Medios de comunicacion

¿España va bien en su política ambiental?
Roberto Bermejo

El "Llamamiento para la acción" del Informe Brundtland, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, sostiene que el mantenimiento de "los viejos enfoques del desarrollo y la protección del medio ambiente aumentará la inestabilidad". Sus redactores coinciden "en la convicción de que la seguridad, el bienestar y la misma supervivencia del planeta dependen de cambios inmediatos". Posteriormente, la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 fue incapaz de lograr de los gobiernos compromisos concretos, lo que se ha traducido en una aceleración de las tendencias generales de degradación planetaria.

Frente a la insostenibilidad del modelo económico imperante, los gobiernos adoptan dos enfoques básicos. Unos niegan, o simplemente ignoran, la existencia de tal problema general, y lo reducen a algunos problemas ambientales puntuales. En el mejor de los casos, desarrollan acciones puntuales reactivas (nunca preventivas), que resultan inadecuadas porque niegan el carácter sistémico del problema. Sin embargo, cada sector del sistema económico produce impactos sobre el medio físico.

Por el contrario, otros gobiernos admiten la insostenibilidad del modelo, lo que les lleva a adoptar una metodología correcta para abordar el problema. El reconocer que el sistema económico es insostenible obliga a definir e implementar un plan global que contemple las acciones correctoras en cada sector económico de forma coordinada. Y para poder evaluar los resultados de las actuaciones programadas es imprescindible dotarse de un sistema de indicadores. Éste es el enfoque que están empezando a adoptar la mayor parte de los gobiernos del centro y norte de Europa.

Sin embargo, y aunque esta última postura determina un enfoque metodológico correcto y genera actuaciones mucho más coherentes que en el primer caso, no supone una garantía de idoneidad. Es difícil concretar el concepto de sostenibilidad en un territorio determinado. Los planes pueden ser deficientes por múltiples motivos, pero entre ellos destaca la adopción de la premisa de que la sostenibilidad se puede alcanzar en un contexto de crecimiento ilimitado y liberalización. Por último, los planes no suelen cumplirse en su integridad. A pesar de estos problemas, un enfoque correcto permite obtener mejores resultados y obliga a la mejora de los planes, una vez que se constata que el sistema económico se encuentra aún muy alejado del objetivo.

Ambos enfoques pueden analizarse, aunque sólo sea brevemente, en los casos de la Unión Europea y de España. El carácter insostenible del modelo económico es admitido reiteradamente por la UE. Por ejemplo, reconoce en su vigente Quinto Programa de Actuación Ambiental (Hacia un desarrollo sostenible) que el medio ambiente comunitario "se está degradando lenta pero inexorablemente" y muestra en consecuencia un sentimiento de urgencia: "No podemos esperar […] y no podemos equivocarnos". Por citar otro ejemplo, la Comisión Europea presentó "Una estrategia para integrar el medio ambiente en las políticas de la UE" a la reunión del Consejo Europeo en Cardiff de junio de 1998, en la que reconoce que, a pesar de los avances conseguidos en algunos sectores, se mantiene la insostenibilidad básica de los modelos agrícolas, de transporte, energía e industria, sin "olvidar tampoco las pautas insostenibles del consumo actual".

Esta admisión llevó a la UE a definir por primera vez un plan (el V Programa) que pretende avanzar hacia la sostenibilidad, por lo que afirma que "supone un giro de ciento ochenta grados" con respecto a los programas anteriores. En él se establece una estrategia cuyo primer punto es la integración de la dimensión ambiental en el resto de las políticas. Se definen, también, objetivos a alcanzar en cada uno de los sectores. En 1997 la UE revisó la aplicación del V Programa y definió un "plan de actuación" que contiene "una lista exhaustiva de acciones a escala comunitaria" (según el dictamen del Comité Económico y Social). Es de suponer que el VI Programa será un plan aún más avanzado.

Es indudable que la postura de los sucesivos gobiernos españoles corresponde al segundo enfoque. No se admite la insostenibilidad de la economía, por lo que no existe voluntad de integración de la dimensión ecológica en las políticas sectoriales. Se actúa de forma reactiva frente a algunos problemas y normalmente por mandato de la UE. A escala comunitaria su actitud básica consiste en la oposición frontal a los avances. Lo hace de dos formas: incumpliendo sistemáticamente las directivas ambientales (España es el país con gran diferencia que más las incumple) y siendo el obstáculo más firme contra las directivas nuevas. Esta postura se ejemplifica en el caso de la directiva comunitaria de 1992 que pretende gravar las emisiones de CO2 y que fue rechazada por los gobiernos británico y español. En 1995 fue ampliamente suavizada, pero España sigue boicoteándola, amparándose en el requisito de unanimidad exigido en política fiscal.

Esta actitud es una clara muestra de insensibilidad y falta de visión de futuro, como se demuestra de forma dramática precisamente en el caso del cambio climático. La comunidad científica considera que la península ibérica es una de las zonas del mundo en la que el cambio climático va a ser (habría que decir que empieza a ser) más negativo, con fuerte disminución de precipitaciones, lluvias intensas y sequías prolongadas. Un estudio del Instituto Geominero, del Ministerio de Medio Ambiente, publicado en el otoño de 1998, analiza en detalle el problema. Estima una disminución media de las precipitaciones de más del 20% para el año 2040, variando éstas desde el 36% en la cuenca del Guadalquivir al 13% en la cornisa cantábrica. Esto supone la desertización de la mitad sur de la península. El informe aconsejaba una moratoria en la construcción de presas, porque hay un riesgo evidente de que no exista agua que embalsar. La respuesta del gobierno fue destituir al responsable del Instituto, un científico de prestigio mundial. Es decir, no se puede cuestionar que "España va bien".

Roberto Bermejo es profesor de economía de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz.

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	¿España va bien en su política ambiental? Roberto Bermejo El "Llamamiento para la acción" del Informe Brundtland, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987, sostiene que el mantenimiento de "los viejos enfoques del desarrollo y la protección del medio ambiente aumentará la inestabilidad". Sus redactores coinciden "en la convicción de que la seguridad, el bienestar y la misma supervivencia del planeta dependen de cambios inmediatos". Posteriormente, la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 fue incapaz de lograr de los gobiernos compromisos concretos, lo que se ha traducido en una aceleración de las tendencias generales de degradación planetaria. Frente a la insostenibilidad del modelo económico imperante, los gobiernos adoptan dos enfoques básicos. Unos niegan, o simplemente ignoran, la existencia de tal problema general, y lo reducen a algunos problemas ambientales puntuales. En el mejor de los casos, desarrollan acciones puntuales reactivas (nunca preventivas), que resultan inadecuadas porque niegan el carácter sistémico del problema. Sin embargo, cada sector del sistema económico produce impactos sobre el medio físico. Por el contrario, otros gobiernos admiten la insostenibilidad del modelo, lo que les lleva a adoptar una metodología correcta para abordar el problema. El reconocer que el sistema económico es insostenible obliga a definir e implementar un plan global que contemple las acciones correctoras en cada sector económico de forma coordinada. Y para poder evaluar los resultados de las actuaciones programadas es imprescindible dotarse de un sistema de indicadores. Éste es el enfoque que están empezando a adoptar la mayor parte de los gobiernos del centro y norte de Europa. Sin embargo, y aunque esta última postura determina un enfoque metodológico correcto y genera actuaciones mucho más coherentes que en el primer caso, no supone una garantía de idoneidad. Es difícil concretar el concepto de sostenibilidad en un territorio determinado. Los planes pueden ser deficientes por múltiples motivos, pero entre ellos destaca la adopción de la premisa de que la sostenibilidad se puede alcanzar en un contexto de crecimiento ilimitado y liberalización. Por último, los planes no suelen cumplirse en su integridad. A pesar de estos problemas, un enfoque correcto permite obtener mejores resultados y obliga a la mejora de los planes, una vez que se constata que el sistema económico se encuentra aún muy alejado del objetivo. Ambos enfoques pueden analizarse, aunque sólo sea brevemente, en los casos de la Unión Europea y de España. El carácter insostenible del modelo económico es admitido reiteradamente por la UE. Por ejemplo, reconoce en su vigente Quinto Programa de Actuación Ambiental (Hacia un desarrollo sostenible) que el medio ambiente comunitario "se está degradando lenta pero inexorablemente" y muestra en consecuencia un sentimiento de urgencia: "No podemos esperar […] y no podemos equivocarnos". Por citar otro ejemplo, la Comisión Europea presentó "Una estrategia para integrar el medio ambiente en las políticas de la UE" a la reunión del Consejo Europeo en Cardiff de junio de 1998, en la que reconoce que, a pesar de los avances conseguidos en algunos sectores, se mantiene la insostenibilidad básica de los modelos agrícolas, de transporte, energía e industria, sin "olvidar tampoco las pautas insostenibles del consumo actual". Esta admisión llevó a la UE a definir por primera vez un plan (el V Programa) que pretende avanzar hacia la sostenibilidad, por lo que afirma que "supone un giro de ciento ochenta grados" con respecto a los programas anteriores. En él se establece una estrategia cuyo primer punto es la integración de la dimensión ambiental en el resto de las políticas. Se definen, también, objetivos a alcanzar en cada uno de los sectores. En 1997 la UE revisó la aplicación del V Programa y definió un "plan de actuación" que contiene "una lista exhaustiva de acciones a escala comunitaria" (según el dictamen del Comité Económico y Social). Es de suponer que el VI Programa será un plan aún más avanzado. Es indudable que la postura de los sucesivos gobiernos españoles corresponde al segundo enfoque. No se admite la insostenibilidad de la economía, por lo que no existe voluntad de integración de la dimensión ecológica en las políticas sectoriales. Se actúa de forma reactiva frente a algunos problemas y normalmente por mandato de la UE. A escala comunitaria su actitud básica consiste en la oposición frontal a los avances. Lo hace de dos formas: incumpliendo sistemáticamente las directivas ambientales (España es el país con gran diferencia que más las incumple) y siendo el obstáculo más firme contra las directivas nuevas. Esta postura se ejemplifica en el caso de la directiva comunitaria de 1992 que pretende gravar las emisiones de CO2 y que fue rechazada por los gobiernos británico y español. En 1995 fue ampliamente suavizada, pero España sigue boicoteándola, amparándose en el requisito de unanimidad exigido en política fiscal. Esta actitud es una clara muestra de insensibilidad y falta de visión de futuro, como se demuestra de forma dramática precisamente en el caso del cambio climático. La comunidad científica considera que la península ibérica es una de las zonas del mundo en la que el cambio climático va a ser (habría que decir que empieza a ser) más negativo, con fuerte disminución de precipitaciones, lluvias intensas y sequías prolongadas. Un estudio del Instituto Geominero, del Ministerio de Medio Ambiente, publicado en el otoño de 1998, analiza en detalle el problema. Estima una disminución media de las precipitaciones de más del 20% para el año 2040, variando éstas desde el 36% en la cuenca del Guadalquivir al 13% en la cornisa cantábrica. Esto supone la desertización de la mitad sur de la península. El informe aconsejaba una moratoria en la construcción de presas, porque hay un riesgo evidente de que no exista agua que embalsar. La respuesta del gobierno fue destituir al responsable del Instituto, un científico de prestigio mundial. Es decir, no se puede cuestionar que "España va bien". Roberto Bermejo es profesor de economía de la UPV/EHU y miembro de Bakeaz. © Roberto Bermejo, 1999; © Bakeaz, 1999. Publicado en El Correo, 24 de agosto de 1999.