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Cooperación
sin ley
A pesar de los numerosos borradores elaborados con anterioridad, y frente a los diferentes informes e investigaciones que en los últimos años se han realizado, el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional presentado por el PP no respeta ni contiene la mayor parte de las recomendaciones que han ido aprobando instituciones nacionales e internacionales en esta materia. El calificativo más generoso que se puede dar de este proyecto de Ley es el de absolutamente decepcionante, si bien, y expresando una opinión de investigador y persona que ha venido trabajando con documentos nacionales e internacionales sobre esta materia, podría decirse sin exageración que se trata de todo un fraude social. En los últimos años, el debate sobre la cooperación para el desarrollo en nuestro país se ha venido limitando en exceso a cuestiones estrictamente numéricas. Se ha empobrecido con ello un debate de mucho mayor calado sobre los problemas del subdesarrollo y la pobreza en el mundo; sobre el papel y las responsabilidades de los Estados occidentales en el mantenimiento de estas situaciones; sobre el compromiso moral y ético de organizaciones públicas y privadas, de los ciudadanos en general, compromiso desde el cual poder contribuir también a cambiar unas estructuras económicas, políticas y sociales que están en la base de las miserias de muchos países. Así, no hemos sido capaces de entrar a debatir en profundidad el mismo concepto de desarrollo, alrededor del cual toman cuerpo buena parte de los intereses de los países occidentales, ni a cuestionar lo que se conoce como Ayuda Oficial para el Desarrollo, o Cooperación para el Desarrollo, a la que se le atribuye una bondad infinita completamente errónea, y que está dando pie a que más de un sinvergüenza se esté enriqueciendo a costa de la miseria humana. Así las cosas, la batalla la han ganado los economistas, los sacerdotes del FMI y más de un catedrático de universidad espabilado, capaces de utilizar cualquier indicador en provecho propio, defensores todos ellos de solucionar esto de la pobreza en el mundo a base de colocar un Corte Inglés en cada país subdesarrollado. Todos sus escritos y manuales parten de una premisa fundamental de superioridad del modelo económico occidental al que hay que incorporar a los países del Tercer Mundo. Los países pobres son considerados por tanto como simples mercados a los que nosotros, los países occidentales, tenemos que vender, dando igual el cómo y el qué, sustituyendo las políticas de cooperación por la simple lógica de un mercado desigual, en el que el más débil siempre perderá y donde se cuece mucho dinero fresco. Desde estas posiciones y con estos criterios ha sido construida la Ley de Cooperación que en estos momentos están negociando los partidos políticos en el Parlamento. Tras varios meses de debate parlamentario y social, el pasado 23 de abril el Congreso de los Diputados aprobó finalmente el Proyecto de Ley de Cooperación para ser remitido al Senado, donde actualmente se encuentra para ser sometido a debate. De manera sorprendente, El PP contó con el apoyo del PSOE y de los nacionalistas vascos y catalanes tras introducirse un conjunto de enmiendas que a fuerza de ambiguas no han hecho sino añadir más contradicciones a un proyecto de Ley ya de por sí confuso e insuficiente. Así, se habla de que las ayudas no se den a proyectos de carácter lucrativo, pero se mantienen los créditos FAD al servicio del Ministerio de Economía: ¿qué son estos créditos sino subvenciones encubiertas a empresas, como ha reconocido hasta la propia CEOE? Pero a pesar de las alegrías injustificadas de algunos, el borrador a debate en el Senado y las posteriores enmiendas que ha vuelto a introducir el PP han despejado cualquier duda sobre la política de cooperación que quiere el Gobierno: una Cooperación gobernada y dirigida por el Ministerio de Economía; que sirva para "fomentar el sector privado", es decir, los negocios y las actividades lucrativas con el dinero de los más desfavorecidos de los pueblos del Sur; donde se eliminan los mecanismos de control y participación social al anularse las competencias de un Consejo de Cooperación meramente simbólico que con el borrador anterior sólo "informaba", pero que ahora el Partido Popular ha reducido a un simple "conocerá sus resultados", verdaderamente ilustrativo del papel que otorga dicho partido a la sociedad civil, y sin que aparezca la cláusula democrática. La estrategia del Partido Popular pasa por adelgazar de manera progresiva el proyecto de Ley de Cooperación, avanzándose hacia una Ley de mínimos, para remitir su posterior desarrollo a reglamentos, los famosos reglamentos de Romanones que quedan a la discreción del Gobierno de turno. El peso de los aspectos positivos de este proyecto queda plenamente desdibujado por la magnitud de sus despropósitos, tratándose así de elevar a rango de Ley un modelo considerado como inadecuado e ineficaz, absolutamente disparatado, que además de no solucionar los problemas de nuestra cooperación para el desarrollo los va a empeorar en muchos casos, dado que es incapaz de dar respuesta de manera eficaz a los problemas del subdesarrollo y la pobreza en el mundo. Un simple vistazo a algunas de las estrategias que están preparando las agencias de desarrollo internacionales más importantes permite contemplar en toda su crudeza las insuficiencias del proyecto de Ley de Cooperación propuesto por el PP. La cooperación española exige nuevas prácticas y un nuevo rigor; en definitiva, una nueva forma de hacer cooperación y de entender los problemas de la pobreza y la solidaridad en el mundo, que impida corromper sus objetivos y pervertir sus formas. Debemos abandonar con urgencia nuestro etnocentrismo y la sustitución que se pretende hacer de la cooperación para el desarrollo por el simple mercado, como postulan economistas avispados de la mano de políticos ignorantes de la gravedad del problema de la pobreza en el mundo y de sus causas, algo que ya ni siquiera niegan los defensores de la ortodoxia neoliberal. La tan esperada Ley de Cooperación para el Desarrollo puede ser un importante punto de avance, o una valiosa oportunidad perdida. De todos nosotros dependerá, aunque parece que se apuesta porque el Estado español quede a la zaga de los países donantes no sólo en eso del 0,7%, donde ahora ocupamos uno de los puestos de cola. Carlos
Gómez Gil es investigador de Bakeaz y dirige el Seminario
de Inmigración ©
Carlos Gómez Gil, 1998; © Bakeaz, 1998. |