporaciones mundiales. Si la foto de Algeciras es lo que los países del Sur pueden esperar de cualquier negociación comercial con los países del Norte, el fracaso de la ronda comercial "del milenio" está cantado. Las consecuencias, mejor no imaginarlas. Joaquín Arriola es profesor de Economía de la UPV/EHU e investigador de Bakeaz (jarriola@bakeaz.org) © Joaquín Arriola, 2000; © Bakeaz, 2000. Publicado en El Correo, 13 de febrero de 2000.