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¿De
quién es el agua en España?
¿Qué ha sido de la experiencia del pasado más reciente? En plena sequía anterior, en 1994, en la cuenca del Guadalquivir se autorizaron unos desembalses para riego que estuvieron a punto de producir una situación de desabastecimiento urbano absoluto al año siguiente. Actualmente la situación no es la misma (los volúmenes embalsados son muy superiores) y en el 1999-2000 no tiene por qué repetirse la penuria de aportaciones del año 1994-95. Pero si entrásemos en un período seco de la misma o mayor intensidad que el anterior, posibilidad que no se puede descartar, el incremento de las dotaciones que se ha autorizado incidiría sin duda sobre la correcta satisfacción, en cantidad y calidad, de demandas de rango superior (abastecimiento a poblaciones y caudales ecológicos). En el caso de Sevilla en concreto, los altos consumos que se están produciendo en una zona regable muy próxima a la ciudad (la del Viar, que se alimenta del embalse del Pintado) están reduciendo las posibilidades futuras de transferir agua de óptima calidad desde este embalse al abastecimiento de la ciudad. Como los técnicos responsables saben perfectamente, si vuelven a fallar las lluvias en los próximos años, cuando se decida recurrir al embalse del Pintado, compensando adecuadamente a los regantes afectados, éste habrá desembalsado buena parte de los recursos que ya hoy, seguramente, deberían estar retenidos como recursos de garantía. ¿Quiénes han asumido ese riesgo de impacto económico, social y sanitario tan elevado? ¿Con qué criterios? ¿Con qué publicidad? ¿A través de qué mecanismos de representación democrática? Éstas son preguntas clave que la sociedad tiene que plantearse. No sólo en esta cuenca, sino en toda la España seca. La situación, repito, no es grave, pero parece como si alguien estuviera empeñado en agravarla. No sería la primera vez que se utiliza la angustia social ante una escasez parcialmente provocada, o al menos artificialmente acentuada, para seguir desarrollando un modelo de gestión del agua basado en la continua intensificación de la presión sobre el medio. Durante más de un siglo la política de aguas se ha basado en aumentar continuamente la oferta, por medio de infraestructuras de financiación pública. España, como tantas veces se ha repetido, no podía convertirse en un país desarrollado mientras una sola gota de agua se perdiera en el mar. Se pensaba que el uso del agua en las actividades productivas, preferentemente en el regadío, era siempre, por definición, provechosa. Hoy en día, sin embargo, España no es ya ese país azotado por crisis alimentarias periódicas. Los miles de inmigrantes que aspiran a cruzar el estrecho para trabajar en las ocupaciones agrícolas peor retribuidas, lo ponen de manifiesto todos los días. El problema hoy, bien lo saben los agricultores, no es la escasez sino la superación de los cupos de producción establecidos por la política agraria comunitaria (PAC), con la consiguiente reducción de las subvenciones, en las que en buena parte se basa la renta agraria. Es un auténtico disparate que buena parte de esos cientos de millones de metros cúbicos hayan ido a aumentar las dotaciones de cultivos que se van a ver penalizados por exceso de producción. Ésta es la realidad que no se puede ocultar recurriendo a argumentos demagógicos. La base social campesina está siendo sistemáticamente utilizada por las cúpulas de poder de las organizaciones de grandes agricultores; pero la supuesta preocupación de tales cúpulas por el destino de las familias campesinas se compadece mal con su oposición al reparto social del agua cuando, durante la sequía anterior, éste fue propuesto formalmente. Además, ¿por qué estas mismas cúpulas se oponen a la modulación de las subvenciones de la PAC propuesta por las organizaciones de pequeños agricultores? Esto no quiere decir que la empresa agrícola grande, moderna y bien gestionada sea nociva, ni que el reparto social del agua sea fácil. Lo que se pretende transmitir es que el regadío en buena parte depende de la subvención de sus producciones y consume -amparado en una concesión administrativa, no en un derecho de propiedad- la mayor parte de un recurso natural cada vez más valioso. Con el agua utilizada anualmente para riego en Andalucía se podría cubrir el abastecimiento municipal (doméstico e industrial asimilado) de toda España. Ésta es la realidad. En estas condiciones el regadío sólo se justifica si es compatible con los intereses vitales y ecológicos de la mayor parte de la población, incluida la población rural, que frecuentemente es la primera en padecer restricciones en su abastecimiento e impactos en su medio. Las denuncias sobre el descontrol del agua de riego que se están produciendo en Andalucía constituyen, en mi opinión, un punto de no retorno en el debate social sobre el agua en esta Comunidad Autónoma y en toda España. La aparente hegemonía cultural y política del paradigma de gestión hidráulica tradicional tiene en el fondo los pies de barro. El discurso populista basado en la "sed de nuestros campos" y "el agua que se pierde en el mar", en la opacidad de los centros de decisión y en los intereses oligárquicos de la "comunidad de política hidráulica", denunciada en el propio Libro Blanco del Agua de Isabel Tocino, va a perder legitimidad social a gran velocidad. No parece que esa racionalidad pueda seguir dominando por mucho tiempo la gestión de un recurso básico para el futuro de todo el país. Como todo cambio de modelo, la necesaria transición hacia un modelo de gestión basado en la valorización económica y ecológica del agua tendrá ganadores (la mayor parte de la sociedad), pero también perdedores, que se resistirán a ceder sus posiciones. Uno de los aspectos más dramáticos, y que requieren la máxima atención política, es la mencionada instrumentalización de los pequeños agricultores por un reducido sector privilegiado. Esta estrategia, las fuertes inercias culturales y el propio lugar de España en los procesos económicos globales (expansión en ciertas zonas de agriculturas intensivas, muy especulativas pero también muy remuneradoras, por ejemplo) están retrasando y haciendo más compleja la transición. Del marco político e institucional en el que se produzca este cambio (los previstos mercados del agua, por ejemplo) dependerá la distribución de sus costes sociales y la nueva configuración de las relaciones de poder que se están construyendo en torno al agua. Leandro
del Moral es geógrafo, profesor de la Universidad de Sevilla
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Leandro del Moral, 2000; © Bakeaz, 2000. |